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La problemática de los ocupantes secundarios en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó

 

En dicho documento se establecieron los principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, refiriéndose en el principio No. 17 a los ocupantes secundarios y las medidas que los Estados deben procurar frente a esta situación, buscando proteger los derechos humanos de estas personas en los casos que haya lugar a un desalojo.

Siguiendo los parámetros de estos principios la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (ACNUR), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) y el Observatorio de Desplazamiento Interno del CNR (IDMC) elaboraron el manual sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de refugiados y personas desplazadas.

Este Manual recoge los “Principios de Pinheiro” realizando recomendaciones a los Estados al momento de aplicar cada uno de ellos y para el caso específico de los ocupantes secundarios se definen como:

Todas aquellas personas que hubieran establecido su residencia en viviendas o tierras abandonas por sus propietarios legítimos a consecuencia de, entre otras cosas, el desplazamiento o el desalojamiento forzoso, la violencia o amenazas, o las catástrofes naturales así como las causadas por el hombre. (OACDH ONU-Hábitat, ACNUR, FAO, OCAH, CNR & IDMC, 2007, p. 78).

A nivel interno, en el proceso de restitución establecido en la Ley 1448 de 2011 no existe una conceptualización específica sobre la ocupación secundaria, sin embargo, de forma implícita se reconoció que esta situación se podría presentar por lo que estableció que participaran dentro del proceso como opositores pero la posibilidad de que les reconozcan derechos está sujeta a que logren demostrar su buena fe exenta de culpa, lo que resulta casi imposible.

En este sentido, es necesario señalar que si bien la ocupación secundaria se podría generar principalmente por quienes se encargaron de realizar los despojos o desplazamientos forzosos, utilizando personas en situación de vulnerabilidad para repoblar dichos territorios, buscando entre otras cosas dominio territorial, de acuerdo a lo sostenido por OACDH (2007) hay que tener en cuenta que dentro de esta población también pueden existir víctimas de las mismas conductas, debido a que se puede presentar que se hayan visto en la obligación de huir de otras regiones e instalarse allí o quienes provocaron el abandono los hayan obligado o presionado a ubicarse en dichos territorios.

La ocupación secundaria en territorios que fueron objeto de desplazamiento forzado es un fenómeno que se ha presentado también en otras regiones bajo distintas modalidades y que han sido objeto de análisis jurídico en algunos procesos de restitución de tierras; como por ejemplo:

  • Una vez se presenta el desplazamiento forzado, el predio es ocupado por personas que por su situación económica permanecen allí para cuidarlo en representación de su legítimo dueño, pero que en todo caso una vez se realice la restitución debe desalojarlo. Así se señaló en Sentencia de 26 de mayo de 2015 del Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras:

En lo que se refiere al señor (…) resulta necesario considerar que se trata de una persona, sujeto de especial protección por su condición de tercera edad, que ingreso al predio que ahora debe entregar, con el convencimiento de cuidarlo, que habita en el predio (…) desde aproximadamente el año 1993, que no obra en el plenario prueba alguna o indicio siquiera de un actuar oscuro o torvo, con intención de causar daño u obtener un indebido provecho de la desgracia de los reclamantes (Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, Sentencia de 26 de mayo de 2015, p.33).

Sin embargo, a pesar de la situación de vulnerabilidad del ocupante secundario identificada en el proceso tuvo que desalojar el predio, la única medida de protección a su favor impuesta por el Juez de Restitución de Tierras fue incluirlo en los planes y programas de estabilización económica del Gobierno, sin que se le garantizara otra opción de vivienda.

  • Cuando el predio que fue objeto de abandono o despojo es adquirido por contrato de permuta, celebrado por una persona que presuntamente le compró a quien era el legítimo propietario víctima del desplazamiento o despojo, sin embargo, dentro del proceso de restitución el ocupante secundario no logra probar la adquisición del predio de buena fe exenta de culpa, por lo que se ve en la obligación de desalojar; no obstante, su actuar no se relaciona con los hechos que dieron lugar al desplazamiento, así:

En lo que refiere a la señora (…) resulta necesario considerar que se trata de una persona, sujeta de especial protección por su condición de mujer campesina, de la tercera edad, iletrada y pobre, que ingresó al predio que ahora debe entregar, con un errado convencimiento que no por ello es ilícito, pues no obra en el plenario prueba alguna o indicio siquiera de un actuar oscuro o torvo, con intención de causar daño u obtener un indebido provecho de la desgracia de la reclamante, a quien ni siquiera conoció. (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sentencia No. 001, p. 25).

En este caso, teniendo en cuenta que la ocupante secundaria había realizado un contrato de permuta con el que adquirió el predio en restitución, el Juez declaró la nulidad del mismo y ordenó que una vez realizara el desalojo se le debía restituir el predio que era de su propiedad y que fue objeto de dicha permuta. Adicionalmente también se le incluyó en los planes y programas de desarrollo del Gobierno.

  • Cuando el ocupante siendo a su vez víctima de desplazamiento forzado llega a ocupar un predio que se encuentra abandonado por la misma circunstancia, así se demostró en Sentencia de 19 de mayo de 2015 proferida por la Sala civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito judicial de Cartagena:

Ahora bien, en el presente caso es de importancia resaltar la condición de víctima de desplazamiento ocasionado por la violencia alegado por el opositor, la cual viene reseñada en el interrogatorio rendido dentro de este proceso y que se encuentra demostrado por la certificación expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas

Además de sus afirmaciones y la de los testigos tampoco se observó que al entrar al predio lo hubiese hecho de manera clandestina, ni violenta, se demostró que su ingreso al predio se produjo con anterioridad a la macro focalización a la zona, por lo tanto, dicho opositor tiene la calidad de segundo ocupante y es beneficiario de las medidas de reparación a su favor. (p. 41).

Para este caso teniendo en cuenta que se trataba de un ocupante secundario víctima de desplazamiento forzado, el Juez ordenó la adjudicación de un predio equivalente al que debía restituir.

En este orden de ideas, se puede concluir que los principales casos en que se presenta la ocupación secundaria son: 1) el predio es de propiedad legitima de un tercero que con la intención de extender los linderos del mismo, lo ocupa con personas de especial protección ofreciéndoles trabajo y vivienda; 2) el predio es ocupado por una persona que se encarga de su cuidado en representación del verdadero dueño que fue víctima de desplazamiento forzado pero que igual realizada la restitución tiene que desalojarlo; 3) el predio fue objeto de negocio jurídico pero en el proceso no se logró demostrar buena fe exenta de culpa; sin embargo, el ocupante secundario no tuvo relación con los hechos que generaron el desplazamiento y 4) el predio es ocupado por personas víctimas de desplazamiento forzado que presentados los hechos del mismo se encuentran con un predio abandonado y lo ocupan, pero que realizada la restitución deben entregarlo.