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La problemática de los ocupantes secundarios en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó

 

Relación entre el concepto de Población vulnerable con la ocupación secundaria

La importancia de identificar la relación que tiene el concepto de vulnerabilidad con la ocupación secundaria, radica en el entendido que en el momento en que se busca reconocer derechos a los ocupantes secundarios y medidas a su favor, es bajo el conocimiento que dentro de esta población existen personas de especial protección, como lo son adultos mayores, campesinos, niños, niñas y adolescentes, y que adicionalmente, las causas por las que llegaron a ocupar territorios despojados son ajenas a los hechos violatorios de derechos humanos que provocaron el desplazamiento o despojo.

Sobre la situación de vulnerabilidad en la ocupación secundaria, en entrevista realizada a una funcionaria de la Unidad de Restitución de Tierras señaló:

Bueno dentro de la población que se empezó a encontrar en los predios solicitados en restitución, en la mayoría de los casos se ha visto que se trata de situación o de personas en situación de vulnerabilidad y de desfavorabilidad y en la mayoría de los casos, no en todos porque también se han presentado personas que o tienen ningún tipo de situación de vulnerabilidad y económicamente no están en situación de vulnerabilidad con relación al solicitante de restitución, si hemos encontrado personas cuyos medios dependen necesariamente del predio restituido.” (Entrevista realizada el 1 de septiembre de 2015).

Esta vulnerabilidad en los ocupantes secundarios ya ha sido reconocida por los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras, quienes se han enfrentado a casos en los que tienen que ordenar el desalojo a personas campesinas y de la tercera edad, como es el caso de la Sentencia de 3 de febrero de 2015, en la que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali señaló:

La señora (…) cuenta con 83 años de edad, no tiene escolaridad y su sostenimiento depende en buena medida del aporte que su hijo (…) hace, fruto del trabajo agrícola que desarrolla en el predio objeto de este proceso, en el cual han invertido los recursos económicos derivados de un auxilio recibido, así como su trabajo y esfuerzo durante los últimos años. (p.25)

Bajo este contexto, el impacto de los desalojos es bastante preocupante debido a que a pesar de que se justifica, en la medida que estos predios deben ser restituidos a las víctimas, los ocupantes secundarios que corresponden a población vulnerable son personas que no cuentan con otra opción de vivienda y subsistencia, por lo cual surge la necesidad de crear medidas suficientes para mitigar la violación de sus derechos. Así por ejemplo en la citada Sentencia de 3 de febrero de 2015, se estableció lo siguiente:

Debiendo la señora (…) hacer entrega del mismo, dentro de los tres meses siguientes; y atendiendo su situación de especial vulnerabilidad por su ancianidad, su condición de mujer campesina pobre y vulnerable, se dispondrá el acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo. (p.28)

En este sentido, además de ser reconocidos como población de especial protección también han sido reconocidos bajo el concepto de ocupación secundaria, así:

De otro lado, frente a la entrega jurídica y material del predio al Fondo de la UAEGRTD, a su turno, deviene la orden al señor (…) de hacer entrega del mismo, sin que haya lugar a reconocimiento de compensación por no haber logrado acreditar que lo adquirió y que su actuación fue de buena fe exenta de culpa, disposiciones que dadas las características especiales que reviste este caso, no lograrían sin embargo, cumplir con los objetivos de reparación integral de las víctimas en los términos del artículo 25 de la Ley, y de contera, tampoco permitiría atender los mandatos de protección contenidos en la normatividad nacional e internacional y la jurisprudencia constitucional para los sujetos de especial protección, además segundos ocupantes. (Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, Sentencia de 26 de mayo de 2015, p.33).

Así las cosas, se debe tener especial cuidado cuando haya lugar a un desalojo debido a que esta situación no puede generar violaciones a los derechos de unas personas para garantizar los de otras. En este sentido, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (1997) señaló que:

Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda. (¶ 16)

Es importante resaltar la necesidad de realizar una caracterización del ocupante secundario debido a que pueden existir casos en que si estén relacionados con los hechos del desplazamiento y que tendrán que ser objeto de investigación penal y por ende no tendría derecho a medidas de protección o pueden encontrarse casos en los que cuenten con recursos económicos suficientes para otra opción de vivienda. De allí la relevancia de identificar la situación de vulnerabilidad del ocupante secundario para de la misma manera establecer las medidas de protección a las que tendría derecho, tal como se analizará más adelante.

Al respecto en entrevista realizada frente a la definición de ocupante secundario se señaló:

“Es un actor que no debe haber participado de los hechos constitutivos de despojo, que debe por lo general tener la condición de ser un sujeto e condición desfavorable obviamente debe encontrarse en el predio objeto de restitución debido a que su subsistencia depende de ese predio o su habitabilidad digamos la vivienda como tal depende de ese predio y obviamente que sus derechos pueda entrar en tensión con el goce efectivo del derecho a la restitución de la persona que está reclamando ese derecho a la restitución de tierras”.(Entrevista realizada el 21 de julio de 2015).

Ahora bien, una vez establecido el concepto de población vulnerable como sujetos de especial protección y su relación con la ocupación secundaria, a continuación analizaremos como se presenta dicha problemática en los territorios colectivos.

La ocupación secundaria en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó. 

Ahora bien, el caso de los ocupantes secundarios en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó resulta relevante dado el número de la población asentada allí, teniendo en cuenta que realizar el desalojo para 646 familias implica una difícil tarea para el Estado debido a que debe garantizar los derechos fundamentales de todos, es decir, a las comunidades negras y a los ocupantes secundarios, pues si bien estos últimos pueden no tener derechos sobre el territorio colectivo siguen siendo sujetos de derecho, razón por la cual la Corte Constitucional dispuso su reubicación en un albergue.

Así las cosas, el dilema no es intentar reconocer derechos a quienes partieron de la ilegalidad de la ocupación para intentar apropiarse de los territorios colectivos: el conflicto en este caso son los ocupantes secundarios de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, que atraviesan una difícil situación, pues es cierto se trata de un territorio colectivo que no puede llegar a ser objeto de adjudicación por ocupación o posesión, y por ende, la orden es que estas familias que también son sujetos de derechos deben desalojar el territorio para poder ser restituido, a pesar de que esta población, por una parte, se organizó de manera tal que cuentan con viviendas, escuelas y asociaciones y por otro lado, llevan más de diez años aproximadamente viviendo en esos territorios.