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La memoria histórica como elemento de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia

 
  1. Consagración normativa de la memoria histórica

 

Debe aclararse que la memoria histórica no cuenta con una larga tradición jurídica, sin embargo, existen importantes pronunciamientos de la CIDH y de la Corte Constitucional que aportan suficientes elementos para su adecuado entendimiento y aplicación. A nivel internacional, no existe a la fecha un instrumento de protección específico sobre este relevante derecho[1], salvo por los principios Joinet que tangencialmente hacen referencia al mismo.

 

Los artículos 56 y siguientes de la Ley 975 de 2005 consagran el deber de “preservación de la memoria histórica” y las medidas que se deben adoptar para hacer efectivo este deber del Estado. A su vez, el artículo 4 de la Ley 1424 de 2010[2] y el artículo 144 de la Ley 1448 de 2011[3], reiteran la relevancia de la memoria histórica en el marco del reconocimiento del conflicto y sus víctimas.

 

Sin embargo, no se observa una disposición específica que establezca el deber de preservación de la memoria histórica de los NNA víctimas del desplazamiento, como si sucede, por ejemplo, con los grupos étnicos[4].

 

  1. La estrecha relación entre la preservación de la memoria y la reconciliación

 

La memoria histórica resulta trascendental cuando se trata de contextos de guerra o graves violaciones de DDHH. En efecto, siempre cumple un papel relevante en las sociedades democráticas por tratarse de una oportunidad de diálogo social y un espacio de construcción de futuro. Porvenir que debería fijarse desde la reconciliación entre quienes antes se consideraban antagonistas, tal como se lo propone la justicia transicional.

 

Así, dar voz al que no la ha tenido con anterioridad, potencia sus capacidades al considerarlo un individuo valioso y digno de ser escuchado y hace posible el encuentro entre quienes antes no tenían nada en común aparte de la guerra. De allí que la reconciliación sea uno de los efectos de los ejercicios de memoria histórica en los contextos de justicia transicional.

En ese contexto, se ha señalado que la búsqueda de la verdad y la construcción de la memoria histórica son dos de los mecanismos esenciales en el camino hacia la reconciliación de la sociedad colombiana, cuyo primer paso se dio en 1997 con la expedición de las Leyes 387 y 418 que reconocieron formalmente la existencia de víctimas del conflicto armado y de violencia en el país.

Ahora bien, el objetivo de la memoria histórica, es mucho más que el de relatar, visibilizar y sistematizar los hechos de violencia acaecidos, pues debe tener un propósito aún más amplio, de abarcar a la sociedad en general para que, de un lado, conozca su propia historia como parte de su patrimonio y, de otro, no repita los mismos hechos de violencia y barbarie.

Memoria que, en esencia, busca recordar, rememorar y sobre todo no olvidar los hechos de violencia, con el fin último que éstos no se vuelvan a repetir, desde luego, un recuerdo entendido sin dolor.

D. Importancia de la memoria histórica en la reparación de los NNA desplazados

Aquí se trae a colación lo señalado por expertos en la materia que indican que gran parte de la recuperación psicosocial y emocional de NNA que han sido víctimas de hechos de violencia, está en el poder expresar sus sentimientos, sus temores y angustias. Bello dijo en 2000 que “para evaluar los impactos del desplazamiento sobre los niños y niñas es necesario considerar las pérdidas significativas (afectivas y materiales), los eventos vividos y lo que se deja atrás y se enfrenta ahora en términos de vivencias dolorosas o gratificantes” (p.150).

Resulta necesario que los NNA encuentren posibilidades de contar sus historias y expresar su versión de la realidad, para no acumular el dolor (Bello, 2000, p.150), puesto que lo que se busca es precisamente que aun en medio de la adversidad puedan superar los impactos desproporcionados de la violencia del desplazamiento en sus esferas física y emocional.

