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Restitución de la mujer desplazada en la Ley de Justicia y Paz y en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

 

Es de aclarar que una verdadera restitución de sus tierras tiene que ir emparejada con el asegurar las condiciones necesarias para su explotación y disfrute en la misma proporción tenida, previo al desplazamiento forzado; por lo que sólo podría haber restitución de tierras en la medida que se le garanticen por ejemplo; los servicios públicos esenciales como los de energía, acueducto etc. de los que gozaba anteriormente. Y; en un Estado mucho más proteccionista a pesar de no haberse contado con ellos de forma previa al desplazamiento, lo que no sería equiparable bajo ninguna forma a un beneficio extra, sino a una retribución de perjuicios de los que el Estado fue directamente responsable; al igual que sucede; con el reconocimiento de una indemnización de perjuicios ante un incumplimiento contractual.

Todos estos argumentos por lo que ha solido equipararse el concepto de restitución al de retorno, cuando responden a aconteceres diferentes. La restitución de ninguna forma está condicionada al retorno,[1] mientras que el retorno sí lo está a la restitución. El retorno implica un regreso al lugar de asentamiento inicial y en las mismas condiciones, lo que en el estado colombiano se dificulta por persistir el conflicto social, político y armado; circunstancias que a pesar de hacer inviable el retorno, no servirían de excusa para que el Estado no entrara a garantizar la restitución de los bienes despojados y avanzar en la garantía de no repetición. Esta última porque es ineludible que para poder hablar de una verdadera restitución de las tierras se hace necesario que el estado garantice la no repetición del despojo de aquellas; porque de lo contrario, no se estaría permitiendo el goce efectivo de las mismas por parte de sus titulares, quienes tendrían que vivir con el miedo e inseguridad frente a un despojo eventual; equiparable a no haberlas recuperado en realidad.

Es entonces la restitución de las tierras, la mejor forma de una restitución adecuada, efectiva y rápida (nótese que se está haciendo referencia a las múltiples formas en que podría darse una restitución y no a las formas de reparación entre sí).

Si se tratara de ordenar someramente en términos de prevalencia las formas de reparación a las víctimas del desplazamiento forzado, ocuparía el primer lugar el retorno (contentivo de todo lo que la restitución comprende) que de no ser posible, debiera asegurarse la restitución y sólo en tercer término y en orden residual los otros niveles de reparación como la indemnización económica, satisfacción, etc. Ahora bien, lo acabado de consignar no puede prestarse para creer que estas formas de reparación son excluyentes entre sí[2]; ya que buscan simplemente ilustrar la prevalencia que tienen el retorno y la restitución (de la mano con la garantía de no repetición) sobre la indemnización, en términos de conveniencia social; pero siempre habrá lugar a que por condiciones particulares de la víctima, ésta prefiera no retornar aún a pesar de garantizársele las condiciones necesarias. Pero lo que es poco probable es que la víctima se niegue a la restitución de sus bienes aún para el caso de que haya decidido no retornar. ¡Procurarse la restitución bajo cualquier circunstancia debe ser la regla general y la compensación monetaria sólo la excepción!

Razón tuvo el actual Presidente de la República Juan Manuel Santos que por considerar la prevalencia y trascendencia de la restitución de las tierras en tema de reparación, decidió promover ante el Congreso, lo que hoy es la Ley 1448 del 2011 (Ley de Víctimas) no solo con un capítulo dedicado al tema de la restitución de tierras a las víctimas de desplazamiento, sino además con un capítulo exclusivamente referido a las mujeres como víctimas del desplazamiento forzado, tratando este tema de forma independiente e integral. Intentos tales por una reparación que, apartándose de todas las críticas o consideraciones partidistas que se le puedan hacer, representan ciertamente un avance en la materia[3].

No es menos relevante el hecho de que, a raíz de la Ley anterior, en su momento el proyecto de ley de tierras y el proyecto de ley de víctimas, la Corte Suprema de Justicia hubiese señalado:

La restitución de tierras es una de las principales formas de reparación, por lo que resulta equitativo y justo suspender del proceso de monetización (por venta) de los bienes (usurpados a las víctimas)…

La justicia transicional no puede ser indiferente a la tragedia humanitaria que vive nuestro país de cuenta de los millones de desplazados que deambulan con rumbo a ninguna parte por los cinturones de miseria y mendigan en los semáforos de las grandes ciudades, invisibles de cuenta de la técnica y la inflexibilidad jurídica

Afirmación justa pues, si bien no reconoce a la restitución como principal forma de reparación, sí la concibe como una de las principales; cuestión diferente es indagar a qué otras formas de reparación hizo referencia.

Algunas falencias de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)

La Ley de Justicia y Paz fue producto de una época de grandes enfrentamientos y colisiones sociales que si bien eran intensas en esos momentos no lo son menos en la actualidad; de hecho en Colombia se ha tenido que aprender a convivir con noticias atroces que siguen aún hoy desdibujando asombro en nuestros rostros y temor en aquellos que están cara a cara con las masacres y han soportado directamente los efectos de ellas.

El desmantelamiento y el reintegro a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley constituyeron el principal objeto de esta disposición normativa. No obstante, la finalidad esbozada puede ir en contravía o por lo menos en descuido de lo que se considera, no menor, sino de igual o mayor relevancia: la reparación de las víctimas. No puede pretenderse una justicia, que es en términos del filósofo Ulpiano: “la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde[4], procurando la efectividad de uno sólo de los lados de la ecuación, esto es procurando la efectividad de los derechos e intereses del procesado pero sin resolver al tiempo los intereses, necesidades y derechos de las víctimas a pesar de haber sido lesionados. Es un contrasentido que en ningún caso podría tratarse de aparente como se pretenderá demostrar en las líneas siguientes.

Es entendible la creación desesperada de esta norma, pues la sociedad ha tenido que sobrellevar día a día el conflicto armado y las consecuencias que subyacen del mismo como lo es el desplazamiento forzado, unas veces más intenso que en otras, pero en todo caso, una constante en la realidad colombiana. Así, primero se fue víctima de la guerrilla, luego también de los paramilitares como supuesta reacción a esta a comienzos de la década de los ochenta (80) e impulsado por propietarios rurales y narcotraficantes en miras a la protección de sus intereses particulares y lastimosamente con el apoyo de los miembros de las fuerzas del Estado constituidos precisamente para la protección y no para la violación de los intereses sociales en pro de los suyos propios.

Es así como el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, en un intento desesperado por el desmantelamiento y desmovilización de esos grupos armados decidió negociar con ellos y luego promover la ley en mención, con sus ventajas pero también con defectos sustanciales en el logro de una restitución efectiva a las víctimas y en particular a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, como lo son, por ejemplo, los señalados en la Sentencia C- 370 de 2006 de la Corte Constitucional, con ponencia de Manuel José Cepeda Espinosa.


[1] Consejo Económico y Social de Naciones Unidas [2005]. Principios sobre la restitución de viviendas, las tierras, y el patrimonio de los refugiados y de las personas desplazadas. Principio 2.2

[2] Por lo que puede haber restitución más indemnización y satisfacción, por corresponder a exigencias socio-políticas distintas.

[3] Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011): Por la cual se dictan medidas de Atención, Asistencia y Reparación integral de las víctimas del conflicto armado y se dictan otras disposiciones.

[4] Valor necesariamente aplicado a una relación.