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La problemática de los ocupantes secundarios en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó

 

En consecuencia, existe la necesidad de encontrar una solución verdaderamente digna en la que exista un punto de equilibrio que no resulte lesiva para los derechos de ningún grupo poblacional, la cual se debe enfocar en el concepto de la justicia transformadora que se refiere a la obligación del Estado de reparar a las víctimas considerando sus necesidades actuales, así lo señala Uprimny (2010):

El primer fundamento de la idea de reparaciones transformadoras es que el propósito de la reparación de violaciones masivas de derechos humanos en sociedades desiguales no debería ser restaurar a las víctimas pobres a su situación previa de precariedad material y de discriminación, sino “transformar” esas circunstancias, que pudieron ser una de las causas del conflicto y que, en todo caso, son injustas. En ese sentido, las reparaciones en estos contextos transicionales deberían ser comprendidas no solo como un instrumento para saldar cuentas con una injusticia que ocurrió en el pasado, sino como una oportunidad de impulsar un mejor futuro. Deberíamos verlas como una oportunidad, modesta pero no despreciable, de avanzar a una sociedad más justa y de superar situaciones de exclusión y desigualdad que resultan contrarias a los principios básicos de la justicia distributiva. Por eso, hablamos de reparaciones transformadoras. (p. 253)

En este orden de ideas, la justicia distributiva se refiere a la nivelación de las cargas lo que se traduce en la necesidad de equilibrar la distribución de los bienes materiales y la riqueza, con el fin de establecer una sociedad más justa e igualitaria, por tanto lo que se propone desde la justicia transformadora es que a partir de esa distribución se repare a las víctimas mejorando la situación socioeconómica que tenían antes de tal condición, buscando de esta manera superar conflictos sociales que puedan generar nuevamente violaciones a los derechos humanos.

Así las cosas, frente a las víctimas de desplazamiento forzado desde la perspectiva de la justicia transformadora debe analizarse su situación en contexto, en este sentido la ocupación secundaria por ser una consecuencia más de esta problemática, demanda medidas que no sólo busquen la restitución material de las tierras de las víctimas sino que además se brinde una solución definitiva para la reubicación de quienes deben desalojar garantizando sus derechos en especial otra opción de vivienda, claro está, cuando su actuación haya sido de buena fe, de lo contrario se podría generar nuevamente un conflicto social que afectaría la reparación duradera, efectiva y transformadora de las víctimas.

En este sentido, la opción de reubicar los ocupantes secundarios en Jiguamiandó y Curvaradó no estaría enfocada desde el concepto de la justicia transformadora, debido a que reubicar estas personas en un albergue provisional no solucionaría de manera definitiva esta problemática, por el contrario se les estaría dejando en una situación aún más crítica de pobreza que agravaría su situación de vulnerabilidad.

De otra parte, el análisis de contexto puede ser utilizado como una herramienta orientadora a la hora de determinar medidas de protección a favor de la ocupación secundaria. Esta metodología ha sido utilizada principalmente en materia de investigación penal, a partir de dos elementos: la priorización de los delitos más graves y la investigación de estos con fundamento en contextos que incorporan aspectos sociales, económicos, geográficos. (Barbosa, Bernal, Cataño, Correa, Fajardo, Mejía, Rodriguez, Suarez & Velasco, 2015).

El análisis de contexto también ha sido una herramienta utilizada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tal como lo ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desde sus primeras sentencias, la ha utilizado para establecer la responsabilidad de los Estados en violaciones sistemáticas de derechos humanos (Barbosa et al., 2015).

En este sentido, para citar un ejemplo, a través de la mencionada metodología la Corte IDH logró establecer que el paramilitarismo en Colombia, fue un actor armado que generó un sinnúmero de víctimas, convirtiéndose en una violación sistemática de derechos humanos, de la cual el estado fue responsable debido al riesgo generado por éste como consecuencia de la creación de las “Convivir”.

