Yaigojé Apaporis: una cuestión de derechos indígenas

 

La consulta surge con el fin de garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos a ejecutarse en los territorios indígenas, cuya iniciativa no sea el resultado de un proceso propio e interno, y que supongan una amenaza o vulneración para los derechos colectivos de los grupos originarios, o puedan repercutir negativamente en su bienestar, cuenten, antes de su adopción o implementación, con el consentimiento de los mismos. Igualmente, este derecho va dirigido a asegurar que cualquier medida legislativa o administrativa adoptada a nivel institucional, que pueda afectar negativamente a los pueblos indígenas, cuente, igualmente, con su consentimiento.

La obligación de garantizar este derecho recae directamente en cabeza del Estado y se requiere del cumplimiento simultáneo de los elementos propios de su definición. Así las cosas, las consultas deben realizarse a través de las instituciones que cumplan con los requisitos de representatividad de la comunidad, es decir, que sean el resultado de un proceso propio e interno de los pueblos indígenas, deben realizarse de buena fe, asegurándose de que los pueblos indígenas cuenten con toda la información relevante y que puedan entenderla en su totalidad, y deben realizarse a través de procedimientos adecuados que permitan la plena participación de los pueblos indígenas y con la antelación suficiente para que puedan organizar sus propios procesos de adopción de decisiones, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres (OIT, 2009, pág. 61 y 62).

Se busca entonces de esta forma obtener el consentimiento de la comunidad, el cual debe ser otorgado de manera libre, previa e informada. El que el consentimiento sea otorgado de manera libre significa que se conceda sin coerción, intimidación o manipulación. Que sea otorgado de manera previa, significa que se ha tratado de obtener con suficiente antelación a la implementación de las medidas consultadas y teniendo en cuenta las exigencias de tiempo que requieren los grupos originarios para llevar a cabo los procesos de consulta (GNUD, 2008, pág. 32).

Por su parte, que el consentimiento sea informado, significa que se suministra, entre otras cosas, la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de la ley, decreto, política, plan, programa o proyecto propuesto, las razones o el objeto del mismo, la duración, las zonas y derechos que se verán afectados, una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluidos los posibles riesgos en un contexto que respete el principio de precaución, una distribución de beneficios justa y equitativa, las medidas de indemnización por los daños que se puedan ocasionar y el personal que probablemente intervenga en su ejecución (GNUD, 2008, pág. 32).

Si bien este derecho implica que los pueblos indígenas tienen la posibilidad de no otorgar su consentimiento, esta negativa no ha sido entendida a nivel nacional como un poder real de veto. Con el fin de darle alcance a la consulta más allá de lo meramente informativo, la Corte Constitucional estableció que el criterio que permite conciliar de manera efectiva ambos extremos, es el grado de afectación que se pueda generar a los grupos originarios con la decisión a adoptarse o implementarse. De esta forma, a través de la consulta se busca armonizar los intereses del grupo predominante con los intereses de pueblos indígenas, determinando la medida que resulte menos lesiva para estos últimos (Corte Constitucional de Colombia, 2011).

Así las cosas, los procesos de consulta deberán plantearse teniendo en cuenta cada caso en concreto, con el fin de crear un espacio de dialogo y disertación entre iguales en medio de las diferencias, para que los agentes externos al grupo puedan explicar de forma concreta y transparente cuál es el propósito de la decisión a adoptarse o implementarse, y para que los pueblos indígenas puedan exponer sus preocupaciones, necesidades y puntos de vista frente a las mismas. Así mismo, los procesos de consulta implican la evaluación, con la participación de los grupos involucrados, de los impactos sociales, espirituales, culturales y ambientales de la decisión a adoptarse o implementarse, y que los resultados de dichas evaluaciones sean tenidos en cuenta como criterio fundamental para determinar el grado de lesividad que se podría causar con la medida (Corte Constitucional de Colombia, 2011).

Ahora bien, en el evento en que se explore con la participación de los grupos originarios todas las alternativas, y que de dicho proceso resulte probado que todas amenazarían la existencia de los pueblos indígenas como grupos diferentes, ha considerado la Corte que prevalecerá la protección general de los grupos originarios (Corte Constitucional de Colombia, 2011).

Adicionalmente, y en búsqueda de la efectiva garantía y protección de este derecho, mediante un proceso de preconsulta y/o postconsulta a realizarse de común acuerdo con el grupo originario involucrado, se debe definir el procedimiento a seguir en cada proceso de consulta, así como las lenguas en las que se va a desarrollar y sus respectivos traductores, y se debe contar con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, admitiéndose, incluso, la posibilidad de contar con el apoyo de organismos internacionales cuyos mandatos estén orientados a prevenir y proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas (Corte Constitucional de Colombia, 2011).

Cómo ya quedó establecido, en el caso del Yaigojé Apaporis se debe señalar que la iniciativa de creación de un Parque Nacional Natural, surgió directamente de las Autoridades Tradicionales asociadas en Aciya. Estos Tradicionales, en ejercicio de su derecho a la libre determinación indígena, de manera autónoma y conforme a sus usos y costumbres, decidieron solicitar al MAVDT la creación de un área protegida sobre su territorio ancestral.

Así mismo, se debe señalar que esta iniciativa surgió como respuesta a la amenaza que representaba el interés minero sobre los yacimientos auríferos ubicados debajo de Yuisi, que se reitera, es el sitio más sagrado para los pueblos indígenas de la región. De esta forma, con el establecimiento de la figura del Parque, las Autoridades Tradicionales buscaban salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos indígenas del Mirití-Apaporis, asociado a la conservación, uso y manejo de sus recursos naturales.

Quiere decir lo anterior que la decisión adoptada por Aciya, en ejercicio del derecho a la libre determinación indígena va dirigida única y exclusivamente a protegerse del impacto desestabilizador que sobre su integridad cultural podría generar una eventual explotación de oro sobre Yuisi. En ese mismo sentido, no se puede afirmar que con la decisión de crear un área protegida se busque restringir los derechos colectivos de los pueblos indígenas que conforman las comunidades del Resguardo, sino que va dirigida exclusivamente a salvaguardar su patrimonio cultural de una amenaza generada por agentes externos a los mismos.

De esta forma, se puede evidenciar que en el presente caso no se configuran los elementos esenciales de la definición del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, y que por consiguiente tal derecho no fue vulnerado. Esto por cuanto, se reitera, la iniciativa de crear un área protegida es el resultado de un ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación indígena de los pueblos del Resguardo Yaigojé Apaporis, ejercido a través de sus Autoridades Tradicionales reunidas en Aciya, y dirigido a preservar los valores culturales de los grupos originarios de la región.

Admitir lo contrario sería tanto como afirmar que las Autoridades Tradicionales, en ejercicio del derecho a la libre determinación indígena pueden vulnerar el derecho de la comunidad a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. No debe perderse de vista que el marco jurídico de protección de derechos colectivos de los pueblos indígenas debe ser leído en conjunto, por cuanto todos apuntan a la salvaguarda de la diversidad étnica y cultural que estas comunidades representan, y que la consulta es una forma de diálogo multicultural que sirve para armonizar intereses contrapuestos entre los grupos originarios y la sociedad predominante, y no un instrumento para controvertir decisiones adoptadas por las Autoridades Tradicionales.