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El derecho a la defensa en el sistema de responsabilidad penal juvenil en Colombia

 

2.4 Presencia del acusado

Los jueces europeos consagran una concepción extensiva del derecho a la defensa y, es por ello, que consideraron que un acusado no puede perder el beneficio a ser defendido por un abogado, por su sola ausencia en el debate, aún cuando dicha ausencia no está justificada (Maury, F. 2001, p. 18).

Es decir, la Corte Europea concluyó que el derecho a estar presente en su propio proceso y el derecho a ser asistido por un defensor son derechos importantes, pero la equidad ordena que el hecho de no ejercer el primero no pueda impedir la posibilidad de ejercer el segundo (Corte Europea de Derechos Humanos, 1994, p.55).

A su vez, la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C – 425 de 2008 analizó la constitucionalidad de los artículos 2º, 4º, 18, 21, 24, 25, 26, 30 y 32 de la Ley 1142 de 2007, por la cual se reformaban algunas disposiciones del Código de Procedimiento Penal. El estudio suscitó el debate respecto de la exequibilidad de una actuación penal con reo ausente.

Al respecto, dicho Tribunal manifestó que “el derecho a la defensa material supone, entre otras garantías, el derecho del sindicado a comparecer personalmente al proceso, a enfrentar los cargos que pesan en su contra, haciendo él su propio relato de los hechos, suministrando las explicaciones o justificaciones que considere pertinentes en su favor […], ejerciendo actos positivos de oposición a las pruebas de las cuales se desprende su señalamiento como posible autor o partícipe de la comisión de un delito[…], a ver el expediente[…] y a escoger libremente el derecho a guardar silencio como estrategia de defensa […]”.

De allí , se añade, “aparece claro que de la interpretación sistemática de los artículos 28 y 29 de la Constitución y de los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos se deduce, de un lado, que la disposición del detenido ante el juez competente se refiere a su presentación física y, de otro, que su presencia en el proceso penal constituye un mecanismo de garantía efectiva para el derecho a la defensa material del indiciado”.

No obstante, esa Superioridad admitió que con el objetivo de “dar continuidad y eficacia a la administración de justicia en tanto que es un servicio público esencial, la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos pueden admitir las figuras de la declaratoria de persona ausente y la contumacia. Casos en los cuales la audiencia respectiva se realizará con el defensor que haya designado para su representación, o con el defensor que le designe el juez, de la lista suministrada por el sistema nacional de defensoría pública, según el caso”.

Ahora bien, el artículo 158 del Código de la Infancia y de la Adolescencia prohíbe el juzgamiento en ausencia de adolescentes. Dicho artículo fue demandado por inconstitucionalidad. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C – 055 de 2010 estableció que el artículo estaba ajustado a la norma superior, toda vez que, contrario a ser una medida arbitraria, promovía las reglas generales del procedimiento y la procura de hacer efectivas las garantías connaturales a un debido proceso.

Adicionalmente, consideró que el artículo 158 del Código de la Infancia y de la Adolescencia no establecía “una discriminación positiva desproporcionada que desborde los límites constitucionales del poder de configuración del legislador, sino que se encuentra ajustada al garantismo procesal penal propio a la Constitución. Se trata, por cierto, de medidas que con referencia al cuarto requisito con el que se juzga la validez de la disposición ejercida en el marco de la potestad normativa del Congreso, satisfacen la realización material de los derechos del procesado, como menor, como sujeto de especial protección respecto del cual se procura su interés superior, así como la eficacia de su derecho sustancial”.

2.5 Derecho a la defensa técnica

Como ya se ha expresado, uno de los derechos fundamentales que integran el debido proceso penal es el que tiene todo sindicado de un hecho ilícito a ejercer su defensa y, por consiguiente, a designar libremente un abogado que lo asista, tanto en la etapa de investigación como en la de juzgamiento. En el evento de que tal nombramiento no se haga, podrá la autoridad judicial competente designar uno. Dice así el artículo 29 del estatuto superior: “(….) quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento […]”.

Obsérvese que este derecho se le concede a todo “sindicado”, lo que equivale a decir, a toda persona que esté siendo procesada por la comisión de hechos punibles, sin distingos de sexo, edad, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, etc.

