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Acceso a la justicia y restablecimiento de los derechos del adulto mayor en situación de desplazamiento

 

Por otro lado, se han venido estableciendo a nivel constitucional y jurisprudencial la necesidad de determinar y diferenciar las situaciones particulares de cada una de las personas que son víctimas de desplazamiento, es decir si son mujeres, niños, madres cabeza de familia o adultos mayores. Lo anterior, de acuerdo a que gran parte de las personas afectadas por el mismo, son aquellas a quienes conforme a sus condiciones particulares se les ha venido dando una protección especial.
De acuerdo con la Constitución Política de 1991 las personas de la tercera edad tienen una protección especial. En efecto en su artículo 46 , se establece el deber no solo del Estado sino también de la sociedad en general de proteger y asistir a las personas de la tercera edad.
Así mismo, en el ámbito internacional encontramos que durante la última década, la preocupación de la comunidad internacional respecto de la situación de las personas de edad se ha reflejado de forma gradual en la adopción de políticas internacionales específicas que la abordan desde la perspectiva de los derechos humanos. Estas políticas, fueron promovidas por organismos internacionales y regionales para orientar sus propias actividades, así como para involucrar a los Estados y otros actores implicados en la suerte de las personas mayores.
Es así como, debemos preguntarnos ¿Cuáles son las condiciones a las que se enfrentan aquellos grupos de la población que siendo desplazados por la violencia, son adultos mayores? ¿Existe, por parte del Estado, algún enfoque diferencial en el desarrollo y aplicación de las políticas públicas dirigidas el restablecimiento de sus derechos?

Pues bien, sobre este punto el derecho al acceso a la justicia adquiere gran importancia. Lo anterior, entendiéndolo como el derecho de prestación a cargo del Estado para atender en el sistema de justicia las demandas individuales y colectivas de solución de conflictos y de goce y disfrute de derechos (Cuervo, 2005, pp. 5-8).

Así mismo se ha establecido internacionalmente y para ello traigo a colación la convención Americana sobre derechos humanos de 1969, la cual indica lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida con personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales (artículo 25, numeral 1).

En Colombia, en el artículo 229 de la Constitución Política de 1991 se hace referencia a la administración de justicia como derecho fundamental, y así lo establece el constituyente al indicar: “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”. Igualmente, la Corte Constitucional analizar esta garantía y determinar su alcance establece en la Sentencia T-295 de 2007, identifica el concepto de este derecho en tres pilares:

El acceso a la administración de justicia tiene tres pilares que lo conforman, a saber, i) la posibilidad de acudir y plantear el problema ante el juez competente, ii) que el problema planteado sea resuelto y iii) que tal decisión se cumpla de manera efectiva (Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-295 del 26 de abril de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis, ¶ 3.1.3).

Ahora bien, si por el derecho al acceso a la justicia entendemos la posibilidad de acudir ante un juez y plantear un determinado problema, este se convierte, a su vez, en un mecanismo corrector, es decir un recurso para hacer frente a las deficiencias del Estado, el mercado y la sociedad.

Ya en el caso en concreto, que es el desplazamiento y las condiciones a las que se enfrentan los adultos mayores víctimas del mismo, el derecho al acceso a la justicia se convierte en la principal garantía para el restablecimiento de sus derechos. Para lograr lo anterior, dentro de la aplicación de este derecho encontramos la necesidad de tratamientos diferenciales para aquellas personas a las que se les dificulta el acceso a la justicia de manera efectiva y oportuna, ya sea por la falta de recursos económicos o por sus condiciones particulares.

Es así como, con base en la protección que merecen las personas en esas condiciones y su derecho al accedo a la justicia, la comunidad internacional en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizada el 4 de marzo del 2008 en Brasilia, creó las “reglas de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”. En ella se estableció lo siguiente:

Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico (Cumbre Judicial Iberoamericana, 4 de marzo del 2008, p.24).

En ese sentido, se establece como factor de vulnerabilidad la edad de las persona y con base en ello, señala:

El envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia (ídem, 6).

Del mismo modo, se establece como situación de vulnerabilidad el estado de victimización de una persona, como a continuación se indica:

Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal”.

Y ya en el caso concreto, es decir en las personas víctimas del desplazamiento, se plantea lo siguiente:

También pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad los desplazados internos, entendidos como personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocidas.

Por otro lado, el derecho a la justicia se puede realizar por dos vías: la judicial y la administrativa. Dentro del desarrollo de esta investigación se analizó la segunda vía es decir la administrativa, determinando con ello las políticas públicas establecidas por el Gobierno para el restablecimiento de los derechos los adultos mayores, así como la idoneidad y efectividad de los mecanismos administrativos creados para afrontar esta problemática.

Pues bien, dentro de las disposiciones legales que consagran los mecanismo jurídicos para la atención y protección de la población desplazada por la violencia, encontramos la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000. En ellas, se establece la responsabilidad por parte del Estado de “formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia”.

Es así como, en el caso de las personas en situación de desplazamiento son obligaciones del Estado, como de las autoridades a su cargo (i) informar sobre sus derechos a las víctimas de desplazamiento y de otros delitos; (ii) acompañarlos efectivamente para que puedan hacer valer sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral; (iii) denunciar ante las respectivas autoridades judiciales la ocurrencia de tales delitos para que se inicie la investigación penal respectiva; y (iv) adoptar las medidas necesarias para proteger efectivamente los bienes abandonados por la población desplazada. (Corte Constitucional. Sentencia T-1135 de 14 de noviembre de 2008. M.P: Manuel José Cepeda Espinoza).

Sin embargo, ante la carencia de mecanismos particulares para restablecerles los derechos de los adultos mayores, en el Auto 006 se señalo:

Por todo lo expuesto, se advirtió que la ausencia de un trato diferencial para los discapacitados y los ancianos, que merecen protección reforzada, “se presume como un acto en sí mismo de discriminación en contra de esta población, pues lleva a que la condición de desigualdad y desprotección a la que se ve expuesta se perpetúen. En consecuencia, frente a esta presunción las autoridades tienen la carga de la prueba para desvirtuar lo contrario (Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Auto 006 del 26 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, p. 54).

Es por ello, y así lo explica la Corte Constitucional, que con el fin de aliviar ese estado acentuado de marginalidad e indefensión de víctimas del desplazamiento interno, en el auto recién citado se impuso a las autoridades que conforman el SNAIPD el deber de establecer, dentro de sus programas y procedimientos ordinarios, dos presunciones constitucionales que garanticen la protección reforzada a las personas que, además de ser desplazadas, sean discapacitadas.

La primera de ellas, la presunción constitucional de vulnerabilidad acentuada de las personas desplazadas de la tercera edad, para efectos de su acceso a los distintos componentes del SNAIPD y de la valoración integral de su situación por parte de los funcionarios competentes para atenderla; y la segunda, La presunción constitucional de prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor los adultos mayores desplazados, hasta que se compruebe su plena estabilización socio económica, directamente o gracias a sus familias.

De esta forma, la Corte impone unos deberes reforzados para las autoridades que tienen a su cargo la protección de los desplazados, ya que en virtud de estas presunciones, Acción Social o el órgano que haga sus veces tiene el deber de guiar y acompañar a ese grupo poblacional, que goza de una especial protección reforzada, para que pueda acceder a las ayudas establecidas en la Ley 387 de 1997, en especial las que garantizan el suministro y prórroga de la AHE, la provisión de subsidios para arriendo, la adecuada cobertura de servicios de salud y, en general, el acceso a los mecanismos de reparación a las víctimas de la violencia”.