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El derecho a la defensa en el sistema de responsabilidad penal juvenil en Colombia

 

El Código del Menor estaba orientado bajo la doctrina de la situación irregular y no atendía los principios y directrices señalados en la Convención, aun cuando esta había sido ratificada y acogida en la legislación interna con la Ley 12 de 1991. Solo hasta el 2006, con la expedición del Código de la Infancia y de la Adolescencia, el Estado colombiano empezó a adecuar su normatividad a los términos de la Convención.

El Decreto-Ley 2737 de 1989 proponía la intervención a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes únicamente sí se encontraban en situación irregular, es decir, cuando sus derechos habían sido afectados efectivamente. Tal concepción establecía una diferenciación entre niños, niñas y adolescentes respecto de los denominados “menores”. Frente a estos últimos estaba dirigida la normatividad y la actividad estatal, con el fin de intervenirlos en su condición de irregulares o disfuncionales por vivir en condiciones que la sociedad considera reprochables (abandonados, en peligro, consumidores de sustancias, explotados sexualmente o laboralmente, víctimas de violencia intrafamiliar, infractores de la ley penal, desplazados, viviendo en la calle etc., (Angarita, B. 2007, p. 4).

Dicho Código sancionaba conductas penales por las que los adultos no eran sancionados, sin sujeción a un término, ni observancia al debido proceso y por ende, al derecho a la defensa.

El Código del Menor no contemplaba el habeas corpus, otorgaba una amplia discrecionalidad al juez en la determinación de las medidas del artículo 204, que aunque se justificaban en fines pedagógicos, implicaban la privación de la libertad.

Adicionalmente, numerosos doctrinantes alegaron que el artículo 167 de la mencionada norma violaba la garantía de la doble instancia. Este controvertido artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional colombiana mediante la sentencia C-019 de 1993, en la cual se estableció que no se violaba la garantía a la segunda instancia, ya que los procesos de menores infractores eran de única instancia cuando en ellos no se decretaba que se impusiera una medida privativa de libertad. Dicha sentencia recibió numerosas críticas pues señalaba conceptos como “cuando no hubiere sentencia condenatoria”, aun cuando se ha señalado que a los menores de 18 años no se les condena, sino que se les impone medidas de protección o rehabilitación.

Tras la presentación de cuatro proyectos legislativos para regular el tema de la niñez, fue expedido el Código de la Infancia y de la Adolescencia (CIA). El CIA, a diferencia de los códigos precedentes, consagra el paradigma de la protección integral[1] en contraposición a la teoría de la situación irregular, cuyas implicaciones han sido explicadas a lo largo del presente documento.

Según este, los adolescentes son responsables penalmente a partir de los catorce años de edad. Sin embargo, entre los doce y los catorce años podrán ser privados de la libertad cuando incumplen las medidas o compromisos[2] impuestos por el juez. Quienes infrinjan la ley penal, serán procesados mediante el sistema acusatorio. La mencionada norma consagra penas privativas de la libertad para los delitos de homicidio, secuestro y extorsión. Cuando no proceda la pena privativa se impondrán medidas como la amonestación, la imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida o vigilada (Parody, G, p. 2).

La Defensoría del Pueblo considera que la Ley 1098 de 2006 acogió principios relevantes para garantizar el real ejercicio de los derechos de la infancia, tales como, el interés superior, el enfoque diferencial en la perspectiva de género, la corresponsabilidad con la familia, la sociedad y el Estado, la interrelación entre la legislación y las políticas públicas, entre otros (Angarita, B. 2007, p. 4).

En materia penal, el Código se guía por los principios de fin pedagógico del proceso y de las medidas impuestas a los niños y niñas por responsabilidad penal, respeto a la dignidad humana, prevalencia del interés superior del niño, debido proceso, excepcionalidad de la privación de la libertad y de su utilización por el menor tiempo posible, y por último, consagra la mínima intervención penal y la máxima prevención.

Adicionalmente, el Código de la Infancia y de la Adolescencia tuvo en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en su Sentencia C-203 de 2005 respecto de la responsabilidad penal de la que pueden ser sujetos los adolescentes que en cualquier condición[3] infringen la legislación penal (Corte Constitucional colombiana, 2005, p. 13).

En dicha sentencia, la Corte Constitucional colombiana estableció que los menores de edad que cometen conductas violatorias de la ley penal son jurídicamente responsables ante el Estado y la sociedad.

No obstante, por su condición de sujetos de especial protección, tal responsabilidad está sujeta al cumplimiento estricto de ciertos principios clave, a saber: los principios de diferenciación y especificidad de las leyes, órganos, objetivos, sanciones y modo de actuación propios del sistema de justicia de menores que debe estar orientado hacia la promoción de su bienestar, su tutela y la garantía de proporcionalidad entre el hecho y la respuesta institucional; el principio de la finalidad tutelar y resocializadora de las medidas que se han de imponer a los menores de edad como consecuencia de su responsabilidad penal, principio que lleva con sigo la proscripción de un enfoque represivo en su tratamiento jurídico penal; el principio de la promoción del interés superior de cada menor de edad involucrado en la comisión de hechos punibles, y del respeto de sus derechos fundamentales prevalentes.

Aunque la Ley 1098 de 2006 significó un avance importante en la normatividad colombiana, ésta continúa teniendo dificultades de redacción en la norma, como doctrinales, tales como el artículo 19, en donde se consagra a favor de los niños el “derecho a la rehabilitación y resocialización”, expresiones que, como lo señala Cielo Mariño, “denotan la percepción del infractor como un ser al que le son propias características es su personalidad que debe modificar, típica expresión de la ideología del tratamiento que quiere significar con el prefijo re la necesidad de un cambio ontológico” (Mariño, C. 2005, p. 98).

[1]El Código de la Infancia y de la Adolescencia consagra en su artículo 7° que “se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos”.

[2] El artículo 143 de la Ley 1098 de 2006 dispone que cuando los menores de catorce (14) años “incurran en la comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa”.

[3] La sentencia hace referencia a niños desvinculados del conflicto armado.