Yaigojé Apaporis: una cuestión de derechos indígenas

 

Sin embargo, dado que se presenta un disenso al interior del Resguardo Yaigojé Apaporis en relación con la decisión de crear un Parque Nacional Natural, y teniendo en cuenta que, en últimas, el acto administrativo que crea el área protegida proviene de una institución ajena a los pueblos indígenas del Mirití-Apaporis, las partes involucradas adelantaron un proceso de consulta previa como garantía plena de protección de los derechos colectivos de los grupos originarios que serían cobijados por la medida. Esto obliga a confrontar el proceso adelantado con los elementos definitorios del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, para determinar si el mismo fue vulnerado.

Así las cosas, se tiene que el proceso de construcción del consentimiento de los pueblos indígenas del Yaigojé Apaporis se inició cuando las Autoridades Tradicionales, por iniciativa propia, de manera autónoma y conforme a sus usos y costumbre, solicitaron al MAVDT la creación de un Parque Nacional Natural sobre su territorio ancestral.

La participación de los grupos originarios del Mirití-Apaporis se garantizó durante todo el proceso de creación del Parque Nacional Natural, mediante un convenio de cooperación con el objeto de adelantar el trámite de declaratoria del área protegida sobre el territorio del Resguardo, suscrito entre la UAESPNN y Aciya, quien como ya se estableció, para ese entonces cumplía con los requisitos de representatividad de las comunidades del Yaigojé Apaporis.

Igualmente, se desarrolló un congreso en Centro Providencia, con la asistencia de los Capitanes del Resguardo y de funcionarios de la UAESPNN, donde realizaron una presentación sobre las implicaciones de crear un Parque Nacional Natural y presentaron el modelo de manejo, límites y fundamento jurídico del mismo. Con base en esa información, las Autoridades Tradicionales ratificaron su decisión de solicitar al MAVDT la creación del área protegida sobre el territorio del Resguardo, bajo la condición de que el mismo tendría un Régimen Especial de Manejo acordado entre la UAESPNN y Aciya.

En proceso de preconsulta, se acordó entre la UAESPNN y Aciya una propuesta metodológica para desarrollar el proceso de consulta previa con las comunidades. En esta se definieron los tiempos requeridos, los idiomas involucrados y el procedimiento a seguir, y se planteó un recorrido por las 19 comunidades con el fin de socializar los objetivos de conservación, gestión y manejo del Parque y los límites del mismo, y un congreso de protocolización de la consulta a realizarse posteriormente en la comunidad de Centro Providencia.

Así mismo, se le solicitó al Grupo de Consulta Previa del entonces Ministerio del Interior y de Justicia, certificar la presencia de grupos étnicos asentados dentro del polígono que fue formulado como área protegida y aprobar la propuesta metodológica acordada entre la UAESPNN y Aciya, obteniendo respuesta positiva y acompañamiento durante todo el proceso acordado.

Se realizó el recorrido programado por las 19 comunidades con la presencia de Aciya, la UAESPNN y funcionarios del Grupo de Consulta Previa, en el que se le informó a las comunidades que la inasistencia al proceso de protocolización no las eximía de la decisión que se llegase a tomar en relación con la creación del Parque, ya que la misma quedaba sometida al sistema tradicional de toma de decisiones adoptado por los pueblos del Resguardo.

Finalmente, y luego de las respectivas presentaciones del entonces Ministerio del Interior y de Justicia y de la UAESPNN, y que se resolvieran las dudas generadas, las Autoridades Tradicionales otorgaron su consentimiento libre, previo e informado, de lo que quedó constancia a través del Acta de Protocolización de la consulta previa.

En ese sentido, se evidencia que el proceso de consulta previa fue realizado siguiendo los lineamientos establecidos en la normatividad internacional, nacional y jurisprudencia constitucional, lo que resulta ser garantía suficiente para afirmar que no fue vulnerado el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas del Yaigojé Apaporis.

El Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis frente a los derechos colectivos de las comunidades indígenas del Resguardo.

La Constitución Política de 1991 reconoció la diversidad étnica y cultural de la nación, estableció la obligación en cabeza del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales, consagró el derecho a un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica, impuso al Estado el deber de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y otorgó protección constitucional a los Parques Naturales al definir que son de naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable.

Este marco constitucional de protección se ve reforzado por el Convenio de la ONU sobre la diversidad biológica, que reconoce la estrecha dependencia entre los sistemas de vida tradicionales de los pueblos indígenas y sus recursos biológicos, y promueve el establecimiento de un sistema de áreas protegidas tanto para la protección de los ecosistemas naturales, como para el respeto, preservación y mantenimiento de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas que tienen estilos de vida tradicionales pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica como estrategia de conservación.

Así mismo, la Conferencia de las Partes del Convenio de diversidad biológica aprobó el Programa de trabajo de áreas protegidas, el cual señala que el establecimiento, gestión y vigilancia de las mismas debe realizarse con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y con respeto a sus derechos, y exhorta a los Estados a establecer áreas protegidas que beneficien a los Pueblos indígenas, respetando, preservando y manteniendo sus conocimientos tradicionales, y a establecer políticas e instrumentos, con la participación de los grupos originarios, para facilitar el reconocimiento legal y la administración eficaz de las áreas conservadas por estos pueblos, de manera que se logre el objetivo de preservar tanto la diversidad biológica, como la diversidad cultural.

Las áreas protegidas se encuentran reguladas por el Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente), que define el Sistema de Parques Nacionales Naturales como el conjunto de áreas con valores excepcionales que se decide preservar debido a sus características naturales, culturales o históricas. Así mismo, la norma establece que entre las finalidades del Sistema de Parques, se encuentra la de conservar valores sobresalientes de fauna y flora, paisajes o reliquias históricas, culturales o arqueológicas, para darles un régimen especial de manejo, fundado en una planeación integral, con principios ecológicos, y así evitar su deterioro por la alteración de los sistemas culturales de conocimiento y manejo asociados con los mismos.

Como quedó establecido, la figura elegida para el Resguardo Yaigojé Apaporis fue la de Parque Nacional Natural, puesto que contaba con ciertas características que encajaban dentro de su definición, tales como tener un área de extensión que permitiera su autorregulación ecológica, que sus ecosistemas no hubieran sido alterados sustancialmente por la intervención humana, y que la biodiversidad, complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tuvieran valor científico, educativo, estético y recreativo. Así mismo, se eligió esta figura puesto que esta categoría de manejo admite la realización de actividades de conservación, recuperación y control, investigación, educación, recreación y cultura, entendiéndose esta última como las actividades tendientes a promover el conocimiento de los valores propios de una región.