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El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas: una vía para fortalecer la gobernabilidad democrática en Colombia

 

Los pueblos indígenas de Colombia han sido objeto de exclusión, discriminación, persecución, despojo e invisibilización por parte de actores estatales y no estatales, por lo que su existencia física y cultural se encuentra bajo constante amenaza. Con el fin de mitigar esta situación, estos grupos demandan del Estado el avanzar en el reconocimiento, implementación y garantía del derecho a la libre determinación y sus derechos derivados. De esta forma buscan proteger su existencia cultural diferenciada mediante la autonomía en el manejo de sus asuntos internos y hacer parte del Estado según sus usos y costumbres. Para fortalecer la gobernabilidad democrática, se debe promover la participación de los pueblos indígenas, en calidad de actores estratégicos, para mejorar la calidad de la representación de las instituciones políticas y se deben generar los espacios adecuados para llevar a cabo los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado. Así mismo, se debe promover la autonomía de los grupos originarios en el manejo de sus asuntos internos y generar los espacios adecuados donde puedan incidir en la adopción de decisiones públicas y en el control de responsabilidades y rendición de cuentas de sus gobernantes. De ésta forma, las instituciones políticas pueden generar mejores respuestas públicas a las demandas de los grupos originarios, y a los problemas que los aquejan, y que al ser formuladas con su participación y desde un enfoque de derechos humanos y culturalmente sensible, inciden directamente en la mejora de la legitimidad del sistema político.

Introducción

Colombia se encuentra inmersa en una crisis política, jurídica e institucional, que se ve agravada por una serie de factores sociales, económicos y culturales. En medio de una violencia generalizada los pueblos indígenas han sido objeto de exclusión, discriminación, persecución, despojo e invisibilización por parte de actores estatales y no estatales. Pese a que el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural es uno de los fundamentos del régimen constitucional colombiano, el Estado no ha podido brindar una respuesta efectiva a esta situación. Como consecuencia de lo anterior, la realidad de los grupos originarios en Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante (Organización de las Naciones Unidas, 1994, pág. 5).

Con el propósito de generar nuevas formas de participación que permitan proponer, desde un enfoque local, una mejor solución a tales problemas, los grupos originarios de Colombia demandan del Estado el avanzar en el reconocimiento, implementación y garantía del derecho a la libre determinación, y sus derechos derivados, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –en adelante, OIT– (Organización Internacional del Trabajo, 1989) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007 (Organización de las Naciones Unidas, 2007).

De esta forma, buscan proteger su existencia cultural diferenciada mediante la autonomía en el manejo de sus asuntos internos, y hacer parte del Estado colombiano, según sus usos y costumbres, por medio de la participación activa en las instituciones políticas, jurídicas, culturales, sociales y económicas, así como en los procesos estatales de adopción e implementación de decisiones, particularmente de aquellas que les conciernen o que puedan afectarlos directamente.

A través de la presente investigación se aborda el estudio del derecho a la libre determinación de los grupos originarios y sus derechos derivados, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, con el objetivo de proponer un plan de acción que permita señalar aquellos aspectos de su definición que puedan ser útiles para fortalecer la gobernabilidad democrática en Colombia. Con éste propósito, se pretende:

  1. Presentar los aspectos más relevantes relacionados con el concepto de gobernabilidad democrática.
  2. Presentar de manera general el marco político, jurídico e institucional de los pueblos indígenas en Colombia.
  3. Presentar los aspectos más relevantes relacionados con el contenido y alcance del derecho a libre determinación de los pueblos indígenas y sus derechos derivados en Colombia.
  4. Describir de manera general la situación de los pueblos indígenas de Colombia en materia de derechos humanos.
  5. Proponer un plan de acción que establezca las medidas que se deben adoptar para fortalecer la gobernabilidad democrática en Colombia a través del reconocimiento, implementación y garantía del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.

La metodología utilizada en la presente investigación se basó en el estudio multidisciplinario de un ámbito del derecho –la libre determinación de los pueblos indígenas y sus derechos derivados–, desde una perspectiva política –la gobernabilidad democrática–, a través de un análisis político-institucional. La investigación estuvo dividida en tres partes. En primer lugar, se realizó una revisión de bibliografía especializada, con el propósito de presentar los aspectos más relevantes relacionados con el concepto de gobernabilidad democrática. En segundo lugar, se realizó una revisión de fuentes primarias normativas y jurisprudenciales, para determinar el marco político, jurídico e institucional existente en favor de los pueblos indígenas, tanto a nivel internacional como nacional, y para determinar el contenido y alcance del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y sus derechos derivados. En tercer lugar, se realizó una revisión de informes de organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, con el fin de describir la situación actual en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia. Finalmente, con base en la información anteriormente señalada, se presentó un plan de acción que, basado en el reconocimiento, implementación y garantía del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, permita fortalecer la gobernabilidad democrática en Colombia.

