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El derecho a la defensa en el sistema de responsabilidad penal juvenil en Colombia

 

El siguiente artículo presenta el tercer capítulo de la investigación realizada en el Centro de Investigación en Política Criminal, Universidad Externado de Colombia, cuyo objetivo fue establecer si en Colombia, a partir del Código de la Infancia y de la Adolescencia, se garantiza el derecho a la defensa de los adolescentes que han infringido la ley penal y se cumplen los estándares internacionales.

Para ello, en primer lugar, se realiza un recuento histórico de la codificación colombiana en materia penal para adolescentes y, posteriormente, se adelanta una comparación entre los estándares internacionales de justicia penal juvenil y el sistema penal para adolescentes previsto en Colombia. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones.

Introducción

A través de este proyecto investigativo se evaluó sí Colombia cumple con los estándares internacionales de justicia penal para adolescentes, enfocándonos en el estudio del derecho de defensa de los mismos.

La importancia de este trabajo radica en la necesidad de que el Estado, la sociedad y la familia se sientan responsables de la formación y cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Para ello deberán garantizar el goce pleno de sus derechos, en especial en escenarios como el proceso penal, el cual implica per se una limitación de los mismos.

Ahora bien, el derecho a la defensa de los jóvenes se ha desarrollado bajo dos paradigmas. Antes de la promulgación de la Declaración de los Derechos del Niño prevalecía la consideración minorista de los mismos (Buaiz, E.). Posteriormente, se construyó una nueva concepción de la infancia fundada en nuevas acepciones que nutrieron la noción de la protección integral (Mariño, C., 2005, p. 86). Dicho reconocimiento supuso la sustitución del derecho tutelar, el cual considera al menor como objeto, no como sujeto de derechos, incapaz de asumir la responsabilidad penal por sus actos. Adicionalmente, bajo el esquema tutelar el adolescente podía ser sometido en forma arbitraria y por tiempo indefinido en centros de “protección” sin las debidas garantías procesales (Piscetta.J., 2013, párr. 9).

Los países que ratificaron los instrumentos internacionales que recogen la doctrina de la protección integral, tales como la Convención de los Derechos del Niño (C.D.N.), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas Mínimas para la Protección de Menores Privados de la Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), comenzaron el proceso de adecuación de su normatividad interna reconociendo a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no como objetos de protección (Weinberg, 2002, p. 98).

Pese a que Colombia acogió en su ordenamiento la Convención de los Derechos del Niño en 1991, solo hasta el 2006 mediante expedición del Código de la Infancia y de la Adolescencia inició el proceso de adecuación normativa.

Así, el objetivo de esta investigación fue establecer si en Colombia, a partir del Código de la Infancia y de la Adolescencia, se garantiza el derecho a la defensa de los adolescentes que han infringido la ley penal y se cumplen los estándares internacionales. Para ello se plantearon como objetivos específicos: identificar los estándares internacionales mínimos establecidos para los sistemas de responsabilidad penal juvenil; describir la evolución histórica de la justicia penal para adolescentes en Colombia, y; establecer cómo funciona en la práctica el sistema penal juvenil colombiano en lo relacionado con el derecho a la defensa, así como, su concordancia con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Utilizando el método cualitativo, en la presente investigación sociojurídica se analizaron las instituciones jurídicas propias del derecho penal en el campo del objeto de la investigación, interpretadas bajo las directrices del derecho de la infancia y el contexto en el que las mismas funcionan.

Inicialmente, se realizó una revisión bibliográfica de libros, artículos e informes que dieron cuenta del estado de la discusión en la materia. Posteriormente, se llevó a cabo un levantamiento del marco normativo internacional, donde los principales instrumentos a analizar fueron la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Reglas Mínimas para la Protección de Menores Privados de Libertad y las Directrices de Riad.

Subsiguientemente, se realizó el levantamiento del marco normativo nacional en donde el enfoque estuvo dirigido a lo establecido por la Constitución Política, el Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor), y la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y de la Adolescencia).

Igualmente, se revisaron los informes y demás documentos elaborados por organismos internacionales de los sistemas de protección de los derechos humanos y la jurisprudencia en el tema proferida por las cortes nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de conocer el alcance de las disposiciones previamente recolectadas y su aplicación en casos concretos.

Una vez seleccionada la información, se inició la elaboración de los marcos de referencia teóricos, jurídicos e históricos, que sirvieron de punto de partida en la recolección de la información primaria.

Para recoger dicha información, se planteó como técnica el estudio de un número limitado de casos, sin embargo, no fue posible implementar dicha técnica, dadas las dificultades en el acceso a los procesos y el tiempo establecido para desarrollar el trabajo de campo, en contraste con la duración promedio de los procesos penales para adolescentes.

En virtud de lo anterior, se adoptó la técnica de observación de las diferentes audiencias que pueden darse a lo largo de un proceso penal juvenil. En total, fueron observadas nueve audiencias, entre ellas legalizaciones de captura, formulaciones de imputación, imposiciones de medidas de aseguramiento y de sanciones, audiencias de acusación, preparatorias y juicios orales (Anexo 1).

Una vez finalizada la fase de recolección de información primaria, se procesó la información, se elaboró la matriz con las principales observaciones y se extrajeron conclusiones en cada uno de los componentes desarrollados en el derecho a la defensa, todo ello permitió elaborar el informe final. Como se señaló, se presenta únicamente parte del informe final, donde se aborda el aspecto central de la investigación.