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Restitución de la mujer desplazada en la Ley de Justicia y Paz y en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

 

¿Reparación? Ley de Justicia y Paz

Por la aprobación de la resolución 60 / 147 el Estado colombiano se ve obligado a integrar dentro de su derecho interno, las disposiciones y directrices a nivel internacional para la protección de las víctimas de conductas violatorias del Derecho Internacional Humanitario el cual prohíbe expresamente el Desplazamiento Forzado de la población civil en su protocolo II adicional. A contrario sensu: ocasionar el Desplazamiento forzado es una conducta violatoria del Derecho Internacional Humanitario y por tanto; las víctimas del mismo son titulares de los derechos reconocidos por Los Principios y Directrices Básicos sobre los Derechos de Las víctimas: A) Derecho al acceso igual y efectivo de Justicia; B) Derecho a la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido y C) Acceso a la información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.

Para lo que nos interesa: Una reparación adecuada, efectiva y rápida según Los Principios y Directrices Básicos sobre los Derechos de Las víctimas, es aquélla que tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y que debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Siguiendo la línea argumentativa, las víctimas del desplazamiento forzado interno se visualizan como titulares del derecho a una reparación adecuada, efectiva y rápida del que el Estado es garante. Pero este derecho no es de ninguna forma un derecho vacío, sino que por el contrario, es un derecho que además de poseer un sin número de condicionantes axiológicas es susceptible de efectivizarse a través de distintas formas, reconocidas en el orden internacional y nacional, valga decir: Rehabilitación; b) Satisfacción; c) Indemnización; d) Garantía de no repetición y e) Restitución, materia de este artículo y por el que siempre que sea posible deberá procurarse devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta. Comprenderá entonces, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes (General, 16 de Diciembre,2005).

La Ley de Justicia y paz encuentra total armonía con los preceptos referidos; con la única salvedad de que a pesar de incluirlos todos y cada uno dentro del contenido del Derecho a la Reparación en su artículo 8, no lo hace así al referirse a las formas de reparación (art 44) en donde termina excluyendo la garantía de no repetición, dentro de aquellas; haciendo reposar a esta última en presupuestos distintos, como si fuera un simple reconocimiento adicional a las víctimas y no una forma de efectivizar sus derechos. Denótese así una incongruencia dentro del cuerpo de la norma, que aunque inicialmente pueda verse como simple, enmarca per se toda una gama de violaciones en lo que al derecho a la reparación se refiere.

Así, en términos de la Ley de Justicia y Paz, la restitución no es otra cosa quela realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito”.

Es de apuntar; que el tema de restitución de las víctimas cobra el carácter de primordial y prevalente para el legislador y constitucionalista colombiano; reflexión a la que obedece el por qué consideraron de suma importancia reconocer el primero; la obligación de reparar a las víctimas y, el segundo; el tachar de inexequible la norma que obligaba a la reparación sólo en el caso de tener el condenado en su poder los bienes destinados para tal fin; obligándolo ahora a proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes necesarios para la misma como condicionamiento para obtener las ventajas que de la ley se predican para él. Disposición tal, que refuerza el derecho a la reparación de aquellas; que de no darse, no sería viable bajo ninguna forma, la concesión de beneficios al condenado (sentencia C-370 del 2006 de la Corte Constitucional M.P Manuel José Cepeda)[1].

Obedece al mismo razonamiento el haberse declarado la inexequibilidad del artículo 46 de la misma ley, referido al tema de la restitución propiamente dicha; obligando de forma categórica y ya no de ser posible (como consignaba la disposición) a la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Lo que incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades sin excusa válida (Sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional, M.P Manuel José Cepeda)[2]

Lastimosamente ha sido otra la apreciación judicial e institucional de las normas en mención, conllevando a su aplicación errada y distante a la intención primaria del legislador y La Constitución. Por lo que no extrañan sentencias que a más de conceder beneficios exagerados y desproporcionados a los actores, lo hacen sin mediar reparación alguna.

Por ser la reparación a garantizar; adecuada, efectiva y rápida en los términos del Derecho Internacional Humanitario, la restitución deberá ser garantizada con la misma efectividad, rapidez y adecuación, Aún a pesar de no obrar norma expresa en la ley de justicia y paz que lo consigne.

Para reconocer cuándo y cómo se materializa una Restitución adecuada, efectiva y rápida, se hace necesario identificar la situación particular de las víctimas a las que se les irá a reconocer. Porque en proporción a ésta, adquirirán un sentido particular las connotaciones de adecuación, efectividad y rapidez, así; lo que para una víctima de cualquier otro delito significaría una restitución adecuada, efectiva y rápida; puede que no lo sea para una víctima del desplazamiento forzado.

En este orden de ideas, una víctima del desplazamiento forzado ve lesionados de una forma singular; entre otros, los derechos a la propiedad, a la posesión, al patrimonio, a la vivienda digna, a la tierra y en el caso de grupos étnicos, el derecho al territorio según lo reconocido por el derecho internacional humanitario. Derechos que entre otras cosas pueden adquirir la significación de fundamental (con todo lo que implica) al entrar en conexidad con derechos como el derecho a la vida, la dignidad y la igualdad.

Así una restitución sólo podrá ser adecuada; en la medida que esté acorde con la situación particular de la víctima, desde el punto de vista de su condición socio-económica y de las circunstancias en las que se ve inmersa[3]; efectiva, siempre que con ella se logre devolver a la víctima a la situación anterior al desplazamiento forzado y rápida, cuando se consiga lo anterior de una forma ágil, tanto a nivel temporal como presupuestal, esto es, en el menor tiempo y con el menor costo social y económico posible.

Por tanto, una restitución real, en los términos antes recalcados sólo podrá ser efectiva en la medida que se le restituyan las tierras a las personas víctimas del desplazamiento forzado, entendidas las tierras como todo aquello de lo que han sido despojadas y que enmarcaban y aseguraban el estilo de vida por ellas llevado, por muy caro o modesto que fuera. Son las tierras; las representaciones fidedignas de su cultura, costumbres, formas de producción, recuerdos; en fin, de su vida.[4] Al despojárseles aquéllas, necesariamente se les despoja de todo aquello que hasta el momento constituía su modus vivendi, razón por la cual muchos ven perdida toda esperanza de vivir en un mundo que se les impone y para ellos además; representa una vida totalmente desconocida. Sólo la restitución de sus tierras puede “aproximarse” a un verdadero “volver de la víctima a la situación que tenía antes del desplazamiento”, dejando a un lado claro está, los enormes daños morales que de haberse causado considero imposible anular.


[1] Artículo 44: <Aparte entre paréntesis inexequible> Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba, el condenado deberá proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes,(si los tuviese), destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación que se le hayan impuesto; colaborar con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación o suscribir un acuerdo con el Tribunal Superior de Distrito Judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación.

[2]Artículo 46. Restitución. <Aparte entre paréntesis inexequible > La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades, (de ser posible).

[3] De esta forma, no será lo mismo la restitución de una persona que poseía dos mil hectáreas a una que poseía diez; ni la restitución de las tierras en poder aún de los actores armados, de aquéllas que ya han sido abandonadas por éstos.

[4] Apúntese que la definición es dada por la autora con base en información recopilada en diversas fuentes. (Corporación Avre- CHF Internacional, 2002) (RUT).