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El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y los centros de reclusión

 

La solución no es aquella fórmula mágica de construcción de más centros penitenciarios sino que se trata de considerar al derecho penal como la ultima ratio; ello quiere decir, según la Sentencia C-647 de 2001, que la sociedad como forma de control puede usar las penas, pero a ellas solo se debe acudir como último recurso, pues solo allí está justificado el derecho penal en un Estado social de derecho, cuando se busque garantizar la convivencia pacífica, debiendo hacerse una evaluación de la gravedad, que cambia según las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales que imperan en un momento determinado.

En este contexto, la pena debe ser justa y proporcional, en ningún caso se pueden imponer penas desproporcionadas, innecesarias o inútiles; si ello fuera así, no sería loable imponer la privación de la libertad en centros de reclusión donde se ha confirmado la violación masiva de derechos hasta el grado de considerarse no digno para un ser humano y no viable para que los individuos continúen su camino de desarrollo determinados solo por sus libres elecciones.

La pena debe ser necesaria y útil, lo que implica que sirva para la convivencia pacífica, su poder disuasivo debe evitar la comisión de conductas delictuales, implica también que sirva para reafirmar la decisión del Estado conservar y proteger los derechos objeto de tutela jurídica, cumpliendo además la función de resocialización y reinserción. Y solo se logra esa utilidad si se trata de una pena constitucional y digna compatible con las libertades del ser humano.

En consecuencia, las penas que están cumpliendo las personas en los centros de reclusión si bien desde la teoría pueden cumplir algunos fines, en la práctica no, el Estado no se reafirma cuando se hace evidente que viola con sus instituciones derechos fundamentales, al tiempo que exige el cumplimiento de la Constitución. Recuérdese que las tasas de reincidencia oscilan entre 70% y 90% (Congreso de la República de Colombia, 2003) ¿Cómo puede una persona que queda con el estereotipo de “delincuente” lograr la reinserción social?

El derecho como ultima ratio implica la existencia de otros elementos que se deben tener en cuenta para que se dé el uso del derecho penal cuando se buscan proteger bienes jurídicos, acudir al derecho penal puede no resultar razonable con el solo hecho de tener un objetivo final elogiable como lo dice Bernd Schünemann (2007) no es loable que su utilización cause “más daños que beneficios”.

Luego de entender y aplicar el derecho penal como ultima ratio, es necesario que eso se evidencie en un cambio de la política criminal. La Sentencia C-355 de 2006 (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-355 de 2006) nos habla de los criterios que determinan la constitucionalidad de la política criminal, afirma que el legislador tiene libertad de configuración, donde por medio de una decisión política se determinan los bienes que requieren mayor protección y las conductas que son objeto del reproche más fuerte, cuya violación causan daños estructurales a la convivencia pacífica.

Así mismo, el reproche penal sanciona la conducta subjetiva del actor, que atenta contra estos bienes de manera dolosa y en casos excepcionales y expresamente establecidos por el legislador de manera culposa. Es decir, la vulneración objetiva de esos bienes jurídicos no debe generar necesariamente un reproche penal, sino cuando se presenta dentro de determinadas circunstancias objetivas.

La misma sentencia hace un llamado a usar preferentemente herramientas de solución de conflictos como la disuasión u otros medios de gestión y de prevención antes de llegar al ius punendi. Solo se debe recurrir a este, cuando se den las justificaciones de la pena antes expuestas “ello es así, porque la sanción penal es el más fuerte reproche social y jurídico y conlleva la mayor invasión del Estado y las mayores restricciones de los derechos y libertades personales. Todo lo anterior explica su carácter de última ratio” (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-355 de 2006).

En consecuencia, la política criminal, como todo acto de autoridad, debe responder a los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que son criterios de valoración constitucionales, no obstante que el test que determine el cumplimiento de estos criterios, es y debe ser débil, acorde con la amplitud de la competencia de que está investido el legislador. Así, las decisiones que adopte en esta materia, sólo podrán ser excluidas del ordenamiento o condicionadas por la autoridad constitucional, si ellas afectan de manera directa y protuberante los fundamentos del Estado social y democrático de derecho y en particular, los derechos de las personas. (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-355 de 2006)

Es la realidad la que debe brindar los criterios ideales para que el derecho penal y la política criminal se adapten a la escenario social , sin tenerla en cuenta es imposible coordinar los derechos y las expectativas de los colombianos con la teoría, los códigos y la Constitución. La política y el derecho deben ser reflejo de la sociedad, no son útiles los códigos copiados sin análisis de eficacia y eficiencia en nuestro escenario.

A partir de una nueva valoración, orientada por criterios sociales y políticos diferentes, que protegen la dignidad de la persona e impiden al Estado intervenir en las decisiones que constituyen parte del ejercicio libre de su personalidad y de su vida relacional, afectiva e íntima, cuyas motivaciones, propias de la complejidad de la mente y de los sentimientos humanos, escapan al poder y a la posibilidad de sanción social. (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-355 de 2006)

Por ejemplo, la política criminal no debe ser ajena al conflicto armado que sostiene nuestro país, al narcotráfico, a los índices de desplazamiento y pobreza, a los desastres naturales, a la desigualdad, a la discriminación, no con ello debe suplir la política social, pero esta última si debe ser su presupuesto y/o punto de partida.
5. Propuesta: la educación experiencial

Una alternativa interesante está representada en las llamadas “estrategias diferenciales” que pretenden que la pena privativa de la libertad no termine siendo siempre una pena de reclusión, tomando una pena o medida alternativa (De Miguel, 1993). Dentro de estas encontramos opciones como las multas, la libertad condicional, el trabajo voluntario, la probación, entre muchas otras. Esta referencia es un llamado especial para que en Colombia se estudien más a fondo nuevas opciones, que permitan “humanizar” el estado actual de los centros de reclusión.

Las personas en prisión deben ser vistas desde su gran potencial para la sociedad, pero nosotros mismos nos hemos encargados de segregarlas y estereotiparlas bloqueándolas y haciéndolas incapaces de demostrar que el desarrollo personal es posible, aun cuando se ha actuado erróneamente pero siempre que se cumplan los presupuestos y libertades consagrados en la Constitución.