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La problemática de los ocupantes secundarios en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó

 

El proceso investigativo desarrollado se realizó a partir de las siguientes etapas: 1) revisión de información primaria y secundaria relacionada directamente con el objeto de estudio. Para ello se revisó toda aquella información de carácter jurisprudencial, doctrinaria y normativa tanto en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como en el jurídico interno, así como estudios e investigaciones relacionadas con el fenómeno del desplazamiento forzado y despojo de tierras, 2) análisis y sistematización de la información recolectada para establecer los criterios que permitan dar respuesta al problema de investigación y 3) elaboración del informe final mediante un proceso de retroalimentación que se efectuó entre la autora, la tutora y el Centro de Investigación de Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia.

En cuanto a las técnicas de obtención de la información se realizaron las siguientes fases: 1) diseño del instrumento de medición mediante el proceso de operacionalización de variables a partir del concepto ocupación secundaria de población vulnerable en los territorios de Jiguamiandó y Curvaradó, 2) elaboración del cuestionario, el cual consistió en una entrevista estructurada dirigida a expertos en el tema objeto de estudio funcionarios del Ministerio del Interior y la Unidad de Restitución de Tierras, 3) aplicación de la entrevista al personal seleccionado y 4) análisis y sistematización de los resultados que fueron incorporados en el documento final.

Conflicto armado, desplazamiento y despojo de tierras en el Urabá chocoano: comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó

 

El desplazamiento forzado de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó tuvo lugar aproximadamente entre los años 1997 y 2005 y se dio con ocasión del conflicto armado que se intensificó, en este periodo de tiempo, tanto en el Urabá Chocoano, como el Antioqueño. Los grupos armados ilegales que hacían presencia en ésta zona, paramilitares y las FARC, se disputaban el territorio por la ventaja estratégica que ofrecía para el narcotráfico debido a los corredores de movilidad que tenían establecidos para ello.

De otra parte, como una forma de contrarrestar el cultivo de coca el gobierno empezó a impulsar la siembra de palma de aceite, por lo que la selva chocoana fue copada por dichos cultivos; sin embargo, luego de darse el desplazamiento de los habitantes de las Cuencas de los ríos de Jiguamiandò y Curvaradó, cuando empezaron a retornar a sus territorios colectivos se enfrentaron a la situación de que estas tierras habrían sido ocupadas por empresarios dedicados al cultivo de la mencionada palma, lo cual ha frustrado el proceso de restitución. (Armenta, 2006, ¶ 24). En este orden de ideas, el desplazamiento forzado en esta región se ha presentado tanto en el marco del conflicto armado como también por intereses económicos con la presencia irregular de empresas palmicultoras y ganaderas.

La situación de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó llegó a ser tan crítica debido a que el Estado no había adelantado acciones para detener la violación de sus derechos, por lo que el 5 de marzo de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atendiendo a lo establecido por el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, solicitó medidas provisionales a la Corte IDH a favor de estas comunidades, con el fin de que se les garantizara su vida e integridad personal dentro del territorio colectivo, obedeciendo a que desde el 7 de noviembre de 2002 la CIDH había decretado medidas cautelares y en el marco de las mismas se celebró una audiencia, en la que constató que el Estado colombiano no estaba cumpliendo con los compromisos asumidos para la protección de mencionadas comunidades (Corte IDH, 2003).

Asimismo, en dicha solicitud la CIDH hizo referencia a las características de estas comunidades señalando que el Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curvaradó estaban compuestas por 2.125 personas representadas en 515 familias afrodescendientes, el territorio titulado colectivamente a su favor comprendía una extensión de 54.973 y 25.000 hectáreas, respectivamente, ubicados en el municipio de Carmen del Darién, del departamento del Chocó (Corte IDH, 2003).

La solicitud de la CIDH también se fundamentó en una serie de hechos registrados entre el año 2001 y 2003, que indicaban el riesgo de mencionadas comunidades con ocasión al conflicto generado por distintos actores armados, así como también se denunciaba el desplazamiento forzado del que han sido víctimas, la razón por la cual existía tanto interés en estas tierras se debía a que esa región gozaba de riquezas naturales que estaban siendo explotadas de forma ilegal, tal como se presentaba con el cultivo de palma de cera, además de que por su ubicación geográfica ofrecía grandes ventajas a los grupos armados al margen de la ley.

