Home » Número 2 » El derecho a la defensa en el sistema de responsabilidad penal juvenil en Colombia

 
 

El derecho a la defensa en el sistema de responsabilidad penal juvenil en Colombia

 

Así mismo, el TEDH ha considerado que dichas inmunidades son absolutas en el entendido en que el derecho a guardar silencio del acusado bajo ninguna circunstancia deberá ser usado en su contra en juicio. Alternativamente, si el acusado es informado de antemano sobre la posibilidad de una consecuencia negativa derivada de su silencio, dicha advertencia es “mal vista” bajo los estándares internacionales.

Sin embargo, aunque es clara para el TEDH la protección absoluta del derecho a guardar silencio, esto no implica de suyo que no podrán existir circunstancias bajo las cuales el guardar silencio, cuando realmente se amerite y requiera de una respuesta del acusado, implique un sustento importante para la teoría del caso de la fiscalía que el juez deberá tomar en consideración.

En conclusión, el TEDH establece que cuando exista un conflicto respecto de los dos extremos de interpretación del derecho, es decir, cuando se cuestione si el derecho a guardar silencio es absoluto o no, se deberá contestar de manera negativa. Así entonces, será necesario hacer un examen particular de cada caso para determinar los límites del derecho a guardar silencio del acusado (Corte Europea de Derechos Humanos, 1996)[1].

Aunque formalmente la garantía está contemplada en el ordenamiento colombiano, la falta de una asistencia jurídica adecuada, suficiente, adaptada al grado de formación del adolescente infractor, hace que esta garantía sea constantemente desconocida.

Al respecto, es necesario reiterar que en la observación adelantada, se constató que los defensores públicos no explican de manera amplia y suficiente las implicaciones de la aceptación de cargos, toda vez que, no se práctica una entrevista detallada, no se le enseña al adolescente la naturaleza de los cargos imputados, ni se acuerda la estrategia de defensa que se asume.

En la audiencia de imposición de sanción observada (audiencia # 6), el adolescente manifestó que había aceptado los cargos sin conocer las consecuencias de dicha actuación. Así las cosas, y ante la deficiencia en la defensa técnica, el juez ordenó anular la aceptación de cargos y rehacer la audiencia de imputación a fin de materializar la garantía a no autoincriminarse.

Adicionalmente, tras una aceptación de cargos, las opciones de retractación en el ordenamiento jurídico colombiano son reducidas dado que implican demostrar la existencia de un vicio del consentimiento o la violación de alguna de las garantías fundamentales del adolescente, para lo cual el niño o niña estará nuevamente sujeto a la actuación de su defensor.

2.2 Ser informado sobre la naturaleza y la causa de la acusación

La Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 6.3 que toda persona debe “ser informado en el más corto plazo, en un idioma que entienda y en forma detallada, sobre la naturaleza y la causa de la acusación dirigida contra él”.

Para la Corte Europea se debe notificar la acusación por parte de la autoridad competente estableciendo el reproche por haber cometido una infracción penal. La mencionada infracción debe ser definida en términos claros y precisos con el fin de ofrecer al procesado la posibilidad de organizar su defensa (Corte Europea de Derechos Humanos, 1989, p. 22).

Durante las audiencias presenciadas, los fiscales y jueces manejaron un lenguaje pedagógico y sencillo en relación con la jurisdicción de adultos. Sin embargo, lo términos jurídicos que necesariamente deben emplearse continúan siendo complejos para los adolescentes que infringen la ley penal.

No obstante, la obligación de suplir dicha dificultad está en cabeza de los defensores públicos. Por ello, resulta necesario que estos proporcionen la información suficiente para que los adolescentes puedan tomar decisiones consientes, más aún cuando en la mayoría de los casos se aconseja la aceptación de cargos.

2.3 Disponer del tiempo y las facilidades para defenderse

Ésta garantía establece que a quien se le ha imputado la comisión de una conducta punible no sólo debe tener un plazo para preparar sus defensa sino que, además, debe contar con todos los elementos de prueba pertinentes para poder obtener una atenuación de la pena (Corte Europea de Derechos Humanos, 1981, párr. 23). La restricción a este derecho solo es posible cuando se trate de salvaguardar un interés general, en cualquier caso debe ser una restricción limitada en el tiempo.

En general, la ley debe establecer un plazo mínimo entre la acusación y la audiencia, sin embargo, las negligencias en la preparación de la defensa no deben ser justificadas en la falta de tiempo en la preparación de la misma. Contar con los medios adecuados para la defensa incluye la posibilidad de entrevistarse con el abogado de confianza o el designado por el Estado.

Adicionalmente, debe garantizarse que el adolescente conozca los resultados de las investigaciones efectuadas a lo largo del enjuiciamiento, en cualquier momento de su realización y cualquiera que sea su calificación. Sin embargo, esto no debe entenderse como un acceso ilimitado a los expedientes de la autoridad competente (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1999, párr. 33).

En las audiencias observadas los adolescentes acusados de infringir la ley penal que carecían de los recursos para contratar abogados de confianza tampoco contaban con los medios para defenderse en igualdad de armas al interior del proceso penal. Las condiciones en que los defensores públicos adelantan los procesos de los adolescentes infractores resultan precarias. No están dados los medios en cuanto a planta física que permitan garantizar la privacidad, un ambiente de confidencialidad entre defensor y defendido. Una vez capturados, los adolescentes son llevados al Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes donde permanecen a la espera de la entrevista con un defensor público[2].

[1] Se hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues la misma ha sido utilizada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como criterio de interpretación de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud del artículo29 del mismo tratado.

[2] El adolescente detenido queda sujeto a la disponibilidad de cupos del Centro de Servicios, quienes tienen un ingreso formal a los sitios previstos para albergar a los menores de edad reciben ropa limpia, duermen en camarotes y se les brinda 5 comidas al día. Por otro lado, quienes no tienen un ingreso formal deben esperar la entrevista con el defensor público en los pasillos y escaleras de los centros de servicios judiciales en condiciones indignas.