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El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y los centros de reclusión

 

4. Los centros de reclusión: situación actual y el derecho al libre desarrollo de la personalidad

Visto lo anterior, ahora nos adentraremos a analizar la situación de los centros de reclusión, haremos referencia de nuevo a la Sentencia T-153 de 1998 (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-153 de 1998) donde se pone de presente, el inminente incumplimiento del ordenamiento jurídico, la violación de la disposiciones jurídicas internacionales y nacionales y los objetivos del sistema penitenciario consagrados el artículo 10 de la ley 63 de 1993.

Artículo 10. Finalidad del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.

El presente artículo no pretende citar todas las referencias estadísticas y las cifras de la situación carcelaria con las que podríamos a llenar hojas y hojas mostrando con el escenario actual. Pero cabe preguntarse ¿qué consecuencias acarrea está situación? ¿Si las personas en los centro de reclusión no gozan del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad qué derecho fundamental sale bien librado ante esta situación?

Es evidente la imposibilidad del goce de los derechos fundamentales y de los medios para que las personas en los centros de reclusión desarrollen su libre personalidad por medio de actividades culturales, deportivas, recreativas, para que estudien y/o trabajen. Ni siquiera se garantizan las condiciones mínimas para una vida digna “tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc.” (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-153 de 1998).

Al ser estos bienes escasos, se aplican las leyes de la demanda y “ello significa que la distribución y asignación de esos bienes se realice a través de los mecanismos de la corrupción y la violencia” (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-153 de 1998). El INPEC afirma los altos costos sociales, económicos, institucionales, los riegos de “desocialización (sic)” entre otros, por la congestión y sobrepoblación de los centros. “En un lugar donde la demanda por una habitación es mucho más alta que la oferta y donde la guardia no está en capacidad de imponer el respeto a las normas establecidas, sólo cabe esperar que se imponga la ley del más fuerte, con todas sus consecuencias” (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-153 de 1998).
Si bien se concluye del análisis de diversas fuentes un panorama de violación continua de los derechos humanos en los centros de reclusión en Colombia, nos centraremos en analizar, un poco más, las violaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Partiendo de recordar que la personalidad es un concepto abstracto que reseña un conjunto de características que hace de cada sujeto un ser único e inigualable frente a los otros y que determina, en gran medida, sus comportamientos. De manera que, se constituye en un elemento intrínseco del individuo, que evoluciona constantemente y que le determina la proyección en el mundo exterior.

Estas características se ven influenciadas por la historia de cada individuo, por lo que se vive a diario en su entorno; factores como la política, la religión, la economía, el ambiente familiar, entre otros, dejan huellas en el individuo que consciente o inconscientemente repercuten en su personalidad. Para el caso de las personas recluidas en establecimientos carcelarios su entorno está marcado por el hacinamiento, la escasez de recursos, de elementos como salud, diversión, educación, trabajo, espacios lúdicos y deportivos y la violación tajante de otros derechos.

Es decir, el panorama desolador de estos establecimientos marca las condiciones socioculturales en las que se están desenvolviendo estos individuos y que según lo dicho por Sorokim (Sociedad, cultura y personalidad : su estructura y su dinámica. Sistema de sociología general, 1962). Son las condiciones socioculturales las que influyen en la existencia misma de un individuo, en las propiedades biológicas de su organismo, en el ambiente y en los múltiples papeles que ha de desempeñar como ser a través de la infancia, la adolescencia, la madurez y la vejez. En el curso de esta odisea, la dinámica de la personalidad transcurre desde la infancia hasta la vejez y se ve determinada por el ambiente sociocultural, que influirá, por ejemplo, en el cambio de niño rebelde a niño aplicado, el de “interno” al de hombre libre (Sorokin, 1962).

También traemos a colación lo expresado por el abogado Tocara de lo que se puede concluir que la personalidad es dinámica, el desenvolvimiento de cada sujeto está marcado en su integridad física, psíquica y moral, los tratos que irrespeten y pongan en situaciones denigrantes a una persona de seguro marcaran la personalidad de ese individuo, la readaptación de un condenado está determinada por su capacidad de autodeterminación según sus creencias y experiencias.

Adicionalmente, y conforme a una lectura sistemática, ningún sujeto debe ser objeto de discriminación alguna, con relación a los internos se les deben respetar sus creencias, deben seguir gozando de sus derechos no restringidos, de su derecho a la salud, a la cultura, al trabajo, entre otros, que permiten su desarrollo; y, sobretodo, se deben crear las condiciones para su futura reincorporación en la sociedad. Los centros de reclusión no son lugares exentos del cumplimiento de los fines del ordenamiento jurídico.

En conclusión y teniendo en cuenta lo mencionado en los establecimientos de reclusión en Colombia nos encontramos ante la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad puesto que según la Corte Constitucional se vulnera este derecho fundamental “cuando a la persona se le impide, en forma irrazonable, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano” (Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-429 de 1994).

Aunque si bien la solución para acabar con la situación inhumana y de sistemática violación de derechos humanos, incluido el que nos ocupa, sería el fin de los centros de reclusión, ello es “imposible” pues la pena es un mal necesario porque como afirma Foucault (1986) aún sigue siendo aceptada socialmente como la única manifestación del control estatal.

Por ello, a pesar del estar seguros que la resocialización no es un objetivo perseguible por razones que escapan a los fines de la presente investigación y tanto menos de lograrse intra muros, en un ambiente de no libertad ya que allí no es viable aprender a vivir en libertad ni aprender a convivir en la sociedad. De manera que los establecimientos carcelarios seguirán cumpliendo la función de “letra muerta”, demostraran que “el derecho es para los de ruana”, que “el estado predica pero no aplica”, entre otras tantas frases de cajón que serían idóneas para describir esta deprimente y desoladora situación.

Otra opción, seguramente más viable es aquella según la cual el Estado cumple con lo dispuesto en el Código Penal frente a otras medidas de seguridad privativas y no privativas de la libertad, se hace referencia en cuanto a las privativas a las casas de trabajo o de estudio tal y como se dispone en el artículo 69. Se lamenta y se pregunta porque “el Estado ha hecho caso omiso y tácitamente ha hecho de esta previsión mera teoría” (Velásquez, 2009, pág. 1073).

¿Por qué no reparar las faltas que llevaron a tantos a caer en círculos viciosos del delito ofreciendo ahora otra opción de vida y de desarrollo libre y pleno de la personalidad? En estos lugares se debería suministrar educación y capacitación en temas pertinentes que den herramientas para que las personas encuentren caminos lícitos y prometedores de progreso, primero individual y luego familiar y social.