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El derecho a la defensa en el sistema de responsabilidad penal juvenil en Colombia

 
  1. Aplicación del derecho a la defensa en el SRPA colombiano

Tanto en el sistema de responsabilidad penal de adultos, como en el de adolescentes, se ha establecido que el núcleo esencial del debido proceso es el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga.

Su importancia en el contexto de las garantías procesales radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta. Lo anterior, mediante la búsqueda de la verdad y con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado (Corte Constitucional colombiana, 2009, Consideraciones y fundamentos, acápite 3.2).

En razón de lo dicho, no sería posible hablar de “debido proceso legal” si no está garantizado el derecho a la defensa. La CIDH ha resaltado que “la noción de debido proceso estaría desprovista de su efecto útil sin el respeto de los derecho de la defensa y de la oportunidad de defenderse contra una decisión desfavorable” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1997, Párr. 25). Con la Convención de los Derechos del Niño se superó la idea que planteaba que el niño no necesitaba defensa, pues el juez asumía la defensa de sus intereses (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011, Párr. 172).

La Comisión Interamericana estableció que el derecho a la defensa incluye diferentes garantías, tales como, contar con el tiempo y los medios para preparar la defensa, tener intérprete o traductor, ser oído, conocer la acusación e interrogar y presentar testigos, contar con un abogado de oficio asignado por el Estado cuando no se cuente con uno privado, partir de la imputación (Corte Interamericana de Derecho Humanos, 2002, párr. 24).

El derecho a la defensa se irradia por la especialidad que debe primar en el proceso que se adelanta contra un menor de edad y por lo tanto, los asistentes o abogados designados en su defensa deben estar capacitados en derechos de los niños y especializados en materia de justicia juvenil.

2.1 Garantía a la no autoincriminación y a que no se utilice el silencio en su contra

El derecho fundamental a no autoincriminarse en el curso de un proceso criminal, correccional o de policía, constituye, como lo ha señalado la jurisprudencia, una forma de defensa y, por tanto, un verdadero derecho de carácter fundamental que hace parte del debido proceso.

En cuanto al contenido de la garantía, de acuerdo con la norma constitucional, las personas no pueden ser obligadas a declarar contra sí mismas o contra sus allegados. Esta garantía se extiende procesal y extraprocesalmente, para excluir la posibilidad de que la persona sea compelida por cualquier medio a declarar contra sí misma o contra sus allegados. (Corte Constitucional colombiana, 2011).

Por lo anterior, es un deber del juez advertir previa y claramente a quien ofreció su declaración como acusado o coacusado en su propio juicio, que ese juramento queda desprovisto de las consecuencias jurídico-penales adversas. Es decir, que al sindicado le asiste total libertad respecto del contenido de su declaración, así como, es legítima su negativa a responder total o parcialmente, ya sea a las preguntas que formule el juez o la Fiscalía (Corte Constitucional colombiana, 2005).

Expuesto lo anterior, si en el curso de un proceso el acusado o el coacusado deciden declarar sobre hechos criminosos atribuidos a un tercero, tal declaración será recibida como un testimonio, sujeta a las formalidades y excepciones propias del mismo, conforme a la Constitución y la ley, y con las consecuencias jurídico-penales que correspondan en caso de faltar a la verdad o de callarla total o parcialmente (Ídem).

Adicionalmente, la garantía de la no autoincriminación implica un derecho al silencio y a utilizar las estrategias que se consideren más adecuadas para la defensa, no se extiende hasta las conductas fraudulentas u obstructivas, pues dicha garantía se orienta a evitar que la decisión adversa a la persona provenga de su propia declaración obtenida mediante cualquier tipo de presión o coacción física o moral, consagrándose en ese contexto un derecho a guardar silencio.

Ahora bien, la negativa a declarar, también se encuentra constitucionalmente amparada, ya que esta no pueda tener repercusiones negativas en el ámbito del proceso, en la medida que no puede tomarse como indicio de responsabilidad.

En estricto sentido, una vez la persona haya sido condenada con base en elementos de convicción distintos al de la confesión, ya no se estaría en el ámbito de la garantía constitucional, puesto que sería evidente que ya la autoincriminación carecería de relevancia jurídica, y que la persona ya no sería susceptible de ser obligada a declarar en un proceso que habría concluido con la condena (Corte Constitucional colombiana, 2011).

En el contexto del desarrollo del derecho al debido proceso, el derecho a guardar silencio se ha protegido como derecho fundamental e instrumentos internacionales como el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia[1], el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda[2], el Estatuto de la Corte Penal Internacional (ECPI)[3], la Convención Americana de Derechos Humanos[4] y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[5] hacen referencia a dicho presupuesto como base sólida del derecho fundamental al debido proceso.

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el derecho a guardar silencio, respecto del proceso de interrogatorios, y el derecho a la no autoincriminación son estándares internacionales de reconocimiento general que tienen como base fundamental el derecho al debido proceso[6].

[1] Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, artículo 21: “Derechos del acusado (…) 4. Toda persona contra la cual pese una acusación en virtud del presente Estatuto tiene derecho, en uso del principio de plena igualdad, de al menos las siguientes garantías: (…) g) De no ser forzada a testimoniar en contra de sí misma o de declararse culpable”.

[2] Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Ruanda, artículo 20: “Derechos del acusado (…)4. Toda persona contra la cual pese una acusación en virtud del presente Estatuto tiene derecho, en uso del principio de plena igualdad, de al menos las siguientes garantías: (…) g) A no ser obligada a testimoniar en contra de sí misma o declararse culpable”.

[3] Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 55: “Derechos de las personas durante la investigación. 1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto: a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable (…)”.

[4] Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 8: “Garantías judiciales. (…)declararse culpable (…)”.

[5] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”.

[6] Eur. Court HR, Case John Murray v. the United Kingdom, judgment of 8 February 1996, Reports 1996-I, 49, para. 45.