Home » Home » La problemática de los ocupantes secundarios en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó

 
 

La problemática de los ocupantes secundarios en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó

 

Conclusiones

Como resultado de esta investigación, se pudo establecer la existencia del fenómeno de la ocupación secundaria, como una consecuencia generada por el desplazamiento y despojo de tierras, la cual no cuenta con medidas de solución debido a que no ha sido analizada a profundidad en el ámbito del ordenamiento jurídico interno. Situación que afecta la restitución duradera y la justicia en términos transformadores. Tal como se explicó a lo largo de este trabajo, esta situación es justamente la que se presenta en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, cuya restitución se ha visto afectada por la presencia de numerosas familias que con ocasión al desplazamiento de estas comunidades llegaron a ocupar dichos terrenos, por lo que el Estado debe adelantar su desalojo garantizando sus derechos al debido proceso, la igualdad y la propiedad, de manera tal que se mitigue el impacto que su reubicación pueda generar.

A continuación se relacionan las principales conclusiones que arrojó el estudio de esta problemática:

  1. El fenómeno del desplazamiento y el despojo forzado de tierras se enmarca dentro del problema histórico de la tenencia y uso de la tierra por parte del campesinado en Colombia debido a que las políticas agrarias no se han concentrado en buscar una solución estructural para lograr, entre otras acciones, garantizar el derecho a la propiedad a los miles de colombianos que tienen como medio de subsistencia la tierra.
  1. En este sentido, circunstancias como la falta de formalización de los actos jurídicos por los cuales se adquiere la tierra y el reiterativo cambio de poseedor u ocupantes en los predios objeto de desplazamiento y despojo forzado de tierras, dificulta la política de restitución de tierras.
  1. Por otra parte, el desplazamiento y el despojo forzado de tierras han generado la ocupación secundaria y dadas las características específicas de este fenómeno en Colombia, se presentan dos problemas; por un lado, es un tema que hasta ahora está siendo reconocido, por algunas entidades estatales, como un problema que tiene connotaciones especiales y particulares de acuerdo al contexto geográfico, social, económico y político donde se presente y que está afectando a miles de personas; y por otro lado, desde el punto de vista conceptual, la ocupación secundaria es una situación que no ha sido aplicada y estudiada ampliamente dada su connotación social y jurídica.

Sin embargo, gracias a algunos instrumentos desarrollados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se puede entender como aquella situación generada con ocasión del desplazamiento y despojo forzado de tierras, en que los territorios o predios que fueron objeto de dichas conductas son ocupados por terceras personas de buena fe debido a que son ajenas a los hechos que provocaron tal situación y que en la mayoría de los casos son población vulnerable, quienes deben desalojar como consecuencia de los procesos de restitución de tierras, quedando en una situación aún más vulnerable sin tener a donde reubicarse.

