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Acceso a la justicia y restablecimiento de los derechos del adulto mayor en situación de desplazamiento

 

MARCO TEÓRICO

El conflicto armado interno es uno de los principales problemas que, en la actualidad, enfrenta Colombia. Surge desde 1960 y su antecedente más inmediato lo encontramos en las guerrillas liberales, las cuales surgieron como resultado de la persecución política iniciada por el Gobierno del Partido Conservador.
Una de las consecuencias del conflicto armado es el desplazamiento forzado, el cual a su vez genera para aquellas personas víctimas del mismo: pobreza, inseguridad, desolación y violencia. Pero para analizar mejor la situación de estas personas es necesario preguntarnos ¿qué se entiende por desplazado?

Dentro de la normatividad establecida para la protección de las víctimas del desplazamiento encontramos la ley 387 de 1997, la cual en su artículo 1 determina lo que se debe entender por desplazado:
Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:
Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público”.
De esta manera, el desplazamiento trae consigo una vulneración masiva de los derechos. Es así como desde el año 2000, se ha evidenciado en los pronunciamientos de la Corte Constitucional su preocupación acerca de las precarias condiciones a las que se enfrentan las personas que son víctimas del desplazamiento en Colombia, de la siguiente manera:

No existe discusión acerca de que el desplazamiento forzado apareja una violación múltiple, masiva y continua de los derechos de las personas obligadas a migrar. Por una parte, es claro que estas personas tienen que abandonar su domicilio en razón del riesgo que observan para su vida e integridad personal, peligro que se deriva de las amenazas directas que les son formuladas o de la percepción que desarrollan por los múltiples actos de violencia que tienen lugar en sus sitios de residencia. El desplazamiento forzado comporta obviamente una vulneración del derecho de los nacionales a escoger su lugar de domicilio, al igual que de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, dado el ambiente intimidatorio que precede a los desplazamientos, estas personas ven conculcados sus derechos de expresión y de asociación.

De igual manera, en razón de las precarias condiciones que deben afrontar las personas que son obligadas a desplazarse, se presenta un atropello de los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, de los discapacitados y de las personas de la tercera edad. Además, todas las personas forzadas a abandonar sus lugares de origen sufren un detrimento en sus ya de por sí muy afectados derechos económicos, sociales y culturales, y frecuentemente son sometidos a la dispersión de sus familias (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-1150 del 30 de agosto de 2000 con el Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz, p. 21).

De acuerdo a lo anterior, se pueden considerar como los principales efectos del desplazamiento: el riesgo de empobrecimiento y marginalidad, social, económica y política. Sobre ello señala la Corte Constitucional:

En efecto, debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de derechos fundamentales de la que son objeto, estas personas se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la primera como aquella situación que sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social. Estas dramáticas características convierten a la población desplazada en sujetos de especial protección constitucional, lo cual debe manifestarse no sólo en el diseño de una política pública de carácter especial, sino en la asignación prioritaria de recursos para su atención, incluso por encima del gasto público social” (Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-585 del 22 de julio de 2010 M.P Humberto Antonio Sierra Porto, p.25).