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El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y los centros de reclusión

 

2. El libre desarrollo de la personalidad: derecho fundamental

Como se mencionó, nos encontramos en un Estado social de derecho que encuentra en la dignidad humana el valor supremo del ordenamiento que invade todo los ámbitos y situaciones en las que se encuentre vida humana. Por ello, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso y la protección de los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. Nos ubicamos frente a una obligación de hacer, que no puede limitarse simplemente a garantizar formalmente el goce de los derechos, sino que debe consistir en proporcionar todas las facilidades para que se puedan para superar las carencias, se satisfagan las necesidades y se cuente con todos aquellos factores requeridos para la plena realización como seres humanos independientes y autónomos.

Cuando hablamos de la plena realización de los seres humanos debemos resaltar que cuando un ser humano alcanza su realización personal contribuye al desarrollo social y sirve de fundamento para el orden político y la paz. Esta contribución al desenvolvimiento del ser humano y sus consecuencias nos recuerda el objeto de protección de dos derechos que durante toda la evolución histórica de la humanidad han tenido una estrecha interrelación: la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Es así como en la legislación nacional e internacional encontramos que las normas que refieren a estos dos derechos, que tienen una naturaleza funcional diferente, comparten un objeto de protección: la incondicional prohibición de la instrumentalización del ser humano.

Es por esta razón que podemos concluir, de la misma forma que lo hace la Corte Constitucional, la consideración de que el individuo tiene como primera necesidad la de ser reconocido como inigualable, por lo tanto distinto y distinguible, y el Estado junto con la sociedad deben respetarlo en su individualidad de acuerdo a sus singularidades de carácter. Es aquí donde llegamos a la identificación del núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad que se expresa en la autonomía que poseen los individuos para trazar y practicar su propio plan de vida.

Es entonces, la personalidad un concepto abstracto que reseña un conjunto de características que hacen de cada sujeto un ser único e inigualable frente a los otros. Que no obstante su indeterminación general, fijan la especificidad y las características de cada persona, determinando además su comportamiento. Se constituye en un elemento intrínseco del individuo, que evoluciona constantemente y se proyecta en el mundo exterior. Estas características se ven influenciadas por la historia de cada individuo, por lo que se vive a diario en el entorno de cada uno; factores como la política, la religión, la economía, el ambiente familiar, entre otros, dejan huellas en el individuo que consciente o inconscientemente repercuten en su personalidad y en su carácter; expresión de la primera.

Estamos haciendo referencia a la libre posibilidad de escoger una manera de ser, de fijarse un plan de vida y de trabajar en su realización; lo que implica el reconocimiento de la individualidad como elemento esencial para la autonomía persona, la libertad y la dignidad. Como pudimos observar en la investigación el ámbito de aplicación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho en sí se han venido construyéndose por los casos que se presentan en la jurisprudencia, en esta dinámica se ha hecho un largo recorrido que nos lleva a concluir ciertos aspectos: el derecho al libre desarrollo de la personalidad representa una cláusula de cierre de la libertad individual; no es un derecho de contenido incierto, además de contener todas las libertades comprende los áreas de la autonomía individual que no estén protegidos por otro derecho; existen dos ámbitos: el de no injerencia para autodeterminarse y el de las libertades personales que deben armonizarse con las exigencias de la sociedad, es decir, está limitado por el los derechos de los demás y el orden jurídico.

Pudo concluirse que el ámbito de aplicación del derecho al libre desarrollo de la personalidad está estrechamente relacionado con otros derechos, algunos ejemplos son el derecho a decidir su estado civil, el derecho a la unidad familiar, el derecho a la sexualidad, el derecho a ser madre, el derecho a la identidad personal, el derecho a escoger determinada opción sexual, el derecho a ejercer la mendicidad, el derecho a decidir sobre su salud, el derecho al trabajo, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de asociación, entre otros.

3. El estado social de derecho, su relación con las personas privadas de la libertad y la relación de especial sujeción

Haciendo referencia al derecho penal encontramos que las funciones de esta área del derecho se orientan principalmente a la promoción y al mantenimiento de la convivencia social, pero los efectos que producen en la justificación del poder punitivo del Estado acarrean unas singularidades. Más específicamente, debe entenderse que la pena entre sus varias finalidades está llamada a cumplir una función de prevención especial positiva, esto es, debe buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-862 de 2002).

Estamos frente a la posibilidad de que por medio del poder punitivo del Estado existan sujetos a quienes se les imponga la reclusión en establecimientos carcelarios y es allí donde aparece la relación de especial sujeción, que según la doctrina y la jurisprudencia surge cuando una persona queda sometida, por medio del sistema nacional penitenciario, a la esfera organizativa del Estado. Ello supone el nacimiento de un vínculo que, por un lado, exige que el Estado asuma la responsabilidad de protección y cuidado del interno durante su reclusión y, del otro, sujeta al interno a todas las determinaciones referentes a las condiciones del centro carcelario respectivo que, por añadidura, trae consigo la restricción de derechos (Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-615 de 2008).

Por lo anterior, con relación a estas personas se puede hablar de tres tipos de derechos: los derechos intocables, que deben permanecer incólumes, unos derechos cuyo ejercicio se encuentra suspendido y otros derechos que simplemente se encuentran limitados o restringidos. Como consecuencia de la relación de especial sujeción estudiada anteriormente, la Corte Constitucional también ha manifestado que el Estado tiene deberes especiales para con los reclusos, con miras a que éstos puedan ejercer plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, y parcialmente aquéllos que les han sido restringidos. Y estos deberes no implican simplemente que el Estado no debe interferir en la esfera de desarrollo de estos derechos – como ocurriría en el caso de la libertad religiosa -, sino también – y de manera especial – que el Estado debe ponerse en acción para garantizarle a los internos el pleno goce de otros derechos, tales como la dignidad, la salud, la alimentación, el trabajo, etc.

Esta conclusión se deriva de la misma relación especial de sujeción de los penados frente al Estado y del hecho de que las condiciones que se imponen a los reclusos les impide que puedan satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades mínimas, cuya atención garantiza la posibilidad de llevar una vida digna. “Con todo, las prescripciones de los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario, de los tratados y acuerdos internacionales citados y la misma jurisprudencia de la Corte acerca de los derechos de los reclusos constituyen letra muerta” (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-153 de 1998).

De las anteriores fuentes y tal como lo ha determinado la Defensoría del Pueblo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea en su manual para vigilancia y protección de los derechos de las personas privadas de libertad, se derivan para el Estado, como vimos tres deberes. El primero de ellos, el deber de respeto, consistente en el reclamo al Estado de no violar de forma arbitraria los derechos humanos de los reclusos, tal como está expresado en el artículo 16 de la Carta Política. El segundo es el deber de garantía que radica en la obligación de asegurar a todas las personas, sin discriminación alguna, el pleno de sus derechos humanos y que corresponde al artículo 13 constitucional. Y, el tercer deber de proveer mecanismos idóneos para hacer cesar la violación a los derechos humanos.