Un menor de edad también puede ser “sindicado” en condición de autor o partícipe de una infracción penal y, por tanto, goza del mismo derecho que tienen las demás personas a designar un abogado que lo asista en el proceso, o en su lugar, al que elijan sus padres o ascendientes potestativos y, sólo en caso de no hacerlo, puede la autoridad competente designarle un defensor púbico. El cercenamiento de este derecho constitucional constituye una clara y flagrante violación del artículo 29 del estatuto superior, que puede acarrear la nulidad de todo lo actuado en el proceso (Corte Constitucional colombiana, 1999. Consideración y fundamento N°4).

En síntesis, la ausencia de apoderado en estos procesos es abiertamente inconstitucional pues no sólo se viola el precepto constitucional que así lo ordena sino también el derecho que tiene el menor de edad a ejercer una defensa adecuada e idónea (Ídem).

La Corte Constitucional colombiana estableció además, que cuando el procesado concurre a ejercer su derecho de manera directa, el derecho a la defensa se compone por la actividad concurrente de ambos sujetos procesales, el procesado y su defensor, este último deberá asesorarlo y en algunas oportunidades incluso prevalecerán sus criterios sobre los del procesado. Sí el procesado no nombra defensor, por voluntad propia, por imposibilidad económica o porque no está presente en el proceso, el funcionario judicial debe proceder a nombrarle un defensor de oficio, con quien deben surtirse todas las notificaciones y a quien corresponde ejercer el cargo con idoneidad, so pena de que la actuación procedimental quede viciada de nulidad y el profesional sea objeto de sanción disciplinaria (Corte Constitucional colombiana, 1996, p.60).

Igualmente, el mencionado tribunal recalcó que quien obre en representación del procesado debe ser un profesional idóneo que, dado su conocimiento especializado en la materia, garantice plenamente los derechos fundamentales del procesado y haga respetar el debido proceso, pues la falta de diligencia por parte del apoderado en el cumplimiento de sus deberes da lugar a la imposición de sanciones disciplinarias.

Dentro de ésta garantía, un aspecto muy importante es el secreto profesional, el cual surge como consecuencia de la existencia de una relación profesional, siendo así un deber y un derecho entre el abogado y su clientela. En Colombia el tema está regulado por la Ley 1123 de 2007 que constituye el Código Disciplinario del Abogado y por ende, no solo regula la profesión sino también el secreto profesional de los mismos.

Ahora bien, el deber del abogado de guardar secreto se adquiere desde el momento en que se efectúa una consulta jurídica por parte de quien puede transformarse posteriormente en su cliente, independientemente de si el contrato de mandato o de prestación de servicios efectivamente se celebra. Se trata por lo tanto, no solo de un deber moral sino de un compromiso jurídico.

La garantía a una defensa técnica se ve vulnerada en la práctica de diversas formas. En la fase inicial, cuando un adolescente se ve inmerso en un proceso penal no existen las condiciones para mantener una entrevista óptima con su defensor. En el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes visitado, se constató que las entrevistas no otorgan al adolescente la posibilidad de sentirse cómodo pues, se llevan a cabo en espacios reducidos, simultáneamente con otros funcionarios que interrogan a más adolescentes frente a diversos temas, y por un corto periodo de tiempo del cual la mitad se ocupa llenando formatos sobre datos del defendido.

Igualmente, la entrevista no siempre se realiza con antelación a la audiencia, por lo tanto, no se explica de manera suficiente al adolescente el proceso penal, ni el defensor estudia los hechos del caso.

En las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento presenciadas (ver Anexo 1. Audiencias 1, 2, 3), siempre se aconsejó al adolescente la aceptación de cargos, los defensores no presentaban observaciones a los documentos aportados por la fiscalía aun cuando en numerosas ocasiones tenían errores evidentes que fueron señalados por el juez o el ministerio público, como lo fue el caso de la identificación del menor, la edad del mismo (indispensable como requisito objetivo para imponer determinadas medidas de aseguramiento y las eventuales sanciones), el número de personas que concurrieron durante la comisión del delito, etc.

En la definición legislativa, el C.I.A. consagra en su artículo 82 numeral 6° que el defensor de familia adscrito al ICBF debe “asumir la asistencia y protección del adolescente responsable de haber infringido la ley penal ante el juez penal para adolescentes”. Sin embargo, quien debe prestar la asistencia técnico-legal en el marco del proceso penal es el defensor público vinculado a la defensoría del pueblo. Finalmente, pese a que la Ley 1098 consagra en su artículo 151 el “derecho al asesoramiento”, debe entenderse que el derecho a la defensa va más allá de la asesoría y debe leerse en los términos de asistencia técnica.