Yaigojé Apaporis: una cuestión de derechos indígenas

 

Tal consideración es reforzada por el Decreto 622 de 1977, que al establecer que no resulta incompatible la coexistencia de un Parque con un Resguardo Indígena, permite implementar un área protegida de este tipo sobre el territorio del Yaigojé Apaporis. Sin embargo, la misma disposición establece que cuando por razones de orden ecológico y biogeográfico haya de incluirse, total o parcialmente un área ocupada por grupos originarios dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se debe establecer un Régimen Especial de Manejo en beneficio de éstos, con el fin de respetar la permanencia de la comunidad y su derecho al aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables, observando las tecnologías compatibles con los objetivos del área protegida.

Este Régimen Especial de Manejo es considerado por la UAESPNN como una estrategia de planeación concertada entre la autoridad ambiental y las Autoridades Tradicionales, que busca definir acuerdos sobre el uso, control y coadministración de los recursos naturales presentes en el área de traslape, los que deberán responder a un proceso social de conservación de la biodiversidad que integre y enriquezca culturalmente a los pueblos indígenas y que garantice la conservación de la biodiversidad y la supervivencia étnica y cultural de los grupos originarios presentes en el área (UAESPNN, 2012).

En el caso objeto de estudio, las Autoridades Tradicionales solicitaron al MAVDT la creación de un Parque Nacional Natural sobre el territorio del Resguardo, bajo la condición de que el mismo tendría un Régimen Especial de Manejo acordado entre la UAESPNN y Aciya, basado en la orientación de los tradicionales. Con este propósito, durante la protocolización de la consulta se acordaron ciertos aspectos que fueron incorporados a la Resolución que creaba el área protegida, y que servirían de lineamientos para el mismo.

De esta forma, se estableció que el manejo integral del área se haría por las Autoridades Tradicionales, que el Parque sería inscrito en el registro de matrícula inmobiliaria del Resguardo como una afectación de carácter ambiental especial, que la constitución del área protegida no afectaría la autonomía de los pueblos indígenas, que la función de conservación del territorio se iba a coordinar entre la Autoridad Indígena y la Autoridad Ambiental y que se respetarían las prácticas de cultivo, recolección, pesca y cacería propias de los pueblos indígenas.

Así mismo, se fijaron los objetivos de conservación, los cuales estarían dirigidos a proteger los valores culturales de los pueblos indígenas asociados a la conservación, uso y manejo del territorio, a contribuir a la conectividad de los ecosistemas, garantizando la integridad ecosistémica del área y el sustento de la reproducción social, cultural y económica de las comunidades, y a fortalecer el Sistema de Sitios Sagrados y rituales asociados, sobre los cuales se soporta el manejo y uso del territorio que hacen los grupos indígenas del “Complejo sociocultural del Mirití-Apaporis”.

De esta manera, la figura de Parque Nacional Natural cuya creación fue solicitada por las Autoridades Tradicionales del Yaigojé Apaporis, resulta ser un mecanismo efectivo para fortalecer los mecanismos de protección y conservación de los recursos naturales y sitios sagrados del Resguardo, y para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos indígenas Makuna, Tanimuka, Letuama, Cabiyari, Barazano, Yujup-maku y Yauna asociados a la conservación, uso y manejo de los mismos.

Así mismo, con esta figura no se vulneran los derechos de las comunidades del Mirití-Apaporis a la libre determinación indígena, a mantener y desarrollar sus propias instituciones, al desarrollo propio, a los territorios ancestrales y a los recursos naturales que se encuentran en ellos, puesto que los mismos no son incompatibles con los objetivos de conservación definidos para el área protegida implementada y su ejercicio quedará garantizado a través del establecimiento del Régimen Especial de Manejo, cuando el mismo sea definido.

CONCLUSIONES

En la presente investigación se estudió el marco jurídico de derechos colectivos de los pueblos indígenas existente a nivel nacional, y se analizó un caso en el que las diferentes visiones culturales de desarrollo y bienestar enfrentadas, giran en torno al ejercicio, garantía y protección de los mismos. El objetivo fue examinar el alcance y contenido de este tipo particular de derechos humanos. Si bien a lo largo del documento se consignaron los resultados del estudio y análisis realizado, es necesario que, a modo de conclusiones, se sinteticen los principales resultados obtenidos durante el proceso de investigación, los cuales se expondrán siguiendo el orden temático ya definido.

a. Existe un conflicto entre las comunidades del Resguardo Yaigojé Apaporis agremiadas en Aciya y en Acitava, en relación con la creación de un área protegida sobre su territorio ancestral. Aciya considera que con el Parque se salvaguardó su patrimonio cultural. Acitava considera que con el mismo se vulneró el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y se restringió el libre ejercicio de todos sus derechos colectivos.
b. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas implica para estos grupos el derecho a la autonomía en relación con sus asuntos internos y a la participación en la vida política y administrativa y en los procesos de adopción e implementación de decisiones de los Estados a los que hacen parte.
c. En virtud del derecho a la autonomía, los indígenas tienen el derecho a conservar y desarrollar sus propias instituciones, a perseguir libremente su desarrollo, a sus tierras y territorios ancestrales y a los recursos naturales que se encuentren en ellas.
d. En virtud del derecho a la participación, los indígenas tienen el derecho general de participación en los órganos representativos y a ser consultados para obtener su consentimiento libre previo e informado, antes de la adopción o implementación de cualquier decisión que pudiese afectarlos directamente.
e. Las Autoridades Tradicionales del Yaigojé Apaporis agremiadas en Aciya, ejerciendo su autoridad y funciones culturales, podían legítimamente solicitarle al MAVDT la creación de un área protegida sobre su territorio ancestral.
f. La iniciativa sobre la creación de un Parque Nacional Natural surgió de las Autoridades Tradicionales. Debido a que la iniciativa es el resultado de un ejercicio del derecho a la libre determinación, no se configuran los elementos requeridos para garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, y por consiguiente, el mismo no fue vulnerado.
g. El proceso de consulta previa fue adelantado por Aciya y delegados del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior, contó con un proceso de preconsulta, se realizó un recorrido de socialización por las comunidades y se protocolizó en debida forma. Lo anterior resulta ser garantía suficiente para afirmar que no fue vulnerado el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas del Yaigojé Apaporis.
h. La figura de Parque Nacional Natural admite la realización de actividades relacionadas con los valores culturales de los pueblos indígenas. La normatividad establece que cuando se incluya un área ocupada por grupos originarios en un Parque, se deberá establecer un Régimen Especial de Manejo en beneficio de éstos. De esta forma, con la creación del Parque no se vulneraron los derechos colectivos de los pueblos del Yaigojé Apaporis, puesto que su ejercicio no resulta incompatible con los objetivos de conservación propios esta figura.

A pesar de que su existencia física y cultural se encuentre constantemente amenazada por fenómenos de violencia e intereses económicos, existe en Colombia un contexto político, jurídico e institucional, que le permite a los grupos originarios el poder desarrollar plenamente su identidad cultural diferenciada asumiendo de manera autónoma el control de sus asuntos internos, y el poder participar de manera efectiva en la institucionalidad nacional y en los procesos de adopción e implementación de decisiones conforme sus propios usos y costumbres. De esta forma, los pueblos indígenas dejaron de ser un simple objeto de protección constitucional, para pasar a ocupar un rol importante en la definición y construcción del Estado Social y Democrático de Derecho establecido en la Constitución Política de 1991.