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El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas: una vía para fortalecer la gobernabilidad democrática en Colombia

 

Sin embargo, el reconocimiento del derecho a la libre determinación para los grupos originarios generó preocupación en la comunidad internacional, por cuanto tal derecho podría ser interpretado como un aval a demandas de independencia por parte de estos pueblos. La ONU da entonces respuesta a esta creciente preocupación, estableciendo una cláusula de interpretación en virtud de la cual el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas no va dirigido a quebrantar o menoscabar la integridad territorial o la unidad política de los Estados soberanos e independientes, encontrando un punto intermedio entre las pretensiones e intereses de unos y otros.

Si bien este instrumento tampoco trae una definición de “pueblos Indígenas”, supone que no se requiere de la misma para el reconocimiento y protección de sus derechos. La Declaración deja en cabeza de los grupos originarios la facultad de determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus usos y costumbres, sustrayéndola de esta forma del ámbito gubernamental.

La Declaración establece un marco jurídico de protección exhaustivo que, a través del reconocimiento de otros derechos, permite materializar el derecho a la libre determinación. En ese sentido, este instrumento consagra y refuerza, entre otros, los derechos de los grupos originarios a mantener y desarrollar sus propias instituciones; al desarrollo propio; a las tierras y territorios ancestrales y a los recursos naturales que se encuentran en ellas; a la educación; a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado; a la participación; y a mantener relaciones transfronterizas –ya reconocidos por el Convenio 169 de la OIT–, al tiempo que involucra mucho más a los Estados y organismos internacionales en la garantía y protección de los mismos.

Ahora bien, desde la perspectiva institucional colombiana, el Ministerio del Interior es el órgano más importante a nivel nacional, por cuanto, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías y la Dirección de Consulta Previa, entre otras funciones, formula e implementa las políticas públicas en materia de pueblos indígenas, lleva el registro de autoridades y asociaciones indígenas, y adelanta los procesos de consulta previa (Ministerio del Interior, 2015). Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, a través del Grupo de Asuntos Étnicos (Procuraduría General de la Nación, 2015), y la Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas (Defensoría del Pueblo, 2015), cuentan con competencias importantes para la protección de los grupos originarios.

También existen varios programas y actividades llevados a cabo por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos; el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS–; el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER–; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–; el Departamento Nacional de Planeación –DNP–; y los Ministerios de Educación Nacional; Cultura; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Agricultura y Desarrollo Rural; y Salud y Protección Social; dirigidos a dar respuesta a las necesidades y demandas de los pueblos indígenas de Colombia. Entre estos programas se encentran aquellos destinados a atender las necesidades de los desplazados internos, capacitar a los miembros de la Fuerza Pública en derechos humanos y derecho internacional humanitario, a promover la educación y bienestar sanitario de los grupos originarios y responder a los reclamos sobre tierras y territorios (Organización de las Naciones Unidas, 2010, págs. 7-8).

Paralelo a todo lo anterior, existe un importante movimiento social indígena, que ha sido instrumental para el logro de los avances mencionados. Hoy en día existen diversas organizaciones indígenas, entre las que se pueden mencionar: la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC–, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana –OPIAC–, y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia –AICO–. Así mismo existen las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas –AATI–, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas, los Consejos Regionales, las Mesas Permanente de Concertación, la Mesa Regional Amazónica y numerosos cabildos y asociaciones locales, que se constituyen como interlocutores necesarios entre las autoridades gubernamentales, el sector privado, la sociedad civil y los grupos originarios (Organización de las Naciones Unidas, 1994, pág. 8).

Este contexto político, jurídico e institucional permite que los pueblos indígenas puedan aspirar a desarrollar plenamente su identidad cultural diferenciada y hacer parte integral del Estado colombiano. De esta forma, al tener la oportunidad de asumir de manera autónoma el control de sus asuntos internos y al tener la posibilidad de participar en la institucionalidad nacional y en los procesos de adopción e implementación de decisiones, los pueblos indígenas pasaron de ser un simple objeto de protección legal, a ocupar un rol importante en la definición y construcción del Estado Social y Democrático de Derecho establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991.

El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas

El derecho a la libre determinación de los pueblos indígena surge entonces como uno de los principales derechos colectivos de los grupos originarios, resultado de la lectura del principio de diversidad étnica y cultural a la luz de los derechos a la libertad, igualdad y no discriminación, que encuentra su fundamento en la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Programa de Acción de Viena, el Convenio 169 de la OIT, y en la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En virtud de estas disposiciones, la libre determinación de los pueblos indígenas implica, por una parte, el derecho a la autonomía en relación con el manejo de sus asuntos internos, y que se concreta, a su vez, a través de los derechos de los grupos originarios a conservar y desarrollar sus propias instituciones políticas, culturales, jurídicas, sociales y económicas; al desarrollo; a la salud; a la educación; al trabajo; y sus tierras y territorios ancestrales y a los recursos naturales que se encuentren en ellas. Por otra parte, la libre determinación de los pueblos indígenas implica el derecho a la participación, que se concreta a través de los derechos de los grupos originarios a la participación general en las instituciones políticas, culturales, jurídicas, sociales y económicas del Estado; a la concertación; a mantener relaciones intergrupales; y a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

Sin embargo, pese a que los pueblos indígenas, al igual que todos los pueblos, gozan plenamente de todos los derechos económicos, sociales y culturales, así como de todos los derechos civiles y políticos reconocidos en el derecho internacional, incluido el derecho a la autodeterminación, existen ciertas condiciones particulares de estos grupos que matizan este reconocimiento y le otorgan características propias.

Por una parte, al reconocerse que los indígenas enfrentan una grave situación de exclusión social y que por lo tanto, brindar las mismas oportunidades que a otros pueblos puede no ser suficiente para asegurar su supervivencia como grupos culturales diferentes, los grupos originarios cuentan con una gama de derechos colectivos únicos que van dirigidos a asegurar que eleven sus condiciones de vida hasta el mismo nivel que otros grupos ostentan (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015, pág. 12).

Así mismo, el reconocimiento del derecho a la libre determinación indígena trae aparejada una cláusula de interpretación en virtud de la cual se establece que esta prerrogativa no va dirigida a quebrantar o menoscabar la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes. De esta forma, al quedar limitando el disfrute del derecho al ámbito estatal, la libre determinación indígena comienza a ser entendido como el derecho colectivo de estos pueblos a participar, en condiciones de libertad e igualdad, en la institucionalidad de los Estados a los que hacen parte y a contar con un marco jurídico propio que les permita tener un control permanente sobre sus propios asuntos (Anaya, 2005, pág. 169).

Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, el derecho a la libre determinación indígena conlleva para los Estados la obligación de reconocer las prácticas, costumbres e instituciones de los grupos originarios, y de consultar y cooperar con los mismos para adoptar todas las medidas apropiadas, tanto legislativas como administrativas, que les permitan alcanzar la autonomía en relación con sus asuntos internos y la participación en los procesos políticos e institucionales de adopción e implementación de decisiones (OIT, 2009, pág. 29). Obligación que va más allá de los simples compromisos de cooperación internacional exigidos por la Carta de las Naciones Unidas, en el caso en que la libre determinación llegase a generar la creación de un nuevo Estado Soberano.