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La memoria histórica como elemento de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia

 

D. Enfoque diferencial de niñez y adolescencia en las políticas públicas para víctimas del desplazamiento

La expresión “enfoque diferencial” se viene utilizando con fuerza en la formulación de políticas públicas para la atención y el restablecimiento de derechos de las víctimas de la violencia en el país, en particular desde la expedición de la Sentencia T-025 de 2004. Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué se entiende por tal?

Esto, por tratarse de una expresión que no ha sido definida de forma precisa por la normatividad ni la jurisprudencia, a pesar de ser esencial en la justificación de la especial atención y protección que requieren algunos grupos poblacionales respecto de otros en iguales circunstancias de vulneración de derechos.

Distintas normas consagran el enfoque diferencial como un principio orientador en la aplicación de sus disposiciones[1], mas no lo definen, y sólo la doctrina y la academia han efectuado algunas precisiones sobre este importante concepto[2].

Se trata entonces de un método de análisis que toma en cuenta las diversidades e inequidades de la realidad, para brindar una adecuada atención y protección de los derechos de grupos vulnerables y cuyo fin es la formulación de políticas públicas ajustadas a las necesidades y especificidades de un grupo poblacional determinado.

Ahora bien, el sólo hecho de hablar de los impactos desproporcionados que causa el desplazamiento en la niñez, constituye per se un criterio diferencial, puesto que se trata del reconocimiento de un impacto distinto y mayor en los NNA que en la población adulta, en las esferas física y emocional y en particular en el ámbito de lo psicosocial.

Es claro que los NNA son sujetos de especial protección constitucional, al ser un grupo que, en los términos de la Convención de los Derechos del Niño y de los artículos 13 y 44 constitucionales, merecen de una preferente atención por parte del Estado.

Tratamiento diferencial y especial que además fue tenido en cuenta por la Ley 1448 de 2011 al momento de reconocerlos como víctimas y por tanto titulares en términos de su artículo 28, por ser sujetos de derecho y ya no por su condición de dependientes de un adulto, entre otros, de los derechos a VJR; y, a que la política pública de que trata la ley, tenga enfoque diferencial.

Esta misma disposición reconoce a los NNA como parte de los “grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones” de sus derechos, que requieren de unas “especiales garantías y medidas de protección” por parte de las autoridades públicas, por lo que dedica el Título VII –artículos 181 a 191- a la “protección integral” de este grupo por su condición de víctima del conflicto.

Estas normas consagran entre otros principios orientadores, la prevalencia de sus derechos, en particular los de VJR como elementos integrantes de la justicia transicional de la que también son objeto los NNA, entendido el derecho a la verdad como el acceso al conocimiento de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones de sus derechos.

Por su parte, en el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 el derecho a la reparación integral es aquel que tienen las víctimas para que, “de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva” sean reparadas por los daños sufridos y que “comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”.

Se mencionan con especial énfasis los derechos a la verdad y a la reparación integral por su estrecha vinculación con la memoria histórica, puesto que es en ese escenario donde se circunscribe la memoria a efectos de proteger a los NNA desplazados contra toda forma de violencia o alcanzar el goce efectivo de sus derechos, desde luego sin que se excluya el derecho a la justicia, pues a través suyo, especialmente desde la verdad judicial existe también la posibilidad de efectuar –aun cuando de forma residual-, aportes a la memoria histórica.

El Documento CONPES 3726 de 2012, importante para la ejecución y seguimiento del plan nacional de atención y reparación a víctimas, señala que sus disposiciones se desarrollarán observando, entre otros, el enfoque diferencial para NNA, resaltando que los derechos de protección prevalentes e interdependientes, el principio de protección integral y el interés superior del niño, son referentes “de interpretación para garantizar la reparación integral de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto en los términos de los artículos 3 y 181 de la Ley 1448 de 2011”, sin embargo, resulta evidente que el enfoque diferencial sigue siendo un planteamiento general, filosófico y sin materialización concreta.

Todos estos elementos justifican la aplicación del enfoque diferencial etario en las políticas públicas de restablecimiento de sus derechos, en la medida que hay un consenso generalizado y sin lugar a dudas que son los NNA el grupo más vulnerable entre la población vulnerable.

Se cuestiona si los NNA desplazados como sujetos de especial protección constitucional[3] y desde la perspectiva del enfoque diferencial, deben ser tenidos en cuenta como un grupo específico para la formulación y ejecución de las políticas de memoria histórica, o por el contrario, deben tenerse como un enfoque diferencial transversal dentro de las actuales políticas en el tema.

Diversos estudios evidencian la necesidad que se materialice el enfoque diferencial y no sea simplemente un eje transversal, pues si bien aparece reseñado el tema desde la misma normatividad, también es cierto que en las acciones y experiencias que hasta el momento se han desarrollado, no se evidencia el enfoque diferencial de NNA[4], entre otros enfoques diferenciales reconocidos.

[1] Por ejemplo, el Decreto 250 de 2005 que lo menciona como uno de sus principios orientadores, o la Ley 1448 de 2011 que lo asume como el reconocimiento de las características particulares que tienen ciertos grupos de la población en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad.[2]La Universidad Nacional en el módulo 3.1. de la especialización en acción sin daño y construcción de paz, lo define como una forma de “análisis y de actuación social y política que, por una parte identifica y reconoce las diferencias de género, identidad sexual, etnia, edad y situación de salud, entre otras categorías; y por otra sus implicaciones en términos de poder, de condiciones de vida y de formas de ver el mundo”, el cual “busca la transformación o supresión de las inequidades y de sus expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, política y económica. (¶.11)”.

[3] Calidad que se da por su condición de debilidad manifiesta, por ser sujeto vulnerable, por ser víctima o por ser objeto de discriminación, sin contar con que confluya alguna condición que los haga sujeto de múltiples vulnerabilidades, como sería pertenecer a una minoría étnica o contar con una discapacidad.

[4] En el Seminario Internacional Itinerante en Memoria Histórica “Diálogos, desafíos y abordajes de la Memoria Histórica en Colombia” realizado en mayo de 2010, se señaló que “es importante resaltar como reto, la construcción de Memoria Histórica con enfoque diferencial, donde se recupere la memoria de las víctimas invisibilizadas por razonas socioculturales como la violencia contra las mujeres, contra las minorías étnicas, contra los niños y las niñas y los diversos sectores en razón de su orientación sexual y la identidad de género; promoviendo acciones de exigibilidad y reconocimiento de sus derechos”, tomado de http://www.dialogos-en-educacion.org/files/SistematizacionMemoria_Catalina%20Betancur_0.pdf