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La víctima y sus derechos en Colombia

 

Aciertos [1]

Obstáculos[2]

1. Conocimiento y documentación sobre la conformación y el actuar de los grupos ilegales, con el fin de obtener, procesar y analizar información relacionada con cada organización criminal y así identificar hechos ilícitos[3] que fueron archivados por falta de individualización o identificación del perpetrador.2. Información directamente recolectada de las víctimas en jornadas generales de atención de víctimas por parte de la fiscalía, realizadas en zonas donde tuvieron injerencia los grupos ilegales.

3. Registro de 288.816[4] presuntas víctimas en el Sistema de Información de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz (SIYP), y de esas 52.648 víctimas participaron en las audiencias de versiones libres.

4. Realización de exhumación, obtención de información para identificación de cadáveres encontrados y consolidación del banco genético.

5. Realización de jornadas de reparación por medio de la entrega de cadáveres identificados a sus familiares.

1. Impunidad por medio de la alternatividad penal (art. 3), que tiene como objetivo señalar una pena privativa de la libertad entre 5 a 8 años para motivar la confesión de todos los actos violatorios de derechos humanos, que se realizaron por pertenecer al grupo ilegal.2. Es un proceso residual del proceso de desmovilización del 2002 y tiene un ámbito de aplicación reducido porque solamente su normatividad se aplica a personas “vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia  a esos grupos”[5].

3. Lentitud en la implementación de la estructura física y la asignación de funcionarios en la fiscalía.

4.Obstaculización de la consecución de la verdad por parte de los integrantes de los grupos ilícitos por la extradición de estos.

5. Falta de implementación de un programa efectivo para la protección de las víctimas y de los testigos.

6. Falta de coordinación de los órganos estatales como la fiscalía, jueces y fuerza pública.

7.Existencia de vínculos entre los grupos ilegales y varias instituciones del Estado, como funcionarios de la rama ejecutiva (nacional o local) o de la fuerza pública.

8. Dificultad de inició de acciones penales contra funcionarios públicos por temores de los fiscales.

 


[1]Fiscalía General de la Nación. Informe de la Audiencia Pública de Rendición  de Cuentas 2009-2010. Bogotá: 2010.

[2]Coalición colombiana contra la tortura, 2009; Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, 2009.

[3] Fiscalia General de la Nación, 2010, pág. 33.

[4] Se registraron al 1 de mayo de 2010 288.816 presuntas víctimas en el Sistema de Información de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz (Fiscalia General de la Nación, 2010).

[5] Artículo 2°, Capítulo 1º, Ley 975 de 2005.

Por varias décadas la sociedad colombiana ha reclamado al Estado colombiano mecanismos que den respuesta a las necesidades de paz y de reconciliación nacional. Y a pesar que ha habido promulgación de leyes y de decretos, siempre hubo resistencia a regular la condición de la víctima de acuerdo a los lineamientos internacionales aceptados obligatoriamente por el Estado, al momento de la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Actualmente, se enfrenta la violencia generada por el conflicto armado interno con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios , que tiene como objeto “establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones” de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. No obstante de tales objetivos, esta ley presenta una problemática de invisibilidad frente a la víctima y a sus derechos en el proceso judicial, como lo expresaron en su debido momento los ponentes de la misma de la fiscalía, del ministerio público o de la víctima. (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-INDEPAZ, 2008, pág. 1).

En el artículo 3° de la Ley de víctimas y de restitución de tierras se dio un amplio concepto de la víctima con las siguientes características:

A. No condicionó el reconocimiento de la calidad de víctima del conflicto armado interno a la individualización, aprehensión, investigación, juzgamiento y sanción del perpetrador; o a los posibles vínculos familiares que haya entre la víctima y su victimario.

B. Reconoció la condición de víctima del conflicto armado interno a aquellas personas que fueron lesionadas por hechos ocurridos desde el primero de enero de 1985 en el marco del conflicto armado, es decir, no cabe la aplicación de esta ley para las víctimas de delitos comunes.

C. Reconoció las medidas de satisfacción colectivas y las garantías de no repetición de los hechos violatorios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a las víctimas de hechos anteriores al primero de enero de 1985.

D. Estableció que el reconocimiento de la calidad de víctima del conflicto armado interno y sus derechos (a la verdad, a la justicia y a la reparación) no es ninguna forma de reconocimiento político de los grupos armados al margen de la ley.

E. Reconoció diversas clases de víctima directa y víctima indirecta.

F. Consideró como víctima directa a: “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”; y/o aquellas “ personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización”; a los menores de edad reclutados por los grupos ilegales y que se desvinculen siendo menores de edad; al cónyuge, compañera (o) o parientes de miembros de grupos armados ilegales, por el daño causado en sus derechos.

G. Mantuvo el régimen especial de reparación económica de la fuerza pública cuando la víctima directa es un miembro de las Fuerzas Militares, y por medio de esta ley, se les reconoció el derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición.

H. Reconoció como víctimas indirectas: al cónyuge, compañera (o) permanente, parejas del mismo sexo y familiares del primer grado de consanguinidad y/o único civil (a falta de estos los ascendentes de segundo grado de consanguinidad) de las víctimas directas.

I. No reconoció la calidad de víctima indirecta al cónyuge, compañera (o) permanente o parientes de los miembros de grupos armados al margen de la ley, por los daños sufridos por un ex integrante de los grupos ilegales.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la eficacia de la Ley 1448 de 2011, ha efectuado algunas observaciones para “contribuir al debate sobre la importancia y los desafíos de su implementación a la luz de la normatividad internacional” , así señaló: (i) presencia de discriminación hacía ex miembros de grupos ilegales porque no se les reconoció la condición de víctima, y por ende, un tratamiento diferencial y falta de efectividad en la reparación a sus víctimas en una posible indemnización administrativa; (ii) falta de coherencia con la situación real de los menores reclutados por los grupos al margen de la ley de víctimas. Porque dicha ley solamente los considera como victimas, siempre y cuando, sean menores de edad (menos de 18 años) al momento de acogerse a la desvinculación de los grupos al margen de la ley que los reclutaron. Esta premisa de la ley, supone equivocadamente que la permanencia del menor en el grupo armado ilegal a partir del día que cumplen 18 años es voluntaria y por lo tanto, tiene la posibilidad de dejar el grupo al margen de la ley (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011, pág. 3).

1.3.2 Reconocimiento jurisprudencial. La Corte Constitucional de Colombia, con relación a los derechos de las víctimas ha desarrollado dos hipótesis a partir de la Constitución de 1991: la primera, la reparación de naturaleza pecuniaria como criterio de tratamiento de la víctima y sus derechos circunfiriéndose meramente a una naturaleza pecuniaria; y la segunda, la reparación integral.