El análisis de contexto tiene por objetivo dimensionar las violaciones y establecer criterios de responsabilidad del Estado frente a sus obligaciones generales respecto a los compromisos adquiridos internacionalmente mediante los tratados en materia de derechos humanos, lo cual se convierte en una forma de reparación para las víctimas y la memoria histórica de los hechos. (Barbosa et al., 2015).

Así las cosas, a través de dicha metodología se ha logrado reparar de forma integral los daños que el conflicto armado ha generado a sus víctimas, pues a pesar de no contarse con un material probatorio eficiente que logre demostrar dichas vulneraciones, utilizando el contexto en el que se enmarcan los hechos por medio del análisis de aspectos principalmente sociales, económicos, políticos y de conflicto, se ha logrado establecer la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos.

Por lo anterior, se puede concluir que con la construcción del análisis de contexto en materia de derechos humanos se ha logrado establecer lo siguiente:

Probar una violación; b) determinar la responsabilidad internacional del Estado; c) determinar la razonabilidad de una restricción de derechos; d) determinar un patrón sistemático de violaciones; e) facilitar la comprensión del caso; f) determinar la existencia de un crimen de lesa humanidad; g) mostrar una problemática específica, y h) mostrar una problemática en agravio de un grupo o actividad. (Barbosa et al., 2015, p.308).

Así las cosas, la importancia de aplicar la metodología del análisis de contexto para el caso de esta investigación, radica en que precisamente el desplazamiento forzado obedece a una violación sistemática de derechos humanos, que al mismo tiempo ha generado otras problemáticas como es el caso de la ocupación secundaria.

En este orden de ideas, es importante aclarar que la ocupación secundaria en principio no debe ser vista como una violación de derechos humanos, ya que la misma obedece más a una problemática social, que de no darle el tratamiento adecuado -adoptando las medidas necesarias para que una vez estas personas sean desalojadas se les garanticen también sus derechos- si puede llegar a propiciar la vulneración de derechos.

Así las cosas, si se analiza la ocupación secundaria desde el contexto del desplazamiento forzado, se observa que una de sus consecuencias es orientar al juez encargado de los procesos de restitución de tierras, para que además de garantizar la restitución material de los predios que fueron objeto de desplazamiento y despojo de tierras, pueda garantizar también los derechos de los ocupantes secundarios, ofreciéndoles además una opción definitiva de vivienda.

En este sentido, para el caso de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, el análisis de contexto serviría para entender la ocupación secundaria desde una perspectiva de carácter interdisciplinario con fines no sólo heurísticos sino jurídicos, que brinden mayores elementos al juez y al Estado en general, para afrontar esta problemática, evitando de esta manera nuevas vulneraciones a los derechos humanos, sin tener que desvirtuar la presunción legal de la ley 70 de 1993 que considera a estas personas de mala fe, tratando esta situación como una consecuencia más del desplazamiento forzado.

Por tanto, el análisis de contexto permitiría establecer como llegaron estas personas a ocupar los territorios colectivos, quienes lo hicieron de mala fe, cual es la situación económica, social y de conflicto actual que se vive allí, para de esta manera determinar también cual es el estado de vulnerabilidad. Este análisis no sólo permitiría establecer propuestas de solución y medidas a adoptar, sino tener un panorama claro de la situación actual tanto de la ocupación secundaria, como de los miembros de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, para que de esta manera en los términos de la reparación transformadora no sólo se pueda garantizar la restitución material de sus territorios sino que además se puedan establecer condiciones que mejoren su calidad de vida y el goce y disfrute de todos sus derechos.

Por lo anterior y ante la ausencia de dichas medidas, resulta necesario establecer unas propuestas para solucionar la problemática de los ocupantes secundarios en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, con las que se garantice como primera medida su dignidad humana como principio rector de la protección de los derechos humanos, garantizando derechos como el debido proceso, la igualdad y la propiedad, tal como se abordará a continuación.