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El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas: una vía para fortalecer la gobernabilidad democrática en Colombia

 

Promover la autonomía de los pueblos indígenas en el manejo de sus asuntos internos.

Las prácticas culturales, tradicionales y valores de los pueblos indígenas pueden desempeñan un papel crítico y positivo en avanzar y promover la autonomía y participación de los grupos originarios. Por esta razón, se deben movilizar las redes indígenas junto con líderes políticos y tradicionales, así como grupos de la sociedad civil, para ayudar a identificar y promover los valores culturales y sociales que ayudan a preservar su identidad cultural diferenciada (Plan de compromiso, Directrices del GNUD, 2015).

Generar espacios donde los pueblos indígenas puedan incidir en la adopción de decisiones y en el control de responsabilidades y rendición de cuentas de sus gobernantes.

Se deben promover un entorno habilitador de carácter jurídico, institucional y político, el cual resulta crucial para la efectividad de todas sus actividades relacionadas con los pueblos indígenas (Plan de compromiso, Directrices del GNUD, 2015). Se debe avanzar en el reconocimiento, garantía e implementación de los derechos de los pueblos indígenas en la legislación mediante la reforma jurídica e institucional, así como la asignación adecuada de recursos en el presupuesto nacional. Esto incluye promover un marco jurídico y político favorable al compromiso cívico y la participación de los pueblos indígenas en las instituciones políticas.

“Este esfuerzo puede implicar la creación de espacios públicos y permanentes para la participación de los pueblos indígenas y, entre otros: apoyar la creación de órganos o consejos indígenas a nivel nacional, regional y local; promover y/o apoyar la creación de organizaciones y/o redes de los pueblos indígenas; o revisar el marco jurídico nacional que regula las actividades de las organizaciones no gubernamentales, incluidas las organizaciones de los pueblos indígenas, y del sector sin ánimo de lucro” (Plan de compromiso, Directrices del GNUD, 2015).

Así mismo, al momento de desarrollar procesos políticos en éstos espacios se deben, cuanto menos, emplear herramientas o canales de comunicación ajustados a los valores y normas indígenas para asegurar la apropiación legítima, suministrar de manera oportuna toda la información pertinente a los pueblos o representantes indígenas que participan en los procesos, y suministrar, de manera culturalmente sensible, orientaciones completas a cerca de los mismos (Plan de compromiso, Directrices del GNUD, 2015).

Evaluación y seguimiento.

Los gobiernos deben hacer “todo esfuerzo posible por resaltar las tendencias y disparidades entre las personas indígenas y no indígenas, entre diversos grupos indígenas en el país y dentro de los pueblos indígenas basadas en diversos factores tales como género, ubicación geográfica, edad” (Plan de compromiso, Directrices del GNUD, 2015), entre otros.

Se deben desglosar los datos por origen indígena y lengua, así como promover metodologías alternas de recolección de datos, y la elaboración de indicadores que reflejen las perspectivas de los pueblos indígenas y ayuden a comprender su situación (Plan de compromiso, Directrices del GNUD, 2015). El desglose de datos por género y edad también es esencial para evaluar la situación de las mujeres, niños, ancianos y los hombres dentro de sus comunidades (Plan de compromiso, Directrices del GNUD, 2015).

“El análisis debe ser respaldado por la evaluación de capacidad de los pueblos indígenas como poseedores de reivindicaciones y sujetos de responsabilidades, con la participación de los pueblos indígenas. Con base en evidencia cuantitativa y cualitativa, el análisis debe enfocarse en, y comunicar con claridad, las causas fundamentales de las disparidades, las cuales a menudo se encuentran en la discriminación, marginación y exclusión social, incluyendo un análisis de la situación particular de grupos en situación vulnerable dentro de las comunidades indígenas, tales como” poseedores de reivindicaciones las mujeres, ancianos y niños indígenas.

