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La víctima y sus derechos en Colombia

 

Reparación pecuniaria
Antes y, en la primera década de la promulgación de la Constitución Política de 1991, el reconocimiento en el proceso penal de la víctima se hizo a través de la figura jurídica de la “parte civil” , que se tradujo en el componente económico del proceso penal. Esta corriente que pregonó por la naturaleza pecuniaria de la reparación del sujeto pasivo del delito perdió poco a poco espacio en la Corte Constitucional, a tal punto que se modificó la doctrina constitucional sobre la víctima con la sentencia de constitucionalidad C- 228 de 2002, que concluyó que el reconocimiento de la víctima y de sus derechos no van sólo ligados a una indemnización pecuniaria, sino que va más allá de esta, y que se compone por el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Esta nueva percepción constitucional tiene como fundamento los siguientes valores, principios y derechos constitucionales :

A. La definición de Colombia de ser un Estado social de derecho, connota una participación activa de las personas en las ramas del poder público, lo que se traduce en la autorización y en la protección de la intervención de la víctima en el proceso penal (Preámbulo y artículo 1°, Título 1º, Constitución Política de Colombia).

B. El deber general de las autoridades, y en especial de las judiciales, de propender por el goce efectivo de los derechos dados a los residentes en Colombia y la protección de bienes jurídicos, de acuerdo al artículo 2º, Título 1º, Constitución Política de Colombia.

C. El mandato de integración al ordenamiento jurídico interno de los tratados y convenios de derechos humanos ratificados por Colombia (artículo 93, Capítulo IV, Título I, Constitución Política de 1991). “Esto significa que, como esta Corte lo ha señalado, el inciso segundo del artículo 93-2 constitucionaliza todos los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y referidos a derechos que ya aparecen en la Carta y, en virtud de la regla hermenéutica sobre favorabilidad, el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos” . Y por lo tanto, se reconoció como reparación integral a la víctima del hecho punible: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

D. El reconocimiento del derecho al acceso a la administración de justicia, el cual, se compone de unas medidas como: garantizar mecanismos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y obligaciones; garantizar la resolución de controversias en un término prudencial y sin dilaciones injustificadas; y reflejar en las providencias judiciales el respeto al debido proceso (artículo 229, Capítulo 1º, Título VIII, Constitución política de 1991).

E. Se reconoció que a partir del otorgamiento del derecho a intervenir la víctima en el proceso penal hay un efectivo respeto a la dignidad humana, en palabras de la Corte:

Las víctimas y los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Se vulneraría gravemente la dignidad de las víctimas y perjudicados por hechos punibles, si la única protección que se les brinda es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico. El principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal para promover la convivencia pacífica de personas igualmente libres y responsables, sean reducidos a una tasación económica de su valor (C-228/2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa & Eduardo Montealegre Lynett).
F. La Constitución Política de 1991 elevó a rango constitucional a la víctima (numeral. 4, Artículo 250, Capítulo VI, Título VIII, Constitución Política de 1991) al otorgar la función especial de protección de esta a la Fiscalía General de la Nación.

Reparación integral
Con la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo No. 03 de 2002, se cambió la naturaleza del proceso penal, de inquisidora a acusatoria, y desapareció la figura de la parte civil. La Corte Constitucional reafirmó la doctrina dada en la Sentencia de Constitucionalidad C-228 de 2002 sobre el reconocimiento constitucional de la víctima y sus derechos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, en varias sentencias, así:

En punto a la determinación del alcance de los derechos conforme a estándares internacionales, esta Corporación ha acogido los desarrollos que el derecho y la doctrina internacionales han efectuado en relación con los derechos de las víctimas en los delitos graves conforme al derecho internacional, haciendo extensivos sus principios y concepciones básicas, a las víctimas de los delitos en general. Así ha señalado que, “las víctimas de los delitos tienen un derecho a la verdad y a la justicia, que desborda el campo de la simple reparación, tal y como lo ha señalado con claridad la doctrina internacional en materia de derechos humanos, que es relevante para interpretar el alcance de los derechos constitucionales (CP art. 93). Por ello, los derechos de las víctimas trascienden el campo puramente patrimonial” (Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad C-454, 2006. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño, fundamento 29).