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El derecho a la defensa en el sistema de responsabilidad penal juvenil en Colombia

 

2.6 Solicitar, conocer y controvertir las pruebas

La parte contra la cual se postula, se opone o se aporta una prueba, debe conocerla y esta (la prueba) no se puede apreciar sí no se ha celebrado con audiencia o con conocimiento de esa parte. Al proceso no pueden ingresar pruebas en forma subrepticia, escondida, o a espaldas de la contraparte (Parra, J., 2007, p. 76).

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia colombiana ha dicho que “entre los principios que han de observarse en la producción y aportación de la prueba al proceso, se halla el de la contradicción según el cual la parte contra quien se opone la prueba debe gozar de la oportunidad procesal para conocerla y discutirla, es decir, la prueba debe llevarse a la causa del conocimiento y audiencia de todas las partes” (Corte Suprema de Justicia colombiana, 1985).

Tratándose de niños, todos los anteriores derechos deben de respetarse y aplicarse en condiciones apropiadas para las personas menores de edad, pero además, la misma Convención de los Derechos del Niño establece un catálogo amplio de derechos y directrices que deben cumplir los Estados parte de la Convención, no solo respetar sino también promover su aplicación. Por ejemplo, el principio de humanidad (artículo 37.a) prohíbe los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, lo mismo que la pena capital y la prisión perpetua. Adicionalmente, toda reforma legislativa de un Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño como el caso del Estado colombiano, debe de respetar como mínimo los derechos y garantías antes mencionados (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006)

En la práctica, los fiscales cumplen con la obligación de descubrir cualquier elemento probatorio, aún aquel que es favorable al procesado en la audiencia de acusación (ver Anexo 1. Audiencia 7). Los defensores en general no controvierten los actos presentados por la Fiscalía, por diversas situaciones como el desconocimiento del caso por parte de los defensores suplentes.

Conclusiones

1.  Desde el 2006, con la expedición del Código de la Infancia y de la Adolescencia, el Estado Colombiano inició el proceso de adecuación normativa en materia penal juvenil a los estándares internacionales acogiendo la doctrina de la protección integral. Lo anterior, ha significado un avance importante en la materialización de las garantías que cobijan a los niños, niñas y adolescentes sujetos de un proceso penal.

2.  Sin perjuicio de lo anterior, en Colombia aún se presentan falencias para lograr la realización del derecho a la defensa de los adolescentes que se ven inmersos en un proceso penal. No solo se encuentran falencias en la redacción de la norma (Ley 1098 de 2006), sino también en la aplicación de la misma, pues en la práctica se presentan diferentes situaciones que impiden que el adolescente cuente con una defensa adecuada.

3.  La asistencia técnica de los defensores públicos es deficiente. Las principales razones que explican dicha deficiencia se relacionan con un desbordamiento en las capacidades de los defensores públicos para representar adecuadamente los intereses de sus defendidos, la imposibilidad de sostener entrevistas periódicas y privadas con los adolescentes infractores, las dificultades de la figura del defensor suplente y la precariedad de la planta física de la que disponen para llevar a cabo las reuniones con sus defendidos.

4.  Existen dificultades para garantizar el derecho a la no autoincriminación dada las falencias en cuanto a la defensa técnica. Dichas falencias repercuten en el derecho a la información y por tanto, no se garantiza que los adolescentes involucrados en procesos penales tomen decisiones informadas en el marco del proceso.

Recomendaciones

1. La materialización del derecho a la defensa en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes depende del fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo. Se recomienda la designación de un mayor número de defensores públicos que permitan a estos disponer del tiempo necesario para la preparación de una estrategia de defensa adecuada.

2. Se recomienda que la estrategia de defensa adoptada por el defensor público sea socializada con el adolescente, en un lenguaje común, acorde con su preparación, desarrollo físico y mental.

3. Las instalaciones de los centros judiciales para adolescentes deben contar con espacios que permitan la preparación de una defensa. Por ende, es necesario garantizar que todos los adolescentes retenidos permanezcan en condiciones dignas y cuenten con espacios para realizar entrevistas privadas y periódicas con sus defensores.

4. La posibilidad de realizar diversas entrevistas deberá tener como objetivo que los defensores conozcan con profundidad los hechos del caso y proporcionen información completa, clara y precisa respecto del proceso penal a los adolescentes.