En este sentido y debido a la inobservancia por parte del Estado colombiano al cumplimiento de las medidas cautelares, mediante Resolución de 6 de marzo de 2003, la Corte IDH ordenó medidas provisionales a favor de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, por la extrema gravedad y urgencia en la que se hallaban. A partir de este momento requirió al Estado para que garantizara la protección de estas comunidades y el regreso de quienes se desplazaron con ocasión del conflicto armado. Asimismo, ordenó la presentación de informes mensuales por parte del Estado sobre el cumplimiento de las medidas.

En el marco del seguimiento de las medidas provisionales, la Corte IDH conoció sobre la situación que atravesaban los territorios colectivos de dichas comunidades, relacionada con la ocupación de los mismos, lo cual fue denunciado por el representante de las víctimas en una audiencia pública realizada el 5 de febrero de 2008, señalando que se estaban presentando casos de “repoblamiento” de personas que al parecer manifestaban ser habitantes ancestrales del territorio colectivo, sin haber habitado allí con anterioridad, así mismo, los predios estarían siendo explotados para actividades económicas como la ganadería y el cultivo de palma, y quienes intentaban defender su derecho a la propiedad colectiva estaban al parecer siendo amenazados por empresarios de palma aceitera (Corte IDH, 2008).

De acuerdo a lo anterior, por primera vez en el marco de la medida provisional se pone en conocimiento de la Corte IDH la situación relacionada con el repoblamiento en los mencionados territorios colectivos, pues si bien se conocía del desplazamiento aún no se hacía alusión a la existencia de familias asentadas en estas tierras que no pertenecían a las comunidades afrodescendientes.

Frente a ello el Estado colombiano empezó a informar a la Corte IDH sobre el proceso de restitución que adelanta con las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó; sin embargo, esté Tribunal aclaró que no correspondía en el marco de las medidas provisionales analizar mencionado proceso por tratarse de mecanismos internos que se encuentran en curso, aclaración que también iba dirigida por las reiteradas denuncias de los representantes sobre la situación de repoblamiento y la siembra ilegal de palma presentada en la jurisdicción, por lo que solicitó que a partir de la fecha tanto los peticionarios, la CIDH como el Estado solo se refirieran a los temas directamente relacionados con el cumplimiento de las medidas provisionales (Corte IDH, 2010).

Finalmente, la Corte IDH mantuvo las medidas provisionales a favor de estas comunidades por aproximadamente diez años. En el año 2013 mediante Resolución de 22 de mayo decidió levantar dicha protección teniendo en cuenta que la Honorable Corte Constitucional en el marco de la sentencia T- 025/2004, se habría ocupado de asumir el seguimiento de la garantía de los derechos de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, así como del proceso de la restitución de sus territorios colectivos.

Ahora bien, en cuanto a las medidas de protección internas, teniendo en cuenta que para esa fecha aún no se había expedido la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, el proceso de retorno y restitución de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó se está adelantando de forma sui generis a través de las distintas ordenes de la Corte Constitucional, la cuales tienen su origen en la Sentencia T- 025/2004 en la que se analizaron las actuaciones y omisiones de las autoridades públicas con relación a la atención integral a la población desplazada, con el fin de determinar la existencia de problemas en el diseño, implementación y seguimiento de la política estatal que pudieran influir de forma constitucionalmente relevante en la violación de sus derechos fundamentales.

Como resultado del análisis de esta problemática, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en Colombia a raíz del desplazamiento forzado con ocasión al conflicto armado y la falta de garantías y protección de los derechos fundamentales por parte del Estado. Además identificó una serie de derechos fundamentales que según su criterio han venido siendo vulnerados a la población en situación de desplazamiento, por lo que decidió ordenar a las entidades estatales involucradas en la atención a las víctimas del desplazamiento la creación de políticas públicas efectivas para garantizar los derechos de esta población.