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El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas: una vía para fortalecer la gobernabilidad democrática en Colombia

 

Luego de agudizarse la crisis política en los años ochenta debido al colapso de la economía mundial, las dificultadas del modelo se manifestaron de tres formas principales: la crisis del estado de bienestar en el primer mundo, el agotamiento de la industrialización por sustitución de importaciones en la mayoría de los países en desarrollo y el colapso del estatismo en los países comunistas (Bresser-Pereira, 1998, pág. 519 a 523). Pero, a pesar del creciente pesimismo en medio de la crisis en relación a la continuidad del sistema democrático, ninguna de las democracias liberales desapareció y, en cambio, el sistema se extendió por el sur, centro y oriente de Europa, así como por América Latina, llevando consigo el concepto de gobernabilidad (Vallès, 2010, pág. 426).

Sin embargo, el concepto de gobernabilidad adoptó una nueva definición en el ámbito latinoamericano. En un contexto generalizado de transición a la democracia, la gobernabilidad se entendió en el sentido de que, tanto la transición, como la democracia misma, fueran gobernables. Se buscaba, de esta forma, evitar un regreso a sistemas autoritarios y avanzar en la consolidación de la democracia a través del mejoramiento del desempeño económico, social e institucional. En un escenario de cambio tecnológico y económico, de crisis fiscal, de crecientes retos sociales y escasas capacidades institucionales, la gobernabilidad en América Latina se redefinió como “gobernabilidad democrática” (Prats, 2001, pág. 110 y 111).

El concepto de gobernabilidad democrática fue esbozado, por primera vez, por Michael Coppedge. Este autor definió la gobernabilidad como el grado en el cual el sistema político adquiere valor y estabilidad, a través de un proceso de institucionalización de las organizaciones y los procedimientos que lo conforman. El concepto de actores estratégicos es clave en esta definición, puesto que son aquellos que le otorgan validez al régimen político, ya sea por tener una gran legitimidad y representación política o, sin tenerla, por ser capaces de desmejorar la gobernabilidad mediante el uso de diversos recursos de poder (Coppedge, 1994, págs. 61-88).

Los actores estratégicos son definidos por las reglas y los procedimientos, formales e informales, que configuran el régimen político y que determinan cómo se toman e implementan las decisiones de autoridad. A su vez, estos actores, si son suficientemente representativos, se relacionan mediante la negociación y generación de compromisos mutuos, lo que implica la necesidad de legitimación democrática cuando en la negociación participen aquellos actores que no tienen representación política (Coppedge, 1994, págs. 61-88).

La gobernabilidad democrática implica, entonces, la conformación de una estructura institucional de carácter democrático y participativo, compuesta por organizaciones y procedimientos, que expresa la estabilidad o equilibrio del sistema político y que, cuando no es capaz de procesar el conflicto entre actores estratégicos, ingresa en una situación de crisis que exige no solamente una modificación de reglas y procedimientos, sino de la estructura institucional misma (Coppedge, 1994, págs. 61-88).

Entonces, para realizar un análisis sobre la gobernabilidad de un sistema político, Coppedge propone: 1. Identificar a los actores estratégicos en un nivel apropiado y durante un período delimitado. 2. Considerar a los actores no estatales teniendo en cuenta variables tales como: inclusión, luchas de poder, capacidades de negociación y grado de formalización de las fórmulas que pautan sus relaciones con el Estado y con otros actores no estatales. 3. Evaluar el sistema de partidos. 4. Considerar recursos y fortalezas de actores estatales y del sistema de partidos en sus relaciones intraestatales. 5. Analizar las relaciones entre actores estatales y su adecuación a las normas. 6. Efectuar un balance de recursos y capacidad del Estado para responder a las demandas sociales (Coppedge, 1994, págs. 61-88).

En esta misma línea, Bresser-Pereira afirma que la gobernabilidad depende de la relación de legitimidad entre el gobierno y la sociedad. La gobernabilidad en un régimen democrático depende de que las instituciones políticas sean capaces de intermediar intereses entre el Estado y la sociedad civil; de la existencia de mecanismos de control de responsabilidades y rendición de cuentas –accountability–; de la capacidad de la sociedad de limitar sus demandas y del gobierno de responder a aquellas finalmente mantenidas; y, principalmente, de la existencia de un contrato social básico, puesto que éstas son las condiciones mínimas necesarias que permiten asegurar la legitimidad de un gobierno (Bresser-Pereira, 1998, pág. 542).

Estas líneas conceptuales fueron adoptadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –en adelante, PNUD–, que definió la gobernabilidad democrática como la capacidad de una sociedad de concretar y establecer políticas, y resolver sus conflictos de manera pacífica, dentro de un orden jurídico vigente (PNUD, 2015a). La gobernabilidad así entendida requiere, entonces, de instituciones democráticas a nivel nacional y local, así como de una sociedad civil suficientemente activa, que permitan garantizar la transparencia y la participación de los ciudadanos en los procesos públicos de adopción de decisiones (PNUD, 2015b).

Con este propósito, debe existir una permanente interacción entre la sociedad civil y las instituciones del Estado, así como de espacios de encuentro entre unos y otros. El Estado debe fortalecer las instituciones democráticas, tanto a nivel nacional como local, para lograr una mejor calidad de la representación. Por su parte, la sociedad civil debe adelantar procesos de empoderamiento para consolidar una plena ciudadanía política y social, capaz de incidir en la adopción de decisiones y en el control de responsabilidades y rendición de cuentas de sus gobernantes. Finalmente, ambas partes deben promover espacios donde ciudadanos y representantes se puedan encontrar para debatir y generar acercamientos para la toma conjunta de decisiones (PNUD, 2015b).

Esta definición de gobernabilidad es relevante en América Latina donde, si bien la democracia electoral se ha expandido y consolidado desde la década del noventa, todavía existen preocupaciones sobre la calidad de esas democracias, más allá de la posibilidad que tienen los ciudadanos de hacer parte del proceso electoral. Pese a los avances presentados, existe poca participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, en especial de las poblaciones más vulnerables y menos representadas como vienen a ser los pueblos indígenas. Aspectos como la desigualdad en materia de bienestar y acceso al poder, la debilidad institucional, la inseguridad ciudadana y la corrupción son temas que inciden en esta dinámica (PNUD, 2015b).

Por este motivo, para fortalecer la gobernabilidad democrática en la región y en Colombia, el PNUD propone trabajar en el fortalecimiento del sistema político y electoral en todos los niveles, mediante procesos de diálogo político, técnico y social, y fomentar nuevos liderazgos y fortalecer las capacidades de la sociedad civil, especialmente en las poblaciones vulnerables y menos representadas, para incidir y participar de forma activa en los procesos políticos y electorales y en el control de responsabilidades y rendición de cuentas de sus gobernantes (PNUD, 2015b).