Frente a casos emblemáticos, como la masacre de El Salado-Bolívar, cuyos horrores fueron presenciados por NNA de la comunidad, el CMH resalta en su informe de 2013 que los mismos “ilustran la grave forma en que se afectaron los procesos de socialización y construcción de la identidad de niños y niñas. Los actos violentos alteran su desarrollo psicológico normal, debido a la exposición a escenas y vivencias intensas” (2013, p.218).

Entonces, si “la búsqueda de la verdad histórica es un asunto que compromete tanto al Estado en su conjunto, como a la sociedad y es un requisito fundamental para que las sociedades puedan saldar las deudas en DDHH y en DIH y puedan darse integralmente la oportunidad de volver a vivir como condición indispensable para el reencuentro y la reconciliación nacional” (Velásquez, 2008, p.194), con mayor razón debe haber un compromiso del Estado si hay involucrados NNA en dicho proceso de reencuentro y reconciliación nacional.

Es una oportunidad que aquí toma mayor importancia, en la medida que hay involucradas nuevas generaciones frente a las cuales puede educarse en valores como la paz y la tolerancia, partiendo de los hechos del pasado, para no repetir en el futuro los patrones de violencia del conflicto colombiano.

Claro, no puede afirmarse que a través de la memoria se logre la construcción única de la verdad histórica, por cuanto en el marco de los post-conflictos, esta construcción no se agota con una primera versión de los hechos victimizantes.

Por el contrario, “a medida que se desarrolla el proceso, la palabra se va tomando la memoria y los mismos hechos son contados una y otra vez y en cada ciclo se aportan nuevos matices, nuevos hechos, nuevas maneras de expresar lo vivido, tanto desde las víctimas sobrevivientes como de los victimarios” (Velásquez, 2008, p. 199).

Entonces, los planes, programas y acciones de memoria histórica, deben buscar la materialización del concepto de resiliencia, entendida como el “conjunto de procesos sociales e intra-psíquicos que posibilita una vida sana en un medio insano” (Bello, 2000, p.151).

Además, se trata -en términos de cliché- de una apuesta a la construcción de un mejor futuro, a partir del conocimiento del pasado y en el que NNA juegan incluso un mayor papel que los adultos, partiendo de la base que aquéllos, tienen respecto de estos “más historia y más futuro que los adultos de hoy. Tienen más memoria e imaginación que los adultos” (Barratta, 1995, p.14).

Desde diversos sectores, incluida la academia y en relación con las consecuencias de la exposición constante y creciente de los NNA a la violencia, conflicto armado y desplazamiento, se cuestiona qué significa crecer en medio de la violencia o de los recuerdos violentos, y la respuesta se obtendría necesariamente desde la memoria histórica y las acciones públicas y privadas que se pueden desarrollar en el tema.

La memoria se constituiría en una forma de abordar el conocimiento de la verdad real o incluso la judicial, desde luego en el lenguaje apropiado a la edad, para obtener respuesta a interrogantes sobre cómo, dónde, quiénes, por qué, entre otros aspectos que se suelen indagar sobre los hechos de violencia del conflicto armado, y que no tienen respuesta, permitiendo abordar en el ámbito de lo psicosocial, los distintos problemas que presentan estos NNA, como falta de “concentración, memoria y aprendizaje; episodios de pánico repentinos, alteraciones graves del sueño, dificultades del lenguaje y comunicación, agresividad e hiperactividad” (CMH, 2013, p.322).

[1] Su consagración, en el contexto internacional, se da en el marco de los principios sobre la lucha contra la impunidad (Principios Joinet, 1997) que, además del derecho a la verdad, establecen, dentro de los principios generales, el deber de recordar.[2] Consagra el mecanismo no judicial de acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación, con el otorgamiento de beneficios a desmovilizados que colaboren en el esclarecimiento de hechos victimizantes.

[3] Ordena la creación e implementación de un Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica en aras de su preservación.

[4] Contenidas en los Decretos Leyes 4634 y 4635 de 2011