Con base en la anterior serie de medidas, se debe, por lo menos, llevar a resultados como:

a) Reducción de la discriminación y visibilización de los pueblos indígenas, con la consecuente reducción de los fenómenos de violencia en su contra.

b) La real y efectiva participación de los pueblos indígenas en las instituciones políticas del Estado colombiano y en los procesos estatales de adopción e implementación de decisiones.

c) El desarrollo de procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado, antes de la adopción o implementación de cualquier tipo de decisión susceptible de afectarlos directamente.

d) La autonomía en el manejo de sus asuntos internos y la posibilidad de decidir e implementar sus propios planes de vida y modelos de desarrollo y bienestar.

e) La implementación de procesos de control de responsabilidades y rendición de cuentas de aquellas autoridades políticas y administrativas con el deber de reconocer, garantizar e implementar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Conclusiones

En la presente investigación se estudió el derecho a la libre determinación reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, con el objetivo de señalar aquellos aspectos de su definición que pueden servir para fortalecer la gobernabilidad democrática en Colombia. A modo de conclusiones, se sintetizan los principales resultados obtenidos durante el proceso de investigación, los cuales se expondrán siguiendo el orden temático establecido.

  1. En relación con la gobernabilidad democrática, tenemos que el PNUD ha definido el concepto como la capacidad de una sociedad de concretar y establecer políticas, y resolver sus conflictos de manera pacífica, dentro de un orden jurídico vigente. Así las cosas, la gobernabilidad requiere tanto de instituciones democráticas a nivel nacional y local, como de una sociedad civil suficientemente activa, que permitan garantizar la transparencia y la participación de los ciudadanos en los procesos públicos de adopción de decisiones.
  2. El concepto de actores estratégicos es clave, puesto que son aquellos que le otorgan validez al régimen político, ya sea por tener una gran legitimidad y representación política o, así no tengan representación política, por ser capaces de desmejorar la gobernabilidad mediante el uso de diversos recursos de poder.
  3. Debe existir una permanente interacción entre la sociedad civil y las instituciones del Estado, así como espacios de encuentro entre unos y otros. El Estado debe fortalecer las instituciones democráticas, tanto a nivel nacional como local, para lograr una mejor calidad de la representación. Por su parte, la sociedad civil debe adelantar procesos de empoderamiento para consolidar una plena ciudadanía política y social, capaz de incidir en la adopción de decisiones y en el control de responsabilidades y rendición de cuentas de sus gobernantes. Finalmente, ambas partes deben promover espacios donde ciudadanos y representantes se puedan encontrar para debatir y generar acercamientos para la toma conjunta de decisiones.
  4. En relación con el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas tenemos que éste implica la autonomía de los grupos originarios en relación con el manejo de sus asuntos internos, y su participación activa en las instituciones políticas, jurídicas, culturales, sociales y económicas, así como en los procesos estatales de adopción e implementación de decisiones, particularmente de aquellas que les conciernen o que puedan afectarlos directamente.
  5. Para que el sistema político colombiano sea gobernable democráticamente, desde un enfoque de derechos humanos y culturalmente sensible, se debe avanzar en el reconocimiento, implementación y garantía del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.
  6. Con ese propósito se debe se deben adoptar una serie de medidas dirigidas a que los grupos originarios, como actores estratégicos, puedan hacer parte parte integral del Estado colombiano, conforme sus propios usos y costumbres, entre las que se pueden señalar las siguientes:
  7. Promover la participación de los pueblos indígenas en las instituciones políticas, tanto a nivel nacional como local.
  8. Generar los espacios adecuados para llevar a cabo los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado, antes de la adopción o implementación de cualquier tipo de decisión susceptible de afectarlos directamente.
  9. Promover la autonomía en el manejo de sus asuntos internos, con el fin de permitirles a estos grupos ser capaces de decidir por ellos mismos sus propios modelos de desarrollo y bienestar.
  10. Generar los espacios adecuados donde los grupos originarios puedan incidir en la adopción de decisiones y en el control de responsabilidades y rendición de cuentas de sus gobernantes.

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