Yaigojé Apaporis: una cuestión de derechos indígenas

 

De manera paralela, y para los efectos previstos en el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) en relación con las zonas excluibles de la minería, el 25 de septiembre de 2009 la UAESPNN solicitó a Ingeominas información acerca de las áreas geográficas sobre las cuales existía interés minero. El 8 de octubre de 2009 Ingeominas informó que dentro de la zona del proyecto no se habían otorgado títulos mineros (MAVDT, 2009).

De esta forma, agotados los requisitos constitucionales y legales para la creación de un Parque Nacional Natural a través de la UAESPNN, y agotado el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas involucradas, el MAVDT profirió la Resolución Número 2079 de 27 de octubre de 2009 “Por medio de la cual se declara, reserva, delimita y alindera el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis”, en la que se consignaron los acuerdos suscritos durante la consulta previa, y que fue publicada en Diario Oficial Número 47.517 del 29 de octubre de 2009.

Pese a lo anterior, el 29 de octubre de 2009 la Dirección de Servicio Minero de Ingeominas celebró con Cosigo el contrato de concesión minera IGH-15001X, inscrito en el Registro Minero Nacional el día 13 de diciembre de 2012, para la explotación de oro en el área de La Libertad que ahora hacía parte del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis (Catastro Minero Colombiano, 2013).

El 31 de diciembre de 2009 la Dirección Territorial Amazonía Orinoquía de la UAESPNN, solicitó a Ingeominas “cancelar el título minero y abstenerse de adjudicar otros dentro del polígono del Parque”, con base en tres argumentos. En primer lugar, dado que el contrato de concesión minera había sido inscrito en el día 13 de diciembre de 2012, el mismo era nulo y no generaba derechos por cuanto para ese entonces la creación del Parque ya se encontraba en firme. Así mismo, al encontrarse el lugar de extracción en un Resguardo Indígena, se requería agotar el proceso de consulta previa. Finalmente, al encontrarse el lugar de extracción en la Reserva Forestal de la Amazonía creada por Ley 2° de 1959, se requería realizar previamente la sustracción de la misma.

El 4 de febrero de 2010 Ingeominas dio respuesta a la comunicación de la UAESPNN informando que se tomarían las medidas pertinentes en relación con el contrato de concesión IGH-15001X, y para julio de 2011, ordenó la terminación del contrato y el retiro y desalojo de todas las obras y labores mineras, así como de la ocupación que pudiera estar adelantando Cosigo en el área de la concesión.

Por su parte, Benigno Perilla, indígena de la etnia Wanano, y por lo tanto foráneo a los pueblos indígenas del Mirití-Apaporis, interpuso acción de tutela contra la Resolución 2079 de 2009, por considerar que se había vulnerado el derecho fundamental de los pueblos indígenas del Resguardo Yaigojé Apaporis a la consulta previa, argumentando, entre otras cosas, que algunas comunidades no habían participado del proceso, que no se habían explicado claramente los efectos que sobre estas comunidades tendría la creación del área protegida, y que con la misma se había sometido a los pueblos indígenas de la región a vivir según sus usos tradicionales, sin posibilidades de desarrollarse bajo los estándares del mundo exterior (Caracol Radio, 2013).

Así mismo, varias comunidades ubicadas en jurisdicción del departamento del Vaupés, cuyos Capitanes no estuvieron de acuerdo con la creación del Parque Nacional Natural, se separaron de Aciya y conformaron la Asociación de Comunidades Indígenas de Taraira-Vaupés –Acitava–, la cual fue inscrita como entidad de carácter público especial mediante Resolución Número 0009 del 08 de febrero de 2011 de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del entonces Ministerio del Interior y de Justicia.

Desde su conformación, Acitava ha manifestado por diversos medios su oposición al Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, por cuanto considera que con el mismo se pierde el territorio ancestral, se limita su autonomía, se vulnera su derecho al desarrollo y se atenta contra el uso, manejo y aprovechamiento tradicional de los territorios ancestrales. Así mismo, Acitava ha acusado a la Fundación Gaia Amazonas de promover y patrocinar la creación del Parque, con el fin de poder obtener beneficios económicos relacionados con la venta de créditos de carbono y el desarrollo de actividades de ecoturismo en la zona .

En entrevista realizada el 26 de julio de 2012, Martín von Hildebrand, Director de la Fundación Gaia Amazonas, manifestó que tales acusaciones partían de la premisa errónea, por parte de los detractores del área protegida, de que si se desacreditaba a la Fundación, se desacreditaba el proceso de creación del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis. Los detractores presumían la existencia una manipulación por parte de la fundación sobre las Autoridades Tradicionales del Resguardo, sin tener en cuenta que la decisión había sido adoptada por las mismas de manera autónoma (von Hildebrand, 2012).

En la actualidad los pueblos del Yaigojé Apaporis se siguen enfrentando a los intereses que la minería, legal e ilegal, despiertan en la zona. A pesar de que Ingeominas ordenó la terminación del contrato de concesión otorgado a Cosigo el mismo se encuentra vigente. Las comunidades están divididas en dos asociaciones cuya autoridad desconocen mutuamente. La Corte Constitucional no se ha pronunciado en relación con la tutela interpuesta por Benigno Perilla. Finalmente, no se ha formulado el Régimen Especial de Manejo, el cual resulta indispensable para la salvaguarda de la diversidad cultural de los pueblos de la región.

El derecho a la libre determinación indígena de los grupos originarios del Resguardo Yaigojé Apaporis.

La Constitución Política de 1991 definió los territorios indígenas como entidades territoriales con autonomía política, fiscal y administrativa, contempló que la constitución y delimitación de los mismos estaría sujeta a la participación de los representantes de los grupos originarios elegidos según los usos y costumbres de cada pueblo y les otorgó protección constitucional bajo el entendido de que las tierras comunales y Resguardos son propiedad colectiva, de naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable.

Esta autonomía política se traduce en el derecho que tienen los pueblos indígenas de elegir sus propias autoridades, conforme a sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución y la Ley, las cuales actúan como la máxima autoridad de la comunidad en relación con la definición de sus asuntos internos, y sirven de interlocutores frente al Estado y frente a otras comunidades (Corte Constitucional de Colombia, 1994).

Tales autoridades, en virtud de lo establecido en el parágrafo quinto del artículo 2 del Decreto 2164 de 1995, son los miembros del grupo que ejercen dentro de la respectiva estructura cultural un poder de organización, gobierno, gestión o control social. A través de estas autoridades los grupos originarios definen su propio destino, hacen efectivos sus derechos colectivos y adoptan las medidas que consideren pertinentes para preservar su existencia cultural diferente (Corte Constitucional de Colombia, 1995).

Cómo ya se pudo establecer, el Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis se encuentra representado por la Asociación de Capitanes Indígenas del Yaigojé Apaporis –Aciya–. Este tipo de asociaciones se encuentran reguladas por el Decreto 1088 de 1993, que las define como entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, y que tienen por objeto el desarrollo integral de las comunidades indígenas que agremian. No obstante, en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la misma disposición, la autonomía de las Autoridades Tradicionales no se compromete por el simple hecho de pertenecer a una asociación de estas características.