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La problemática de los ocupantes secundarios en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó

 

En el desarrollo de esta investigación se aborda la problemática de la ocupación secundaria, específicamente en el caso de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó ubicadas en el Urabá Chocoano, las cuales fueron víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras, siendo su territorio ocupado por ocupantes secundarios, quienes a su vez deben desalojar para poder realizar la restitución material a las mencionadas comunidades, lo cual se está desarrollando en el marco de las medidas ordenadas a su favor por la Corte Constitucional, siendo necesario identificar los derechos que deben ser garantizados a los ocupantes secundarios de población vulnerable y víctimas, una vez se adelante el desalojo.

Introducción

Una de las consecuencias con mayor impacto sobre la población civil que ha generado el conflicto armado interno colombiano es el fenómeno del desplazamiento forzado y el despojo de tierras, el cual ha afectado principalmente al campesinado del país, los indígenas y comunidades afrodescendientes.

El desplazamiento forzado y despojo de tierras han generado, al mismo tiempo, otro tipo de problemáticas sociales como es el caso de la ocupación secundaria, que consiste en la ocupación de predios que fueron objeto de desplazamiento por terceras personas de buena fe, debido a que nada tuvieron que ver con los hechos violentos, quienes deben desalojar con el fin de que sean restituidos, sin tener otra opción de vivienda y de subsistencia teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se encuentran en situación de vulnerabilidad y en otros obedecen también a víctimas de desplazamiento.

Para el caso de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, durante el tiempo que sufrieron el desplazamiento en los años de 1997 a 2005, sus territorios colectivos se vieron afectados por la presencia de varias empresas dedicadas a la ganadería y el cultivo de palma de aceite, las cuales junto con otras personas tanto naturales como jurídicas ocuparon irregularmente cerca de treinta y cinco mil hectáreas (35.000 HAS). (INCODER, 2012).

En este orden de ideas, la ocupación en los territorios colectivos se presentó de varias formas: a través de poseedores de mala fe, propiedad privada sustentada en presuntos títulos falsos, la existencia de títulos de propiedad privada legítimos dentro del territorio colectivo con anterioridad a la adjudicación del mismo, la ampliación ilegal de las áreas de predios de propiedad privada por vía de accesión, contratos de compraventa y arrendamiento y finalmente, mediante el repoblamiento de los territorios colectivos a través de lo que se ha denominado ocupación secundaria.

Esta última situación, a pesar de la existencia de la presunción legal establecida en el artículo 15 de la ley 70 de 1993 que considera que toda ocupación y posesión de un territorio colectivo de mala fe, debe ser analizada en contexto, debido a que, como ya se señaló, es ejercida por personas que pueden llegar a considerarse de buena fe, teniendo en cuenta que son ajenas a los hechos que generaron el desplazamiento y despojo de tierras y que por su situación de vulnerabilidad deben ser beneficiarias de ciertas medidas que busquen proteger sus derechos.

En este orden de ideas, para el caso del repoblamiento u ocupación secundaria existen aproximadamente 891 hectáreas ocupadas, las cuales están representadas en siete repoblamientos conformados por 471 familias que no pertenecen a las comunidades negras titulares de los territorios colectivos, dentro de las cuales a través de esta investigación se logró establecer la existencia de población vulnerable como niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y también víctimas de desplazamiento.

Estas ocupaciones deben ser objeto de desalojo debido a que en el marco del seguimiento al cumplimiento a la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional ha proferido una serie de medidas a favor de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó que buscan la protección de sus derechos y la restitución material de su territorio colectivo.

El desalojo de estas personas se torna complejo dado que dentro de la población de ocupación secundaria se encuentra la existencia de grupos vulnerables, tales como campesinos, mujeres, adultos mayores, niños y niñas así como también víctimas de desplazamiento forzado, y si bien el Estado debe reivindicar los derechos que se han visto vulnerados a las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, también es su deber garantizar los derechos de los ocupantes secundarios de población vulnerable dada su situación desfavorable, propendiendo porque la restitución debe ser estable y duradera, evitando provocar conflictos sociales más agudos.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, esta investigación tiene el siguiente problema de investigación: ¿cómo se garantizan los derechos al debido proceso, a la igualdad, y la propiedad a los ocupantes secundarios de población vulnerable, en el marco de las medidas de protección ordenadas por la Corte Constitucional para la restitución de material de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, ubicados en los municipios del Carmen del Darién y Riosucio Chocó durante el periodo 2009 a la fecha?.

En este sentido, el interés por estudiar el fenómeno de la ocupación secundaria, se debe, en primer lugar, a que no ha sido desarrollada desde una perspectiva académica a pesar de ser una problemática que se ha venido presentando en todo el país como una de las consecuencias que ha generado el desplazamiento. En segundo lugar, si bien esta situación fue identificada a partir de los procesos de restitución de tierras que se han adelantado en el marco del proceso establecido en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, tuvo en cuenta medidas compensatorias a favor de los opositores sólo en los casos que lograran demostrar buena fe exenta de culpa, lo cual difícilmente se puede demostrar debido a que el estándar establecido por la Ley y la jurisprudencia es demasiado alto.

En estos casos en los que el opositor no logra demostrar buena fe exenta de culpa se identifica la existencia de personas vulnerables que en todo caso obraron de buena fe dado que nada tuvieron que ver con los hechos que generaron el desplazamiento o el despojo, sin que exista en Colombia algún instrumento normativo que establezca medidas de protección a su favor y por ende una solución.

Ahora bien, específicamente en relación con las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, si bien la restitución de sus territorios no se adelanta en el marco de la Ley 1448 de 2011, si no a través de las medidas ordenadas por la Corte Constitucional, esta problemática tampoco ha sido caracterizada y por tanto no se ha ordenado ningún tipo de protección para los ocupantes secundarios de población vulnerable que tengan que ser desalojados, por tanto se hace necesario identificar alternativas de solución para mitigar el impacto social que se pueda generar al interior de esta población.

En este sentido, el objetivo general es identificar los derechos fundamentales que deben ser garantizados a los ocupantes secundarios respecto a las medidas de protección ordenadas por la Corte Constitucional para la restitución de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó. Para el desarrollo del objetivo general se trabajaron en tres objetivos específicos: 1) analizar el caso de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, desde el contexto geográfico, conflicto armado, desplazamiento forzado y despojo, así como las medidas de protección ordenadas a su favor por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional, 2) analizar la Ocupación secundaria en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó y 3) analizar los derechos al debido proceso, igualdad y propiedad privada de los ocupantes secundarios de población vulnerables en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó y la forma en que deben ser garantizados.

En cuanto a la metodología se utilizó un estudio de tipo explicativo debido a que se analizaron las diferentes variables que están relacionadas directamente con el fenómeno de desplazamiento forzado y los efectos que se generaron, como es la ocupación secundaria de población vulnerable, así mismo se establecieron una serie de alternativas de solución para cada uno de los derechos que se deben garantizar a estas personas, para el caso específico de su desalojo en los territorios colectivos de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó.