14 de junio de 2016

La memoria histórica como elemento de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia

El futuro de la infancia y adolescencia colombiana víctima de la violencia y en particular del desplazamiento depende en gran medida de las decisiones que tomen los adultos que los rodean, esto incluye la adopción de medidas de política pública que les permita, mantener su inocencia y “el encanto de su infancia”. Una herramienta fundamental para lograr este fin primordial es la memoria histórica, entendida como el proceso por el cual se impide que el individuo y la sociedad olviden los hechos de violencia, los repita o los perpetúe en el tiempo, máxime cuando tal violencia afectó a un grupo poblacional que por sus particulares condiciones, ha sido reconocido normativa y jurisprudencialmente, como sujeto de especial protección constitucional, como son los niños, niñas y adolescentes. Aunque el fenómeno del desplazamiento no es nuevo en Colombia, ni tampoco su reconocimiento legal y jurisprudencial, puesto que fue reconocido en 1997 con la expedición de la Ley 387 de 1997 y de la sentencia T-227 de la Corte Constitucional, si lo es el hecho del reconocimiento formal de las personas desplazadas, como titulares de los derechos que se desprenden de su condición de víctimas: verdad, justicia y reparación integral. Igual sucede con el derecho a la memoria histórica, que no obstante su reconocimiento a nivel internacional en 1997 con los principios Joinet, no existe aún reglamentación específica, como se evidencia en este trabajo, salvo lo que establece de forma enunciativa la Ley 1448 de 2011 y alguna reglamentación relativa al funcionamiento del Centro de Memoria Histórica.

Por: Rocio Marín

II. La memoria histórica como elemento del derecho a la verdad y su importancia en el restablecimiento de derechos de los NNA víctimas del desplazamiento

A. ¿Cómo entender la memoria?

La premisa obligada aquí, es cómo debe entenderse la memoria histórica, puesto que no hay una única y universal forma de definirla. Tampoco puede entenderse como exclusiva de un solo contexto: jurídico, histórico o cultural, y, menos como adscrita a una determinada y única categoría del derecho –verdad, justicia o reparación.

 

Lo que sí se puede afirmar es que se trata del punto de encuentro entre pasado, presente y futuro. En términos de Aristóteles, citado por Ricoeur en su obra La memoria, la historia, el olvido, la memoria es sobre el pasado, es el “contraste con el futuro de la conjetura y de la espera y con el presente de la sensación (o percepción)” (2013, p. 33), es una “distinción entre el antes y el después que existen en el tiempo” (2013, p. 34), ejercicios que muchas veces van acompañados de la imaginación y la rememoración.

En el proyecto “Las voces de NNA: ecos para la reparación integral y la inclusión social” adelantado conjuntamente desde 2012 por el CMH y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se le define “como un proceso de narración y de reconstrucción de la historia de forma dinámica, es decir una memoria del pasado como herramienta para vivir el presente y dignificar el proyecto futuro”[1].

Ahora bien, la memoria se justifica particularmente en los escenarios de conflicto o post-conflicto como forma de lograr la reconciliación nacional; el fin mismo de la justicia transicional, entendida ésta como el “conjunto de mecanismos y herramientas que permiten hacer tránsito de una situación de graves y masivas violaciones de derechos humanos, hacia la reconciliación y, eventualmente, hacia la paz” (Ministerio del Interior y de Justicia-Unión Europea, 2011, p.1).

De manera que, la memoria histórica “visibiliza los derechos a la verdad, la justicia y la reparación prometidos por la normatividad nacional e internacional en los procesos de transición” (García, 2010, p.214). Así como también, fortalece la capacidad de acción de los individuos y las organizaciones sociales “respecto de sus demandas de paz” (García, 2010, p.214), por lo que, la memoria histórica es un elemento esencial de la justicia transicional para lograr la paz y la reconciliación post-conflicto.

Aquí se pregunta cómo ubicar la memoria, si hace parte del derecho a la verdad, o garantía de no repetición o medida de satisfacción, para saber con mayor precisión, el ámbito de protección de estos NNA.

En primer lugar, la Sentencia C-370 de 2006 la entendió como parte del derecho a la verdad y del derecho a saber, por cuanto su “contenido mínimo incluye la posibilidad de las sociedades de conocer su propia historia, de elaborar un relato colectivo relativamente fidedigno sobre los hechos que la han definido y de tener memoria de tales hechos”.

En segundo lugar, para la CIDH la memoria es una forma de compensación de carácter no pecuniario, del sufrimiento y aflicciones causados a las víctimas directas y allegados, “mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos” orientados a la “recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos”[2], así como forma de “despertar la conciencia para evitar la repetición de hechos lesivos”[3].

En tercer lugar, es una medida de satisfacción y por ende, de reparación de derechos, entendida desde los instrumentos internacionales, la doctrina y la jurisprudencia –internacional y nacional- como simbólica.

Igualmente, la memoria es un proceso con diferentes temporalidades –pasado, presente y futuro-, por la cual no puede circunscribirse únicamente al pasado de los sujetos, en cuanto busca la construcción o reconstrucción de la historia colectiva en aras de conocer un pasado y unas raíces, pero también para evitar el deterioro de la identidad socio-cultural de la comunidad (Fuentes, 2010, p.169).

De acuerdo a lo anterior, la memoria histórica se caracteriza por entenderse de múltiples formas: como un derecho, desde la dimensión colectiva del derecho a la verdad, o como un mecanismo de protección de derechos para evitar la repetición de graves violaciones de DDHH, o como medida de reparación simbólica.

En todo caso, la memoria histórica es un derecho que tienen NNA víctimas del desplazamiento, con el correlativo deber del Estado en la materia, sin importar cómo se entienda este derecho, ya que lo importante es hacerlos visibles en un contexto de marcada indiferencia social.

[1] Información tomada de http://prezi.com/ymqcign59izh/comite-de-seguimiento-proyecto-nna/ recuperada el día 20 de abril de 2014

[2] Ver caso “Masacre de Mapiripán vs. Colombia”, sentencia del 15 de septiembre de 2005 de la CIDH, párrafo 282.

[3] Ver caso “Niños de la Calle vs. Guatemala” (Villagrán Morales y otros) sentencia del 26 de mayo de 2001 de la CIDH, párrafo 103.