  1. En consecuencia, no existe en la legislación interna una norma que defina el concepto de ocupación secundaria que responda a su complejidad en el marco del conflicto armado interno, así como tampoco existe una estrategia coherente e integral que determine su alcance y las medidas a adoptar a favor de dichas personas, pues a pesar de que en el proceso de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de 2011, se contempló la posibilidad de la existencia de ocupantes en los predios a restituir, dicha situación no se analizó desde la perspectiva de la ocupación secundaria, sino a través de la figura del opositor, quien tiene derecho a una compensación siempre y cuando demuestre buena fe exenta de culpa.
  1. Otro aspecto fundamental y que está ligado directamente a la ocupación secundaria es la buena fe exenta de culpa dado que exige unos requisitos demasiados severos para poder probarse, debido a que la persona antes de ocupar el predio o adquirirlo debió verificar absolutamente todos los antecedentes del predio. Se está en presencia de un opositor (ocupante secundario) que en la mayoría de los casos es campesino, quien dentro de su cultura no acostumbra a realizar dichos trámites pues de acuerdo con sus tradiciones los negocios se hacen por la palabra. A pesar de considerarse que actuó de buena fe simple, al campesino le resulta casi imposible lograr probar que su actuar está exento de culpa, razón por la cual no hay lugar a ningún tipo de compensación a su favor, por lo que se ve en la obligación de restituir el predio así no tenga otra opción de vivienda.
  1. Es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional ha proferido varios pronunciamientos en los que ha analizado la situación de las personas que ocupan predios de propiedad privada, quienes son víctimas de desplazamiento forzado por lo que se ha suspendido la orden de desalojo, sin embargo, no se ha realizado bajo el concepto de ocupación secundaria establecido por los Principios Pinheiro, sino que son casos en los que se ha estudiado la situación de vulnerabilidad pero desde el concepto de víctima, y predios que si bien son de propiedad privada legítimos no fueron objeto de desplazamiento o despojo.
  1. Otro aspecto que torna más compleja la situación de la ocupación secundaria es cuando se trata de predios o territorios que fueron objeto de despojo, por lo que se podría pensar que al tratar de proteger esta población se estaría reconociendo una situación que en principio es ilegal, teniendo en cuenta que están ocupando tierras en la que incluso existe presunción legal de mala fe. Sin embargo, en estos casos se debe dar prioridad a la situación de vulnerabilidad de estas personas, más no a su situación de ilegalidad.
  1. Los ocupantes secundarios también son sujetos de derechos, por tanto desde el concepto de la dignidad humana se les debe garantizar vivir de acuerdo a sus costumbres y sin humillaciones, por tanto existe la necesidad de que una vez realizados los desalojos se les proporcione una opción de vivienda de manera definitiva en donde puedan ser reubicados. También se debe adelantar un proceso con todas las garantías necesarias para que no sólo sean escuchados, sino que se verifique la real situación de estas personas a través de una caracterización para determinar las medidas a adoptar a su favor, sin ser revictimizados por la condición en la que se encuentran.
  1. Dado el vacío normativo en Colombia frente a la ocupación secundaria es necesario la creación de una ley que defina el concepto de la misma, su alcance y las medidas de protección que busquen proteger la situación de vulnerabilidad de los ocupantes secundarios. Así como garantizar de forma duradera la restitución material de los predios que fueron objeto de desplazamiento y despojo forzado de tierras.
  1. Para el caso de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, la problemática de la ocupación secundaria en dichos territorios colectivos no ha sido analizada a profundidad, debido a que las entidades encargadas de dicho proceso no han caracterizado esta situación desde una óptica que integre los elementos sociales, económicos, jurídicos y culturales. Con relación a este aspecto, sólo se ha adelantado el informe de caracterización realizado por el INCODER en el año 2012, que resulta débil y parcializado frente a la situación de los ocupantes secundarios.
  1. Teniendo en cuenta el vacío legislativo frente tanto al tema de la ocupación secundaria, como a la población que viene ocupando los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, es necesario que la Corte Constitucional sea quien ordene las medidas a adoptar tendientes a realizar el desalojo y la reubicación de los ocupantes secundarios, garantizando sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y la propiedad.
  1. La solución a la problemática de la ocupación secundaria en Jiguamiandó y Curvaradó debe enmarcarse en una política de reparación transformadora, es decir, se deben adoptar medidas que además de garantizar la restitución material del territorio colectivo, mejoren la calidad de vida de la que tenían antes del desplazamiento. Lo anterior ya que su situación ha sido de extrema pobreza, por tal razón debe proporcionarse educación, salud y desarrollo económico respetando sus formas tradicionales de producción, así como también una opción de vivienda digna, que podría ser a través de la adjudicación de un predio baldío.
  1. La metodología del análisis de contexto puede ser una herramienta útil a la hora de orientar al Juez para proponer medidas que busquen solucionar la situación de los ocupantes secundarios, ya que permite analizar tal situación como una consecuencia generada por el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, mas no como una situación de ilegalidad. En todo caso el Estado debe garantizar una restitución duradera a las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó.
  1. De no implementarse medidas que protejan los derechos de los ocupantes secundarios, en el entendido de que se les garantice una solución definitiva de vivienda, en donde también cuente con el goce efectivo de sus derechos, se podría generar un conflicto social.

