Home » Línea de investigación en Victimología » La víctima y sus derechos en Colombia

 
 

La víctima y sus derechos en Colombia

 

El Congreso de la República de Colombia reformó la Constitución Política de 1991 por medio del Acto Legislativo No. 3 de 2002 y cambió la naturaleza del proceso penal de inquisitiva a una acusatoria, al igual que surgieron nuevas figuras como la del juez de control de garantías para la efectividad de los derechos del imputado, y sobre todo se rescata “a las víctimas como protagonistas principales del Sistema Penal a través de su intervención activa y desformalizada en el proceso y la garantía de la búsqueda de una respuesta efectiva y real de las necesidades y expectativas que surgieran como consecuencia de la comisión de la conducta punible” (Sampedro, 2010, pág. 64).

En los artículos 132 al 137 del Capítulo IV del Título IV del Código de Procedimiento de 2004, hubo una mayor organización y sistematización de criterios, que irradiaron a la figura de la víctima del delito, sus derechos, los mecanismos de protección a cargo del Estado a través de la Fiscalía y del juez, los mecanismos de información sobre el proceso y la forma de actuación dentro de él.

Si se analiza el concepto de la víctima dado por nuestro Código de Procedimiento Penal actual (artículo 132), se nota que hay una inclinación a los parámetros desarrollados por la victimología (como por ejemplo, el reconocimiento como sujeto de derechos de forma independiente a la identificación, individualización y derechos del sujeto activo del delito), por los instrumentos internacionales de los derechos humanos y por los valores, principios y normas dados por la Constitución Política de Colombia de 1991 con el objetivo de llegar a los fines estatales propuestos en su artículo segundo . Sobre éste particular el autor Sampedro señaló que el Código de Procedimiento Penal de 2004 le dio “la oportunidad a la víctima de ser reconocida como un sujeto portador de derechos que tienen que ser garantizados por el Estado y por la sociedad como forma de restablecimiento a su buen nombre y a su honra” (Sampedro, 2010, p. 78).

Con la inclusión de la figura procesal del “incidente de reparación integral” se dio un reconocimiento de la reparación de la víctima del delito como parte esencial del proceso penal, luego de quedar en firme la sentencia condenatoria. El juez abrirá esta etapa procesal a petición de la fiscalía, del ministerio público o de la víctima, con el fin de determinar: el daño causado, la forma de reparación integral que la víctima desea y las pruebas que quiera hacer valer.

Con la Ley 975 de 2005 o “Ley de Justicia y Paz” se dio una regulación penal especial, cuyo objetivo fue la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, como lo anota Mora Insuasty (2008, págs. 21-22):

En este contexto se da el acercamiento y diálogo de estos grupos armados con el gobierno colombiano, y se formula un marco jurídico, que comienza con la expedición de la Ley 782 de 2002, por la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 y se modifica la Ley 548 de 1999, normatividad que permitió el otorgamiento de beneficios a los miembros de los grupos armados que entraron en negociación, que incluso se extendió con fundamento en el decreto (sic) 128 de 2003 a actuaciones de carácter administrativo que terminaron configurando una política de perdón y olvido a la mayoría de los miembros de grupos paramilitares, a través de la suspensión condicional de la ejecución penal, cesación de procedimiento, preclusión de instrucción o resoluciones inhibitorias que favorecieron a quienes comparecieron a los actos colectivos de entrega de armas. En este orden la Ley 975 se promulgó con carácter residual, esto es aplicable aquellos paramilitares que no pudieron ser incluidos en los beneficios de la Ley 782 y su decreto reglamentario (sic) 128 de 2003.

Otro motivo para la promulgación de la Ley de Justicia y Paz fue la presión nacional e internacional por la falta de reconocimiento de la víctima como sujeto de derechos en las anteriores leyes mencionadas. Por lo tanto, esta ley en su artículo quinto reconoció a la víctima (individual o colectiva) de los actos delictivos realizados por miembros de grupos armados al margen de la ley en dos categorías: la primera, la víctima directa (que también incluyó a los miembros de la fuerza pública) del actuar delictivo de los grupos al margen de la ley que “provocaron lesiones transitorias o permanentes expresadas en discapacidades físicas, emocionales, o sensoriales (auditiva o visual); o sufrimiento emocional; o pérdida financiera; o menoscabo de sus derechos humanos” , y la segunda categoría, la víctima indirecta, esto es el cónyuge, o compañera (o) permanente, y familiares de primer grado de consanguinidad y único civil de la víctima directa que fue asesinada o desaparecida; y el cónyuge, o compañera (o) permanente, y familiares de primer grado de consanguinidad y/o único civil de un miembro de las fuerza pública.

En el capítulo noveno de la Ley 975 de 2005 se reconoció y reguló los derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación de la víctima. Sobre los aciertos y los errores de la creación y la aplicación de esta ley hay diversos estudios que en gran medida desacreditan la efectividad de dicha Ley. Estos son algunos obstáculos y aciertos que se encontraron en relación a la efectividad de los derechos de la víctima de los ex miembros de los grupos armados al margen de la ley: