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Restitución de la mujer desplazada en la Ley de Justicia y Paz y en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

 

Luego de cinco años de vigencia, se pudo percibir como a pesar de haberse logrado un avance en términos de verdad, no hubo mejoría alguna en términos de justicia y reparación, tres derechos de igual rango y relevancia reconocidos a nivel internacional para las víctimas de cualquier delito y que de ninguna forma pueden ser excluyentes entre sí. Es cierto entonces, que muchos miembros de grupos armados decidieron desmovilizarse, pero no lo es menos, que las víctimas de estos siguen aún hoy en espera de una restitución que consideran nunca va a llegar, por esta razón no extraña ver a personas como María Jimena Duzán[1], expresar: “todo el pueblo sabía que los iban a matar. El asesinato de mi hermana Sylvia ocurrió como en la novela de García Márquez Crónica de una muerte anunciada: todos vieron a los paramilitares llegar, ir hasta la plaza del pueblo, entrar en el restaurante. Eran unos seis, se levantaron, abrieron fuego y los mataron a todos”.

Y luego decir: Han pasado 20 años y no ha pasado nada. El caso permanece en total impunidad, las víctimas creímos que esta era una oportunidad para saber la verdad y obtener justicia, pero Uribe ha terminado sus ocho años sin darnos justicia ni reparación, sólo un poco de verdad”[2].

Situación penosa pero no excepcional en nuestro país, pero que se intentó superar con instrumentos como la Ley 975 del 2005 que, a pesar de no haber conseguido los logros y expectativas originalmente pensados, en todo caso constituyó un intento por efectivizarlos y no un total fracaso,

Al leer por primera vez la Ley de Justicia y Paz no pareciera contener un sacrificio al derecho a la restitución como forma de reparación, pero al estudiarse más a fondo, se dejan ver rastros de una reparación mínima y muy poco procedente; en parte por la reducida consideración articular que se le otorga.

Restitución en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011) [3]

En materia de reparación, la Ley de Víctimas, no solo reconoce las distintas medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, sino que además, aborda el tema de la restitución de una forma mucho más exhaustiva con relación a las demás medidas de reparación.

La Ley entiende por restitución, “la realización de medidas para el restablecimiento de la situación anterior a las violaciones al Derecho Internacional Humanitario o a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión al conflicto interno a partir del 1° de enero de 1985”.

La Ley de Víctimas diferencia entre el despojo y el abandono forzado de tierras pues mientras el primero es “la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia”; el segundo es definido como “la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento” (art. 74). En ese sentido entonces, el despojo es definido como una “acción”; mientras el abandono forzado es definido como una “situación” por cuanto en el abandono forzado no se logra individualizar voluntad alguna; se trata de un hecho, de un suceso que ocasiona un estado de cosas, esto es, una “situación”; quien abandonó forzadamente sus tierras ha percibido una mutación en sus condiciones fácticas que se concreta en la imposibilidad para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios mientras que quien se ha visto despojado ha sufrido una mutación en el mundo de lo jurídico que se concreta en la privación de su derecho de propiedad, posesión u ocupación de forma arbitraria.

Muchos de los problemas contenidos en la Ley de Justicia y Paz, son resueltos en la Ley de Víctimas. De esta forma, el problema de las dificultades probatorias en torno a la propiedad de las tierras despojadas, por carecerse de los títulos que acrediten su calidad de propietarias, es resuelto por la Ley de Víctimas en su artículo 84 referido al contenido de la solicitud de restitución, al esgrimir que ante la imposibilidad de allegar con la solicitud el “certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria o la certificación del valor del avalúo catastral del predio” se podrá acreditar la calidad de propietario, poseedor u ocupante de las tierras objeto de restitución por cualquiera de los medios de prueba admisibles según el Código de Procedimiento Civil.

El problema referido a la carencia de la calidad de propietaria por parte de la mujer víctima del desplazamiento forzado, por haber sido poseedora o mera tenedora de las tierras más no propietaria de las mismas, es solucionado por la Ley de Víctimas en su artículo 75 al consagrar, dentro de los titulares del derecho a la restitución, no solo a quienes fueran propietarios de predios, sino también a quienes fuesen “poseedores” de predios y que hubiesen sido despojados de estos o que se hubiesen visto obligados a abandonarlos, previendo además, ante esta hipótesis, que el desplazamiento forzado del poseedor no interrumpirá el término de prescripción a su favor que en el caso de haberse completado, en el mismo proceso especial que trae la ley para la restitución se podrá presentar la acción de declaración de pertenencia a favor del restablecido poseedor. Denótese de esta forma que la Ley de Víctimas no solo hace extensiva la restitución a los poseedores, sino que además lo hace de forma expresa y clara, otorgando certeza al derecho que les asiste a estos de ser restituidos.