Lista de referencias

Armenta, A. (2006). Coca y violencia en el Choco Biogeográfico. Recuperado 05, 05 2014, de la fuente http://www.tni.org/es/article/coca-y-violencia-en-el-choco-biogeogr%C3%A1fico.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2003). Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de marzo de 2003, medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la república de Colombia, caso de las comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Recuperado el 12 de febrero de 2013 en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/Jiguamiando_se_01.pdf.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2008). Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de febrero de 2008, medidas provisionales respecto de la república de Colombia, caso de las comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Recuperado el 15 de abril de 2013 en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/jiguamiando_se_07.pdf.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2010). Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2010, medidas provisionales respecto de la república de Colombia, caso de las comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Recuperado el 22 de abril de 2013 en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/jiguamiando_se_09.pdf.

Corte Constitucional. (2004). Sentencia T-025-04. Recuperado el 14, 06 2015, de la fuente http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm

Corte Constitucional. (2009). Auto 005 de 26 de enero de 2009. Recuperado el 14, 06 2015, de la fuente http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a005-09.htm

Corte Constitucional. (2009). Auto 222 de 07 de junio de 2009. Recuperado el 14, 06 2015, de la fuente http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a222-09.htm

Corte Constitucional. (2010). Auto de 18 de mayo de 2010. Bogotá.

Corte Constitucional. (2010). Auto 384 de 10 de diciembre de 2010. Recuperado el 14, 06 2015, de la fuente http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2010/A384-10.htm

Corte Constitucional. (2012). Auto 045 de 07 de marzo de 2012. Recuperado el 14, 06 2015, de la fuente http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2012/a045-12.htm

Corte Constitucional. (2012). Auto 112 de 18 de mayo de 2012. Recuperado el 14, 06 2015, de la fuente http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2012/A112-12.htm

Corte Constitucional. (2012). Auto 299 de 18 de diciembre de 2012. Recuperado el 14, 06 2015, de la fuente http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2012/A299-12.htm

Fajardo, L. (2015). Estado del arte en materia de derecho internacional humanitario de los derechos humanos y contexto. En Barbosa, G., Bernal, C., Correa, M. et al., El análisis de contexto en la investigación penal: crítica del trasplante del derecho internacional al derecho interno (pp. 297-345). Bogotá, D.C. : Universidad Externado de Colombia.

INCODER. (2012). Caracterización Jurídica y Saneamiento de los Terriotorios Colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó. Bogotá.

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras. (2015). Sentencia de 26 de mayo de 2015, radicado No.50001-31-21-001-2014-00222-00. Villavicencio.

Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1997). Observación general No. 7, recuperado el 27, 08 2015, de la fuente: http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm7s.htm

OCAH/DIDI, UN HABITAT, ACNUR, FAO, ACNUDH CNR, IDMC et al. (2007). Manual sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de Refugiados y Personas Desplazadas, Aplicación de los “Principios Pinheiro”. Recuperado el 16, 08 2015, de la fuente: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles_sp.pdf

Rodrigo Uprimny-Yepes & Diana Esther Guzmán-Rodríguez, En búsqueda de un concepto transformador y participativo para las reparaciones en contextos transicionales, 17 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 231-286 (2010).

Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2005). Informe definitivo del Relator Especial, Sr. Paulo Sergio Pinheiro, Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas. Recuperado el 16, 08 2015, de la fuente: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/146/98/PDF/G0514698.pdf?OpenElement

Tribunal Administrativo del Chocó. (2009). Sentencia 073 de 5 de octubre de 2009. Quibdó.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Especializada en Restitución de Tierras. (2015). Sentencia No. 001 de 03 de febrero de 2015. Cali.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Especializada en Restitución de Tierras. (2015). Sentencia de 19 de mayo de 2015 radicado No. 13244-31-21-002-2013-00020-00. Cartagena.