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El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas: una vía para fortalecer la gobernabilidad democrática en Colombia

 

La segunda está relacionada con los procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos indígenas en el conflicto armado por parte de los actores armados ilegales y/o por algunos miembros individuales de la Fuerza Pública. Las mismas tienen las siguientes manifestaciones: a) Señalamientos. b) Asesinato selectivo de líderes, autoridades tradicionales y miembros prominentes. c) Amenazas, hostigamientos y persecuciones de individuos, familias y comunidades. d) Confinamientos de familias y comunidades enteras. e) Controles sobre la movilidad de personas y bienes. f) Falta de respeto reiterado a las autoridades tradicionales. g) Controles de comportamiento y de las pautas culturales propias. h) Reclutamiento forzado. i) Apropiación y hurto de bienes de subsistencia. j) Prostitución forzada, violencia sexual y enamoramiento de mujeres y jóvenes indígenas como táctica bélica. k) Homicidio, amenaza y hostigamiento de maestros, promotores de salud y defensores de derechos humanos. l) Ocupación temporal de escuelas, viviendas y edificios comunitarios. m) Utilización de las comunidades como escudos humanos durante los enfrentamientos (Corte Constitucional de Colombia, 2009, págs. 7-9). 

La tercera está relacionada con los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afectan las tierras y territorios ancestrales y las culturas indígenas. Se resaltan tres en particular por su grave impacto sobre la integridad de los pueblos indígenas: a) El despojo territorial simple por parte de colonos y actores con intereses económicos sobre las tierras y recursos naturales de propiedad de los grupos originarios, sea porque forman parte de sus resguardos, porque están en proceso de titulación, porque forman parte de los territorios de proyección y ampliación de los resguardos o porque forman parte de su territorio ancestral y aún no han sido reconocidas como tal por las autoridades. b) El desarrollo de actividades económicas lícitas o ilícitas en tierras y territorios ancestrales. Especialmente de cultivos ilícitos y el desarrollo dentro de sus territorios, por actores externos, de distintas actividades vinculadas al tráfico de drogas. También, el desarrollo de actividades lícitas de explotación de recursos naturales, en forma irregular, por actores económicos del sector privado, por los grupos armados ilegales, o por asociación de ambos. c) Fumigaciones de cultivos ilícitos sin el lleno de los requisitos de consulta previa (Corte Constitucional de Colombia, 2009, págs. 9-10). 

La última de estas causas está relacionada con los procesos socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado, son agravados o intensificados por causa de la guerra. Tienen las siguientes manifestaciones: a) La pobreza y sus consecuencias. b) La inseguridad alimentaria y sus consecuencias, que se ve empeorada por apropiación, destrucción por conflicto armado y restricciones de movilidad. c) Condiciones de salud deterioradas que se desmejoran por el conflicto armado, en particular, mortalidad infantil alta, y altas tasas de enfermedades prevenibles. d) La invisibilidad preexistente por censos y estadísticas divergentes. e) El debilitamiento étnico y social y la aculturación prevalecientes (Corte Constitucional de Colombia, 2009, págs. 10-11).

Ante esta crítica situación, el Estado no ha dado una respuesta estructurada y diferencial, limitándose, principalmente, a la expedición de normas, políticas y documentos formales, los cuales, a pesar de su valor, han tenido repercusiones prácticas precarias (Corte Constitucional de Colombia, 2009, pág. 34). A pesar de que se han adoptado medidas para atender y proteger los derechos de los pueblos indígenas, y que se han formulado planes, programas y proyectos en ese sentido, muchas de estas medidas no han sido aplicadas, o lo han sido de manera deficiente. A lo que se suma el hecho de que las mismas no suelen ajustarse adecuadamente a las condiciones de vida, cultura, costumbres, estructuras organizacionales y planes de vida de estos pueblos (Organización de las Naciones Unidas, 2010, pág. 9).

En ese sentido, la situación de los pueblos indígenas en el país no ha sido afrontada con la urgencia que la gravedad de la situación merece (Organización de las Naciones Unidas, 1994). La falta de concordancia entre el derecho a la libre determinación y sus derechos derivados, reconocidos tanto a nivel nacional como a internacional, de un lado, y el escaso desarrollo legal y reglamentario destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos, de otro, mantiene a los grupos originarios, como actores estratégicos, en la periferia del sistema político nacional. Tal divergencia choca con los postulados constitucionales básicos que redefinen a Colombia como Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la diversidad étnica y cultural.

Es una situación tan grave como invisible. Este proceso no ha sido reconocido aún en sus reales dimensiones por las autoridades encargadas de representar y proteger a los pueblos indígenas del país. Mientras que numerosos grupos originarios son atacados, desplazados y desintegrados en todo el territorio nacional por los actores armados, por los distintos factores subyacentes al conflicto y vinculados al mismo, así como por la acción de privados interesados en la explotación de los recursos naturales, el Estado y la sociedad continúan preciándose de su carácter multicultural, de sus riquezas étnicas y de distintos aspectos de las culturas indígenas nacionales. Esta contradicción entre la realidad y la representación generalizada de dicha realidad resulta sorprendente, no sólo por su crueldad inherente, sino por revelar una actitud de indiferencia generalizada ante el horror que los pueblos indígenas del país han debido soportar en los últimos años (Corte Constitucional de Colombia, 2009).

En un contexto de déficit de gobernabilidad democrática en el que se busca, en primer lugar, fortalecer las instituciones políticas para lograr una mejor calidad de la representación; en segundo lugar, promover la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, en especial de las poblaciones más vulnerables y menos representadas; y en tercer lugar, promover espacios donde unos y otros se puedan encontrar para debatir y generar acercamientos para la toma conjunta de decisiones; se debe avanzar en el reconocimiento, implementación y garantía del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, así como de sus derechos derivados, con el fin de permitirles a estos grupos ser capaces de incidir en la adopción de decisiones y en el control de responsabilidades y rendición de cuentas de sus gobernantes.

De esta forma, desde un enfoque de derechos humanos y culturalmente sensible, los grupos originarios como actores estratégicos, a través de sus derechos colectivos, pueden hacer parte parte integral del Estado colombiano, conforme a sus propios usos y costumbres, y llevar a las instituciones políticas sus demandas, reivindicaciones y aspiraciones, con el consecuente incremento del grado de aceptación del sistema político colombiano y de la mayor capacidad de proponer mejores respuesta a los conflictos sociales.