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El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas: una vía para fortalecer la gobernabilidad democrática en Colombia

 

De esta forma, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas se proyecta en el ámbito nacional, de manera imperativa, como una prerrogativa propia de los pueblos indígenas que genera la obligación en cabeza del Estado colombiano, de reconocer y garantizar el derecho colectivo de los grupos originarios a definir, mantener y desarrollar su identidad cultural diferenciada, a través de un marco jurídico propio, que les permita lograr la autonomía en relación con sus asuntos internos y de la efectiva participación en la institucionalidad del Estado colombiano.

Este marco jurídico propio implica la prerrogativa que tienen los grupos originarios de definir sus propias instituciones, autoridades y formas de gobierno, a darse o conservar sus propios valores, normas y costumbres, a decidir sus propios modelos de bienestar y desarrollo, a determinar sus planes de vida y a adoptar las decisiones internas que consideren más adecuadas para la protección de los mismos (Corte Constitucional de Colombia, 2009a). Prerrogativa que, en virtud de la cláusula de interpretación anteriormente mencionada, debe ser entendida en armonía con el principio de unidad nacional y el respeto del carácter normativo de la Constitución.

Bajo los parámetros del principio de unidad nacional, el pleno ejercicio del derecho a la libre determinación genera tensiones en los puntos de encuentro entre los diferentes modelos y prioridades de desarrollo y bienestar de la sociedad predominante y de los grupos originarios. Razón por la cual, el reconocimiento de este derecho implica para el Estado colombiano, además de las obligaciones ya señaladas, la obligación de delimitar claramente el campo de acción para la toma de decisiones del gobierno y de las autoridades tradicionales indígenas, así como la obligación de establecer mecanismos de coordinación y concurrencia entre los mismos (Corte Constitucional de Colombia, 2009b).

Por su parte, el respeto del carácter normativo de la Constitución implica una restricción a la libre determinación cuando su ejercicio signifique la adopción de decisiones que vulneren el derecho a la vida, la prohibición de tortura, la prohibición de esclavitud y el principio de legalidad, especialmente, en materia penal. Estos derechos constituyen límites que han sido definidos a partir de un consenso intercultural lo más amplio posible, y cuya superación resulta intolerable. Por pertenecer al grupo de prerrogativas intangibles, reconocidas por todos los tratados internacionales de derechos humanos, que no admiten ser suspendidos ni siquiera en situación de conflicto armado, deben ser respetados en toda circunstancia por los grupos originarios (Corte Constitucional de Colombia, 1998).

El derecho a la libre determinación indígena, constituye entonces, el eje central de todo el régimen de protección de los grupos originarios, no solo por concretarse así mismo a través de los otros derechos colectivos, sino además porque el ejercicio efectivo y garantía de éstos últimos, depende de que estén dadas las condiciones de autonomía y participación ampliamente señaladas.

La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia.

Según las cifras del Departamento Nacional de Estadística –en adelante, DANE–, el Gobierno Nacional de Colombia ha reconocido oficialmente la existencia de 87 pueblos indígenas (DANE, 2015, pág. 20)[1], con una población aproximada de 1.392.623 personas, que equivale al 3.43% de la población total del país (DANE, 2015, pág. 37). Estos pueblos se encuentran distribuidos por todo el territorio nacional y presentan una gran diversidad demográfica y cultural. Tres de estos grupos (Wayuu, Paez y Emberá) cuentan con más de 50.000 miembros, mientras que más de treinta grupos cuentan con menos de 500 miembros. Entre los pueblos indígenas se incluyen agricultores, recolectores y pescadores; comunidades campesinas indígenas; pequeños grupos nómadas; y una creciente población indígena urbana (Organización de las Naciones Unidas, 1994, pág. 5).

La mayor parte de la población originaria se ubica en el área rural del país, en los resguardos indígenas legalmente constituidos, en las parcialidades indígenas o en los territorios no delimitados legalmente. Actualmente existen 710 resguardos titulados que ocupan una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas, equivalentes al 29,8% del territorio colombiano, los cuales se encuentran ubicados en 27 departamentos y en 228 municipios. Los departamentos con mayor número de resguardos son: Chocó, con 115; Cauca, con 83; Tolima, con 66; Nariño, con 60; y, Putumayo, con 55 (DANE, 2015, págs. 22-23). Los departamentos con mayor concentración de población indígena son: La Guajira, con 278.212 habitantes; Cauca, con 248.532 habitantes; Nariño, con 155.199 habitantes; Córdoba, con 151.064 habitantes; y, Sucre con 82.934 habitantes. Los departamentos que tienen un mayor porcentaje de población indígena son: Vaupés, con 66.65%; Guainía, con 64.90%; La Guajira, con 44.94%; Vichada, con 44.35%; y, Amazonas, con 43.43% (DANE, 2015, págs. 38-39).