La gobernabilidad democrática

Tras la crisis del sistema político y económico de los años 30, surge un nuevo modelo de Estado que procura, al mismo tiempo, promover el desarrollo económico y proteger los derechos sociales de sus ciudadanos. Este modelo asume tres formas distintas: la del Estado de bienestar en los países desarrollados, principalmente en Europa; la del Estado desarrollista y proteccionista en los países en vías de desarrollo; y la del Estado comunista en los países en los que el modelo de producción estatal se convirtió en dominante. De esta forma, el Estado comienza a desempeñar un papel estratégico en la gestión del sistema económico y en el mejoramiento del bienestar social, y asume parte de la responsabilidad en la redistribución de la riqueza (Bresser-Pereira, 1998, pág. 519 a 523).

Este nuevo papel del Estado permitió la recuperación de las economías nacionales y, tras el fuerte crecimiento económico producido después de la década del cincuenta, originó un ensanchamiento explosivo de su estructura burocrática, no solo en el área de regulación, sino también en el campo social y en el empresarial. En medio de la bonanza económica, se incrementó la carga tributaria a los ciudadanos y se aumentó de manera creciente el número de empleados públicos. El Estado adquirió un carácter social-burocrático en la medida que, para desempeñar sus nuevas funciones, contrataba directamente como funcionarios públicos a profesores, médicos e ingenieros, entre muchos otros (Bresser-Pereira, 1998, pág. 519 a 523).

Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer distorsiones en el sistema. El avance tecnológico y la reducción de los costos de transporte y comunicación generaron que la economía mundial se globalizara y, por lo tanto, que las políticas de desarrollo económico dejaran de ser efectivas. Debido a la captura de los beneficios económicos en manos de privados, a la ineficiencia en la administración de los mismos, al desequilibrio entre las demandas de la población y su capacidad de atenderlas y a la inhabilidad de percibir el cambio de la economía mundial, el Estado entró en crisis fiscal, perdió crédito público, capacidad de ahorro y generó una enorme deuda pública, lo que redujo sus posibilidades de intervención hasta el punto de quedar inmovilizado (Bresser-Pereira, 1998, pág. 519 a 523).

En un escenario de recesión económica, crecimiento del desempleo, aumento del déficit público e incapacidad para responder a las nuevas demandas sociales, se llegó a un diagnóstico generalizado de crisis del modelo del Estado social. Los nuevos movimientos sociales surgidos a finales de los años sesenta, junto con las revueltas callejeras, de la que resulta ser la más emblemática el mayo de 1968 francés, fueron interpretadas por los gobiernos y por los expertos como expresión social de ésta crisis (Vallès, 2010, pág. 426).

Como respuesta a esta situación, la Comisión Internacional para la Paz y la Prosperidad, conocida comúnmente como la Comisión Trilateral, y que fue establecida en 1973 por iniciativa del Grupo Bilderberg para fomentar una mayor cooperación entre los Estados Unidos, Europa occidental y Japón, solicitó la realización de un estudio que permitiera explicar las razones de la crisis económica, de las dificultades por las que atravesaba el modelo de Estado social y del creciente pesimismo en torno a la continuidad del sistema democrático occidental (The Trilateral Commission, 2013).

En 1975, Crozier, Huntington y Watanuki presentaron a la Comisión Trilateral un informe titulado “The crisis of democracy: Report on the governability of democracies to the Trilateral Commission” (Crozier, hungtinton, & Watanuki, 1975), donde se utiliza por primera vez el concepto de gobernabilidad. La tesis principal afirmaba que los problemas procedían de la brecha creciente entre las demandas sociales fragmentadas, y en expansión, y unos gobiernos cada vez más faltos de recursos financieros, de autoridad, y de las instituciones y capacidades necesarias para darles respuesta. Para evitar una situación de ingobernabilidad se necesitaba, entonces, de cambios no solo en las instituciones y en las capacidades de gobierno, sino también en la actitud de los ciudadanos (Prats, 2001, pág. 104 y 105).