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La problemática de los ocupantes secundarios en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó

 

Para el caso que nos ocupa, mediante Sentencia 073 del 5 de octubre de 2009, del Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó se ordenó la devolución de los territorios al Consejo Comunitario de la cuenca de Curvaradó, con el fin de tutelar no solamente el derecho fundamental de las comunidades afrodescendientes a la propiedad colectiva, sino además derechos como el mínimo vital, la vida en condiciones dignas, la integridad física, la subsistencia, libre desarrollo de la personalidad, identidad cultural y autonomía por parte de los miembros de los consejos comunitarios de dichas comunidades, debido a que como consecuencia de los desplazamientos forzados, no sólo tuvieron que abandonar su territorio, sino que además se vieron privados de ejercer sus actividades ancestrales. Este fallo fue confirmado por el Consejo de Estado el 8 de Abril de 2010, ordenando la restitución de los territorios colectivos a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó dentro de un plazo de 30 días.

Este pronunciamiento se da por una acción de tutela que interpuso el INCODER una vez se realizó el proceso de deslinde en el año 2006 y ordenó la restitución material de dichos territorios a los Consejos Comunitarios. Su importancia radica en que es la primera vez que ordena la restitución de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó al territorio colectivo. A raíz de este fallo adquiere relevancia la problemática de los repobladores y poseedores de dichas tierras, teniendo en cuenta que ha sido la principal dificultad para el proceso de restitución.

Posteriormente, la Corte Constitucional emitió los siguientes Autos en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucionales, declarado en la Sentencia T-025 de 2004 relacionados con las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó:

  • Auto 005 del 26 de enero de 2009 mediante el cual la Corte Constitucional se refiere específicamente al tema del desplazamiento forzado de los afrodescendientes en Colombia, ordenando una serie de lineamientos para la “protección de derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado” (p.3), a partir de aquí la Corte se centra en el proceso de restitución de tierras para Jiguamiandó y Curvaradó, por lo que ordena la presentación de informes bimensuales por parte de las entidades estatales encargadas del cumplimiento de las medidas provisionales decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • Auto 222 del 07 de junio de 2009 con el que se adoptan medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente de Caracolí perteneciente al Consejo Comunitario de la Cuenca del Rio Curvaradó, ordenando suspender una orden de desalojo que habría sido impuesta por el Juez Promiscuo del Circuito de Risosucio Chocó.
  • Auto del 18 de mayo de 2010 mediante el cual se adoptaron medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento del Chocó, víctimas del desplazamiento forzado.
  • Auto 384 del 10 de diciembre de 2010 en el que se revisa el cumplimiento del auto de 18 de mayo de 2010. Así mismo, se amplía el plazo en el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicho auto y ordena al Ministerio del Interior la presentación de un informe bimensual con los avances para el cumplimiento de la adopción de las medidas cautelares urgentes a favor de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó.
  • Auto 045 del 2012 ordena la evaluación inmediata de la situación que enfrentan las comunidades afrodescendientes protegidas en el auto 005 de 2009 para que se adopten medidas urgentes de protección y se establezca un cronograma de trabajo para avanzar en el cumplimiento integral de todas las órdenes contenidas en dicho auto. Así como también poner en marcha un plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva para estas dos comunidades, que atienda de manera inmediata e integral las necesidades más apremiantes en materia de seguridad individual y colectiva, que ofrezca una respuesta continua, permanente y congruente a la problemática que enfrentan, y que permita la realización de la Asamblea General de los Consejos Comunitarios de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, se diseñe un mecanismo de interlocución y toma de decisiones, una metodología adecuada para los comités de censo, que permita la toma adecuada de decisiones y que tenga en cuenta las tensiones y los problemas por la falta de garantías. (Corte Constitucional, Auto 045, 2012).

Así mismo, ordenó que se concertara un reglamento interno y se realizara la convocatoria a la asamblea general de los dos Consejos Comunitarios, no sin antes brindar soluciones oportunas y duraderas al grave problema de seguridad que se presenta en la zona, se agilice la caracterización socioeconómica de las comunidades de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, se identifiquen los obstáculos jurídicos que han impedido la protección colectiva de los territorios, y los mecanismos para garantizar la restitución efectiva de los mismos. (Corte Constitucional, Auto 045, 2012).

En la citada providencia ordena que se tomen acciones contundentes para agilizar y concluir el proceso de desalojo de los invasores de los territorios colectivos, refiriéndose también a los ocupantes secundarios, adoptando un cronograma de ejecución de las medidas urgentes a tomar y las entidades responsables de tal cometido. Así mism,o ordena garantizar las acciones de formación necesarias para que los miembros de la Fuerza Pública, es decir, tanto del Ejército Nacional como de la Policía comprendan el contenido de los derechos de las comunidades negras a la luz de lo que establece la Constitución y la Ley 70 de 1993, así como lo ordenado en los autos de 18 de mayo de 2010 y 222 de 2009 y coadyuven con sus acciones al cumplimiento de los mandatos, proferidos por la Corte Constitucional.

  • Auto 112 de 2012 analiza los informes presentados por las autoridades comprometidas en el proceso de restitución de tierras de estas comunidades, ordenando determinar si existen las condiciones de seguridad necesarias para realizar la Asamblea General y revisar los cronogramas propuestos para el avance en la restitución material de los territorios de Jiguamiandó y Curvaradó.
  • Auto 299 de 2012 ordena el nombramiento de un inspector de policía para adelantar el proceso de desalojo, incluir en el plan de prevención medidas a mediano y largo plazo de acompañamiento institucional para estas comunidades, la presentación de un plan de desalojo a corto, mediano y largo plazo de las áreas de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó que vienen siendo ocupadas por parte de poseedores de mala fe y repobladas por parte de personas ajenas a las comunidades afrocolombianas protegidas, es decir, los ocupantes secundarios. Así mismo, ordena realizar un censo de las personas a desalojar con el fin de establecer quiénes son y en qué condiciones socioeconómicas se encuentran para disponer, en los casos que haya lugar, su reubicación en un albergue temporal en condiciones dignas y si llegaran a demostrar su calidad de desplazado incluirlos en los programas de gobierno para dicha población.

Ahora bien, estas medidas de protección ordenadas tanto a nivel internacional como interno, que buscan proteger y revindicar los derechos de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, se han visto afectadas, especialmente, en la restitución del territorio colectivo por el fenómeno de la ocupación secundaria que se presenta allí.

En este sentido, a continuación se explicará bajo qué circunstancias se puede generar la ocupación secundaria, cuál es su protección jurídica, su situación de vulnerabilidad y como se presenta en las Comunidades de Jiguamiandó y Cruvaradó.

Definición y contexto en el que se presenta la ocupación secundaria.

En el marco del desplazamiento forzado se ha venido presentando un fenómeno que es más común de lo que parece y es la ocupación de predios que fueron abandonados o despojados por terceras personas, situación que ha sido uno de los problemas más graves al momento de adelantar los procesos de restitución de tierras.

Este aspecto ha sido abordado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, específicamente, fue tenido en cuenta en el informe definitivo del Relator Especial sobre la Restitución de Viviendas y de Patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados internos, el cual es conocido como los “Principios de Pinheiro” y fue aprobado por la Resolución 2005/21 de 11 de agosto de 2005 de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.