Yaigojé Apaporis: una cuestión de derechos indígenas

 

Igualmente, se pudo establecer que los pueblos indígenas del Mirití-Apaporis comparten el ritual sagrado del Yuruparí, eje central de su cultura, el cual es realizado todos los años por los chamanes para la curación del mundo. Los chamanes son considerados por estos grupos como las Autoridades Tradicionales, por cuanto tienen a su cargo la negociación, sustentación y mantenimiento del mundo. Estos Tradicionales son la máxima autoridad al interior de las comunidades y además del Yuruparí, tienen la responsabilidad de salvaguardar el territorio, sus sitios sagrados e integridad cultural, razón por la cual son los llamados culturalmente a definir el destino de sus comunidades y a adoptar las medidas que consideren pertinentes para su protección.

Aciya fue conformada por las Autoridades Tradicionales y Capitanes del Yaigojé Apaporis en el año de 1994, con el propósito de que las 19 comunidades indígenas del Resguardo contaran con una forma de organización interna que facilitara su interlocución con el Estado colombiano y la protección de su territorio y sitios sagrados. En ese sentido, al reunir a todas las Autoridades Tradicionales y Capitanes del Resguardo, Aciya es una plataforma que permite que estos pueblos puedan trabajar en conjunto por la plena autonomía en relación con sus asuntos internos, por la efectiva participación en la institucionalidad del Estado colombiano y por el fortalecimiento de los mecanismos de protección de su patrimonio cultural.

Ahora bien, es preciso señalar que el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es uno de los principales derechos colectivos de los grupos originarios, que encuentra su fundamento en la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Programa de Acción de Viena y en la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La libre determinación implica para los grupos originarios el derecho a la autonomía en relación con sus asuntos internos y a la participación plena en la vida política y administrativa y en los procesos de adopción e implementación de decisiones de los Estados a los que hacen parte. En virtud de esa autonomía, los indígenas tienen el derecho a conservar y desarrollar sus propias instituciones, a perseguir libremente su desarrollo, a sus tierras y territorios ancestrales y a los recursos naturales que se encuentren en ellas. En virtud de esa participación, los indígenas tienen tanto el derecho general de participación en los órganos representativos, como el derecho a ser consultados para obtener su consentimiento libre previo e informado, antes de la adopción o implementación de cualquier decisión que pudiese afectarlos directamente.

Sin embargo, existen ciertas condiciones que matizan el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos indígenas. Por una parte, al reconocerse que los estos pueblos enfrentan una grave situación de exclusión social y que por lo tanto, brindar las mismas oportunidades que a otros pueblos puede no ser suficiente para asegurar su supervivencia como grupos culturales diferentes, los grupos originarios cuentan con una gama de derechos colectivos únicos que van dirigidos a asegurar que eleven sus condiciones de vida hasta el mismo nivel que otros grupos ostentan (GNUD, 2008, pág. 12). De esta forma, el reconocimiento de la libre determinación responde exclusivamente a la necesidad de asegurar la supervivencia y el bienestar de estos pueblos como grupos culturales diferentes.

Así mismo, el reconocimiento del derecho a la libre determinación trae aparejada una cláusula de interpretación en virtud de la cual se establece que esta prerrogativa no va dirigida a quebrantar o menoscabar la integridad territorial o la unidad política de los Estados. De esta forma, al quedar limitando el disfrute del derecho al ámbito estatal, la libre determinación comienza a ser entendida, tal y como lo define Anaya, como el derecho colectivo de estos pueblos a participar, en condiciones de libertad e igualdad, en la institucionalidad de los Estados a los que hacen parte y a contar con un marco jurídico propio que les permita tener un control permanente sobre sus propios asuntos (Anaya, 2005, pág. 169).

Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, el derecho a la libre determinación conlleva para los Estados la obligación de reconocer las prácticas, costumbres e instituciones de los grupos originarios, y de consultar y cooperar con los mismos para adoptar todas las medidas apropiadas, tanto legislativas como administrativas, que permitan la construcción de este marco jurídico propio y alcanzar la autonomía y la participación mencionadas (OIT, 2009, pág. 29). Obligación que va más allá de los simples compromisos de cooperación internacional exigidos por la Carta de las Naciones Unidas, en el caso en que la libre determinación llegase a generar la creación de un nuevo Estado Soberano.

El marco jurídico propio señalado, implica la prerrogativa que tienen los grupos originarios de definir sus propias instituciones, autoridades y formas de gobierno, a darse o conservar sus propios valores, normas y costumbres, a decidir sus propios modelos de bienestar y desarrollo, a determinar sus planes de vida y a adoptar las decisiones internas que consideren más adecuadas para la protección de los mismos (Corte Constitucional de Colombia, 2009a). Prerrogativa que, en virtud de la cláusula límite y de interpretación anteriormente mencionadas, debe ser entendida en armonía con el principio de unidad nacional y el respeto del carácter normativo de la Constitución.

Bajo los parámetros del principio de unidad nacional, el pleno ejercicio del derecho a la libre determinación indígena genera tensiones en los puntos de encuentro entre los diferentes modelos y prioridades de desarrollo y bienestar de la sociedad predominante y de los grupos originarios. Razón por la cual, el reconocimiento de este derecho implica para el Estado colombiano, además de las obligaciones ya señaladas, la obligación de delimitar claramente el campo de acción para la toma de decisiones del gobierno y de las Autoridades Tradicionales indígenas, así como la obligación de establecer mecanismos de coordinación y concurrencia entre los mismos (Corte Constitucional de Colombia, 2009b).

Por su parte, el respeto del carácter normativo de la Constitución implica para los pueblos indígenas una restricción a la libre determinación cuando el ejercicio de esta prerrogativa signifique la adopción de decisiones que vulneren el derecho a la vida, la prohibición de tortura, la prohibición de esclavitud y el principio de legalidad –especialmente, en materia penal–. Estos derechos pertenecen al grupo de prerrogativas intangibles reconocidas por todos los tratados internacionales de derechos humanos, que no admiten ser suspendidos ni siquiera en situación de conflicto armado, por lo que deben ser respetados en toda circunstancia por los grupos originarios (Corte Constitucional de Colombia, 1998).

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que las Autoridades Tradicionales del Yaigojé Apaporis, ejerciendo su autoridad y funciones culturales, podían legítimamente solicitarle al MAVDT la creación de un área protegida sobre su territorio ancestral, sobre todo cuando el propósito de la misma está dirigido a proteger los valores culturales de los pueblos indígenas del Mirití-Apaporis, asociados a la conservación, uso y manejo de sus recursos naturales. Decisión que además resulta ser un verdadero ejercicio del derecho a la libre determinación indígena, por cuanto se encontraba acorde con la naturaleza y definición de este derecho y dentro de sus límites constitucionales, como son la unidad nacional y el respeto del carácter normativo de la Constitución.

El derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas del Resguardo Yaigojé Apaporis.

El derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado es uno de los principales derechos colectivos de los pueblos indígenas, que encuentra su fundamento en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En virtud de estas disposiciones, los grupos originarios tienen el derecho a ser consultados, por medio de sus instituciones representativas, de buena fe y mediante procedimientos apropiados, antes de la adopción o implementación de decisiones sobre cuestiones que amenacen o afecten sus derechos colectivos, con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Este derecho implica también la posibilidad para los grupos originarios de no otorgar el consentimiento.