Las cifras del DANE indican que el 63% de la población indígena vive bajo la línea de pobreza y el 47,6% no tiene ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos que cubra los requerimientos alimenticios mínimos diarios. El 34,53% no tiene acceso a la salud. La tasa de analfabetismo entre los 15 y 49 años es de 24,1%, mientras la de la población nacional es seis veces menor, y solamente el 50% entre los 5 y los 25 años asiste a alguna institución educativa. Por otra parte, 3 de cada 5 indígenas no tienen acceso a acueducto, 4 de cada 5 no tienen acceso a alcantarillado y 2 de cada 5 no tienen acceso a energía. La población indígena tiene una cobertura en acueducto 4 veces menor a la de la población nacional, 3,2 veces menor en alcantarillado y 9,3 veces menor en servicio de energía (KAS, 2009, pág. 7).

Otras cifras del DANE señalan que el porcentaje de indígenas que abandonó su residencia, en los cinco años anteriores al último censo de Colombia realizado en 2005, se dio por alguna de alguna de las siguientes razones: El primer motivo corresponde a razones familiares, equivalente a un 33.57%; le siguen la dificultad para conseguir trabajo, equivalente a un 20.05%; las amenazas contra la vida, equivalente a un 12.27%; la necesidad de educación, equivalente a un 10.17%; otras razones, equivalente a un 8.81%; el riesgo de desastre natural, equivalente a un 7.52%; y motivos de salud, equivalente a un 7.41% (DANE, 2015, pág. 47).

Tales cifras reflejan la discrepancia existente entre un marco constitucional y jurisprudencial avanzado en el reconocimiento de derechos colectivos a los grupos originarios, el escaso desarrollo del mismo a nivel legal y reglamentario, y la evidente incapacidad institucional para lograr su implementación y garantía, todo en el contexto de un conflicto armado interno en el que la actividad de los múltiples actores que en el intervienen, dificultan las posibilidades de acción estatal, así como los ejercicios de autonomía y participación de estos grupos (Organización de las Naciones Unidas, 2010, págs. 6-7).

Por estos motivos, los pueblos indígenas de Colombia están particularmente indefensos y expuestos al conflicto armado y sus consecuencias, al igual que al abuso de aquellos interesados en explotar los recursos naturales que se encuentran en sus tierras y territorios ancestrales, sobre la base de situaciones estructurales preexistentes de pobreza extrema y abandono institucional, que operan como factores catalizadores de las profundas y sistemáticas violaciones de derechos humanos a las que se ven sometidos (Corte Constitucional de Colombia, 2009, pág. 5).

Para la ONIC, el Estado Colombiano no ha reconocido la totalidad de las vulneraciones de derechos humanos a los pueblos indígenas, lo que incrementa el riesgo al que se encuentran expuestos. Los datos presentados por esta organización indican que la principal causa de vulneración está asociada a la presencia de grupos al margen de la ley en sus tierras y territorios ancestrales, y el consecuente señalamiento que estos hacen de la participación, o no, de la población indígena en el conflicto (Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, 2014).

Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia señaló en el Auto 004 de 2009 que al menos 30 pueblos indígenas se encuentran en estado de alto riesgo de exterminio físico y cultural, por diversas causas relacionadas con el conflicto armado y el desplazamiento forzado, así como de procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado que afectan sus tierras y territorios ancestrales (Corte Constitucional de Colombia, 2009, pág. 6).

La primera causa está relacionada con las confrontaciones entre los actores armados, sin involucrar activamente a los pueblos indígenas, pero afectándolos directamente. Estas confrontaciones tienen, en términos generales, las siguientes manifestaciones: a) Incursiones y presencia de grupos armados ilegales en tierras y territorios ancestrales, en ocasiones seguidas de una fuerte militarización del territorio por parte de la Fuerza Pública. b) Confrontaciones armadas entre grupos armados ilegales, o entre éstos y la Fuerza Pública, en tierras y territorios ancestrales, o cerca de éstos. c) Ocupación de lugares sagrados por los grupos armados ilegales y por unidades de la Fuerza Pública. d) Instalación de bases militares en tierras y territorios ancestrales sin consulta previa. e) Instalación de minas antipersonal y abandono de municiones sin explotar en sus territorios (Corte Constitucional de Colombia, 2009, pág. 6).

[1] Según los datos que presenta la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC–, a nivel nacional existen un total de 102 pueblos indígenas (KAS, 2009, pág. 6).