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La problemática de los ocupantes secundarios en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó

 

Derechos que deben ser garantizados a los ocupantes secundarios como población vulnerable.

Para el caso que nos ocupa, frente al debido proceso el Comité De Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (1997) en la Observación No. 7 indica que los desalojos forzosos son incompatibles con los derechos humanos; sin embargo, teniendo en cuenta que en algunos casos es necesario realizarlos, se establecen las circunstancias en que son permitidos y las medidas de protección que se deben adoptar en dichos eventos con el fin de garantizar las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, señalando las siguientes garantías judiciales entendidas como el debido proceso que se debe tener en cuenta en el momento del desalojo:

  1. a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales. (¶ 16)

En este sentido, para garantizar el derecho al debido proceso de los ocupantes secundarios se debe nombrar una representación judicial, la cual puede ser a través de la Defensoría del Pueblo, con el fin de que exista una debida defensa, puedan ser escuchados y participar durante el proceso de restitución de tierras, sin que se entienda que tendrán voz y voto en las decisiones de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, hacerlos parte en este procedimiento para presentar las pruebas que tengan sobre su situación de vulnerabilidad y las causas por las que llegaron a ocupar el predio.

Una vez cuenten con representación, más allá de realizar el censo ordenado por la Corte Constitucional, se debe realizar una caracterización de los ocupantes secundarios en los territorios de Jiguamiandó y Curvaradó, en la que se determine en primer lugar la identificación de cada una de las personas y en segundo lugar quienes han creado lazos familiares con los miembros de las Comunidades y que son considerados parte de las mismas, a quienes el Alto Tribunal deberá analizar si les reconoce el derecho de permanecer en dichos territorios y participar de sus decisiones.

De otra parte, en cuanto al derecho a la igualdad las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó por ser población afrodescendiente son beneficiadas con este tipo de medidas de protección, así como también merecen un trato aún más especial teniendo en cuenta que además son víctimas de desplazamiento forzado, razón por la cual como se señaló anteriormente la Corte Constitucional a través de los Autos emitidos en el marco de la Sentencia T-025 de 2004, ordena la adopción de medidas a su favor y la restitución material de su territorio colectivo.

Ahora bien, con relación a los ocupantes secundarios también nos encontramos frente a un grupo en situación de vulnerabilidad, toda vez que en la mayoría de los casos se trata de personas que por su capacidad socioeconómica viven en la pobreza sin tener oportunidades que les permita mejorar su calidad de vida, situación que se agrava en los casos de desalojo, por lo que también merecen medidas de protección a su favor.

La importancia de garantizar el derecho a la igualdad en cabeza de los ocupantes secundarios radica en la necesidad de garantizar una restitución estable y duradera, ya que la solución debe ser definitiva y no provisional como lo sería la reubicación en un albergue, pues de lo contrario se puede provocar un conflicto social que terminaría afectando nuevamente el ejercicio de los derechos fundamentales no solo de esta población sino también de las comunidades afrodescendientes.

Con relación al derecho a la propiedad, para el caso de los ocupantes secundarios en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, sería la Corte Constitucional quien tendría que ordenar las medidas de protección para la población vulnerable, en este sentido se debe procurar que una vez caracterizada su situación socioeconómica en la que se establezca su relación jurídica con el predio y la dependencia que tenga sobre el mismo para su subsistencia, se ordene a su favor en primer lugar una opción de vivienda estable es decir que no vaya encaminada a subsidios de arriendo o albergues provisionales.

Para ello se debe determinar cuál es el lugar de origen de cada una de las familias y si existe la posibilidad de reubicarse nuevamente. También se debe verificar quienes cuentan con otra opción de vivienda propia en condiciones de dignidad, adicionalmente en estos casos se debe revisar que en los lugares a los cuales se vaya a retornar o donde se encuentren ubicados los predios de los traslados cuenten con educación, salud y opciones de trabajo, para que puedan vivir en condiciones de dignidad.

De otra parte, dentro de las acciones a adoptar para el desalojo y la reubicación de los ocupantes secundarios se deberá tener en cuenta la situación especial de la población vulnerable relacionada con la implementación de medidas con enfoque diferencial, teniendo en cuenta los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los adultos mayores y cualquier otro tipo de población vulnerable que sea identificado en el proceso de caracterización.

Así mismo, con relación a las víctimas que se encuentren dentro de la población de ocupación secundaria, se debe presentar las respectivas solicitudes de los predios de donde fueron desplazados o despojados, con el fin de iniciar el proceso de restitución los cuales deberán ser prioritarios teniendo en cuenta el procedimiento para el desalojo, adicionalmente deben ser incluidos en los planes del gobierno para su atención y asistencia, buscando restituir y reivindicar sus derechos.

Finalmente, frente a los ocupantes secundarios que no sean identificados como víctimas y que no cuentan con otra opción de vivienda, se deben adoptar medidas para garantizarles una opción de vivienda adecuada y definitiva, procurando que su lugar de reubicación sea concertado con cada familia, que se garantice el goce efectivo de sus derechos y que sus necesidades básicas estén cubiertas.