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Restitución de la mujer desplazada en la Ley de Justicia y Paz y en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

 

Conclusiones

A pesar de que ya en los Decretos Reglamentarios de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), valga decir, Decreto Reglamentario 4800 de 2011, Decreto Reglamentario 4801 de 2011, Decreto Reglamentario 4802 de 2011 y Decreto Reglamentario 4829 de 2011, se contienen ciertas medidas enfocadas precisamente al tema de restitución de tierras a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado hallo pertinente recomendar la implantación de toda una política pública en materia de restitución de tierras que:

 

­ No solo propenda por mejorar desde el punto de vista teórico la situación de las mujeres víctimas en situación de desplazamiento, sino que al tiempo persiga la implantación de los beneficios a ellas reconocidos. Para lo que deberá contarse con un análisis previo de la viabilidad financiera, política y social de las medidas a reconocer.

­ Persiga no solo el tratamiento de la situación de desplazamiento, sino también el acceso por parte de las mujeres víctimas a los mecanismos de prevención del desplazamiento forzado y procura de restitución de sus tierras, lo que a su vez se haría viable mediante la apertura de cursos de capacitación e información, la expedición de folletos impresos o vía informática, sin perjuicio de que el funcionario directo encargado de asistirlas tenga el deber de suministrarle verbalmente la información referida. Todo esto con miras a que una vez siendo conocedoras del deber por parte del Estado de procurarles una real restitución de sus tierras y de las formas cómo hacerlo viable, puedan ahora sí propender por la efectividad de la misma.

­ Cobije los programas de atención, reparación y vigilancia post-reparación de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, pues mal se haría con perfeccionarse los programas de reparación cuando los programas de atención siguen permaneciendo débiles e inestables. Debe proporcionárseles por tanto a las mujeres víctimas de este fenómeno, un tratamiento privilegiado y diferenciador desde la etapa de atención hasta la de su posterior reparación, brindándoles un constante seguimiento a lo largo de todo el proceso.

­ Establecimiento de mecanismos idóneos para el manejo y actualización de la información que salvaguarde los intereses de quienes ostentan realmente la calidad de víctimas de un desplazamiento y evite la inclusión de quienes no lo sean: lo anterior según lo planteado por Adriana Serrano, asesora de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Adriana Serrano, 2010).

Una de los mayores problemas a nivel de atención de la población desplazada es precisamente en lo referente a la actualización y manejo de la información que hace que muchas veces se incluyan a personas que no son desplazadas y se excluyan a quienes sí lo son.

­ Determine de forma expresa y clara los agentes encargados de su ejecución, esto con el propósito de evitar la incertidumbre que suele presentarse en las víctimas en torno a los organismos adonde deberán dirigirse para su atención y para su reparación, pues es precisamente este desconocimiento lo que muchas veces termina obstaculizándoles la posibilidad de acceder a una reparación integral.

­ Contenga una política de capacitación y aprendizaje para las mujeres víctimas del desplazamiento forzado que les permita asumir, de ser el caso, la función económica- social a la que se ven obligadas una vez perdido su proveedor económico. Pues de nada sirve que se les restituyan sus tierras si ellas no sabrán cómo trabajarlas o explotarlas. Y así lo deja ver Adriana Serrano al apuntar (Adriana Serrano, 2010):

Algo que también debería acompañar la política de una restitución es el procurar el aprendizaje de estas mujeres afectadas por un desplazamiento toda vez que si perdieron su proveedor económico por ejemplo necesitan asumir un nuevo rol y por ende aprender a desarrollarlo, aprender a trabajar y proveer para su familia (…).

(…)En las organizaciones de mujeres se les da principalmente una orientación en cuanto al acceso a la justicia y a nivel psicosocial pero como tal no existe una red para asesorarlas en lo referente a oportunidades laborales.

­ Promueva la “humanización de las políticas públicas asistenciales, esto es, la implementación de mecanismos reglados de capacitación y evaluación de los funcionarios encargados de la labor de asistencia, atención y reparación de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado en torno a la incidencia particular del desplazamiento forzado en la mujer, con el objeto de que éstos a su vez puedan interiorizar la situación de aquellas y brindar de esta forma un servicio social y humano, acorde con las necesidades individuales de cada una de ellas.

­ Contenga la sistematización de la información de las víctimas de desplazamiento forzado, clasificadas en orden cronológico, a nivel territorial y según niveles de urgencia, dando prioridad en los términos de la Ley de Víctimas a las mujeres, niños y personas con discapacidad. Lo anterior, con el propósito de evitarles a las víctimas el tener que desplazarse cada cierto tiempo a un centro de atención, distante del lugar donde se estén albergando temporalmente, para consultar una información que bien podría ser obtenida en un punto de atención cercano que brindase la posibilidad de consultar por sistema, la información requerida, como sucedería con los cambios en la fechas de atención, la programación de la hora y la forma en la que se hará consistir la ayuda humanitaria, pues a lo largo de varias entrevistas realzadas a mujeres víctimas de un desplazamiento forzado, se logró observar que la gran mayoría de ellas, desconocen lo que se les irá a otorgar en el centro asistencial y son obligadas a asistir de forma repetitiva para consultar informaciones que bien podrían ser consultadas por ellas sin necesidad de trasladarse. Tal parece ser la propuesta de una de las entrevistadas cuando de forma rotunda expresó:

Me parece necesario lo de hacer todo de forma electrónica empezando que así el Estado no tendría que pagar tantos empleados y con lo que se ahorraría nos podría ayudar más a nosotros sin tanta burocracia. No es justo que tengamos que venir cada 2 meses porque si es niño de crecimiento toca andar (…) sería bueno que existiera un medio electrónico donde pudiese uno mirar la información sin tener que venir siempre.[1]

Luego de contrastar el contenido de los nuevos Decretos Reglamentarios de la nueva Ley de Víctimas con la propuesta anterior, se obtiene, que muchas de las recomendaciones planteadas fueron adecuadamente cobijadas por los Decretos. No obstante lo anterior, y muy a nuestro pesar, con los distintos Decretos Reglamentarios de la Ley de Víctimas, se subsanarán, en su mayoría, solamente falencias en los programas asistenciales, toda vez que no se desarrollan ni reglamentan los beneficios concedidos en materia de restitución a las mujeres víctimas de un desplazamiento, pues se limitan a desarrollar el proceso de reparación en sus distintas formas pero de manera muy general sin que se atiendan criterios diferenciadores que sí fueron atendidos a nivel teórico en la respectiva Ley de Víctimas.

Por todo lo anterior no queda más que aguardar esperanzados a que el gobierno se percate de los vacíos contenidos en los respectivos Decretos Reglamentarios y de forma oportuna los subsane, sin que los mismos hubiesen dado lugar al efecto que subyace de no ser enmendados, cual es, la no aplicabilidad de los beneficios contenidos en la Ley de Víctimas.

No obstante lo anterior, todavía quedarían lagunas por ser subsanadas en nuestro ordenamiento jurídico en materia de restitución; pero sin dudarlo y de forma contundente se puede afirmar que hoy es mucho menor el camino a recorrer por mostrarse más extenso el camino recorrido en la búsqueda por saldar la inmensa deuda social del Estado colombiano con todas las mujeres víctimas de un desplazamiento forzado.


[1] Entrevista número tres realizada en la ciudad de Bogotá el día 14 de abril del 2011.