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La víctima y sus derechos en Colombia

 

Para la Corte Constitucional, la figura de la víctima se rige por las siguientes reglas decantadas a través de su jurisprudencia, así: (i) la existencia de una tendencia de protección universal a la víctima, que se fundamenta en el respeto de la dignidad humana traducida en la exigencia de un tratamiento digno a la víctima, a su participación en las decisiones que la afecten, y a obtener una tutela judicial efectiva para el goce de sus derechos; (ii) el reconocimiento de la calidad de víctima a través de la prueba de la existencia de un daño real, concreto y especifico de cualquier naturaleza con el fin de tener legitimación de intervenir en el proceso penal, sin importar si el lesionado sea víctima directa o indirecta de un hecho punible; (iii) el reconocimiento de mecanismos de restablecimiento de los derechos no solo de naturaleza pecuniaria sino más allá, como los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral; (iv) la interdependencia y autonomía de los derechos de la víctima de un hecho punible traducidos ya que la víctima dentro del proceso penal puede estar interesada “en el establecimiento de la verdad o en el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización” (Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad C-516 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño, fundamento 3.1); (V) la existencia de unos deberes de las autoridades estatales correlativos al reconocimiento de la víctima y sus derechos reflejados en la nueva dirección de las políticas estatales de protección y restablecimiento de derechos de la víctima de un delito, como por ejemplo la regulación expresa de las funciones de la Fiscalía General de la Nación (art. 250 y 251, Capítulo VI, Título VII, Constitución Política de 1991) dadas por el Acto Legislativo No. 3 de 2002, de solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias de protección y restablecimiento de derechos .
Sobre los derechos procesales otorgados a la víctima en el proceso penal, se reconocieron jurisprudencialmente algunos como: el derecho de la víctima de ser asistida en el juicio penal por un defensor técnico (abogado), el cual puede ser designado de oficio; y la aceptación de pluralidad de apoderados judiciales en la hipótesis de pluralidad de víctimas.

En cuanto al tema probatorio, se reconoció que la víctima puede: solicitar pruebas en la audiencia preparatoria en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía; solicitar la práctica de prueba anticipada al juez de control de garantías, y realizar observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios y el total de las pruebas en la audiencia del juicio oral; solicitar exhibición de los elementos probatorios y evidencia física para conocerlos y estudiarlos; excluir, rechazar o inadmitir medios probatorios. Se destaca que la Corte consideró constitucional el límite del alcance jurídico de los derechos procesales de la víctima del delito en la audiencia del juicio oral, traducida en la imposibilidad de controvertir los medios probatorios, los elementos materiales y la evidencia física, así como también la imposibilidad de interrogar a los testigos y oponerse a preguntas que se planteen en la audiencia de juicio oral, ya que su participación directa implicaría una modificación esencial a la estructura del proceso penal acusatorio colombiano, convirtiendo a la víctima como un segundo acusador.

En síntesis, se resalta el trabajo de aplicación del principio de integración del orden jurídico internacional de derechos humanos al ordenamiento jurídico interno colombiano por parte de la Corte Constitucional y por la Corte Suprema de Justicia, en relación al reconocimiento internacional de los derechos de las víctimas de derechos humanos. En especial las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales, reconocieron los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas dentro del proceso penal (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2008, págs. 233-238).