La dificultad de estar actualmente el bien en poder de poseedores de mala o de buena fe es expresamente resuelta por la Ley de Víctimas al consagrar, en su artículo 77, la presunción de inexistencia de la posesión operante sobre los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas siempre que se hubiere iniciado una posesión sobre el bien objeto de restitución de forma posterior al despojo o desplazamiento del afectado, caso en el cual, se presumirá que dicha posesión nunca ocurrió. De esta forma, le bastará a la víctima del desplazamiento forzado inscribir los predios de los que se ha visto despojada, en el Registro de Tierras Despojadas para que se presuma legalmente que todas las posesiones posteriores al despojo son inexistentes, independientemente a si esta última posesión es de buena fe o no.

Las dificultades derivadas del temor a represalias futuras por parte de los actores del desplazamiento forzado y de persistir el conflicto en el lugar de asentamiento inicial son solucionadas parcialmente y por lo menos teóricamente por la Ley al fijar como principios de restitución los principios de 1) estabilización, según el cual, las víctimas tienen derecho a un retorno y reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad, 2) seguridad jurídica, por el que las medidas de restitución propenderán por garantizar la seguridad jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de la restitución; y el de 3) Prevención, por el que las medidas deberán adoptarse en un marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a la vida e integridad de los reclamantes y de protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas. A lo anterior se suma el haber fijado que, en pro de garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, el Juez o Magistrado mantendrá la competencia hasta tanto estén completamente eliminadas las causas de la amenaza sobre los derechos del reivindicado en el proceso y, el disponer en su artículo 101 que el derecho a obtener la restitución no es transferible por acto entre vivos a ningún título durante los siguientes dos años contados a partir de la entrega del predio, a excepción de que se trate de un acto entre el despojado y el Estado o se cuente con la autorización previa, expresa y motivada del Juez o Tribunal que ordenó la restitución, pues de lo contrario el acto celebrado será ineficaz de pleno derecho.

En lo concerniente al deficiente nivel de atención brindado a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, por carecer de criterios diferenciadores en consideración al género, también la Ley de Víctimas pareciera arrojar una solución por lo menos teórica en su capítulo titulado “Normas para las mujeres en los procesos de restitución” comprendido en los artículos 114 a 118 de la ley, en los que se dispone entre otras cosas lo siguiente:

­ Las mujeres víctimas de despojo o abandono forzado, gozarán de especial protección del Estado en los trámites administrativos y judiciales de la Ley.

­ La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas dispondrá de un programa especial para garantizar el acceso de las mujeres a los procedimientos para la restitución, mediante ventanillas de atención preferencial, personal capacitado en temas de género, medidas para favorecer el acceso de las organizaciones o redes de mujeres a proceso de reparación, así como de áreas de atención a las niños y adolescentes y discapacitados que conformen su grupo familiar, entre otras medidas que se consideren pertinentes.

­ La solicitud para la restitución de mujeres cabezas de familia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas se atenderá con prelación sobre las demás solicitudes.

­ Las solicitudes de restitución efectuadas por las madres cabeza de familia y en general por las mujeres despojadas serán sustanciadas con prelación, para lo cual se pospondrá la atención de otras solicitudes.

­ Una vez la sentencia ordene la entrega de un predio a una mujer despojada, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y las autoridades de policía o militares deberán colaborar para velar la entrega oportuna del predio y para mantener las condiciones de seguridad que le permitan usufructuar su propiedad. Lo anterior, siempre que opere el consentimiento previo de las mujeres víctimas y se garantice la decisión concertada de la adopción y ejecución de estas medidas.

­ Los beneficios en materia de créditos, adjudicación de tierras, garantías, seguridad social, educación, capacitación y recreación, subsidio familiar, planes y programas de reforestación y jornadas de cedulación, consagrados en la Ley 731 del 2002 serán aplicados de forma prioritaria a las mujeres que han visto restituidos o formalizados sus predios en los términos de la nueva Ley de víctimas.

­ Siempre que el demandante y su cónyuge o compañero permanente hubieren sido víctimas de abandono forzado y/o despojo del bien inmueble cuya restitución se reclama, en la sentencia se ordenará que la restitución y/o compensación se efectúen a favor de los dos, y para el caso en que con la sentencia se otorgue el dominio sobre el bien, que el registro en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos se efectúe también a nombre de los dos.

­ Se privilegiará a la población de mujeres cabeza de familia, los adultos mayores y a la población discapacitada, víctimas de desplazamiento forzado, en el acceso a los programas y proyectos diseñados por el gobierno según lo contemplado en el capítulo referido a la “Restitución de Vivienda”.


[1] Hermana de Silvia Duzán, periodista de 30 años asesinada por grupos paramilitares al tiempo que producía un documental para el Canal 4 británico sobre una iniciativa por una comunidad de paz.

[2] Agencia Prensa Rural, Desde Colombia con las Comunidades Andinas en Resistencia. “La Ley de Justicia y Paz ha Fracasado en Colombia” Isabel Coello, Viernes 2 de julio del 2010.

[3] En comunión con los respectivos decretos que la reglamentan en materia de restitución de tierras: Decreto Reglamentario 4800 de 2011, Decreto Reglamentario 4801 de 2011, Decreto Reglamentario 4802 de 2011 y Decreto Reglamentario 4829 de 2011.