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El derecho a la defensa en el sistema de responsabilidad penal juvenil en Colombia

 

Sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia. Antecedentes y desarrollo del derecho a la defensa

El sistema penal juvenil tiene que ver estrictamente con las formas de organización de la respuesta estatal frente a los delitos cometidos por los adolescentes. Por tanto, el concepto de responsabilidad penal juvenil es un criterio que se construye cotidianamente y su punto de partida involucra la noción de sujeto (Beloff, M 1999, p.3).

El ingreso al status de sujeto no estuvo presente en la normatividad colombiana sino hasta el 2006 con la expedición del Código de la Infancia y de la Adolescencia. Dicho reconocimiento conduce a una aproximación a la noción de ciudadanía y a la idea de responsabilidad, una responsabilidad específica con estricta relación con los delitos que se cometen.

Codificación colombiana en materia penal para adolescentes

El punto de partida de la codificación penal latinoamericana, según el jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, fue el año de 1830. En ese año se promulgó el Código Penal de Bolivia conocido como el Código de Santa Cruz, el Código Penal del Imperio de Brasil, el Código Penal de Nicaragua y, posteriormente, el Código Livingston de Guatemala de 1836. En la Península Ibérica apareció un proyecto de código en 1822 que entraría en vigencia solo hasta 1848; en Portugal, el código penal data de 1852 (Zaffaroni, R & Rivacoba, M, 1980, p. 13 – 43). En este contexto surge el Código Penal Colombiano de 1837.

A mediados del siglo XIX, con la llegada al poder de una nueva generación política, se introdujeron reformas para borrar de un solo tajo las instituciones judiciales heredadas del viejo orden colonial, es así como, se introducen cambios revolucionarios en los procedimientos judiciales y en los dispositivos de castigo bajo el influjo de las corrientes modernizadoras del derecho penal de origen europeo, especialmente francés (Aguilera, P., 2002, p. 2).

En esta perspectiva, se deroga la pena capital, la pena de vergüenza pública y se impone la pena de destierro para delitos políticos en sustitución de las penas de trabajos forzados, presidio, prisión e infamia. La abolición de la pena capital fue la reforma más significativa de esta nueva corriente de renovación del derecho penal, marcando una definitiva ruptura con el derecho penal colonial (Ídem).

Concretamente en materia de justicia penal juvenil, la primera legislación que reguló el tema fue el Código de Santander. En este, los menores de diecisiete años eran considerados inimputables, sin embargo, aquellos entre los diez y los diecisiete podían ser objeto de una medida de aseguramiento. Adicionalmente, sí un niño o niña entre los siete y los diez años infringía la ley penal, su corrección y educación era responsabilidad de sus padres.

El Código Penal de 1858 acogió las posturas del Código de Santander, con la única variación frente a los niños o niñas entre los siete y doce años que infringían la ley penal, quienes eran puestos bajo la custodia de una persona que se responsabilizaba de su educación y cuidado. En este, todo menor de diecisiete continuaba siendo considerado inimputable. Dicha edad de inimputabilidad fue extendida con el código de 1890 hasta los dieciocho años (López. B, Urrea. A, Ramírez. P, 1999, p.15).

En 1920 se crearon los juzgados de menores mediante la Ley 98. Los jueces adscritos a estos juzgados, llamados jueces de menores, tenían competencia omnímoda y debían resolver cada caso con el único fin de proteger al menor, aun sin la existencia de normas legales. En 1922, con la Ley 109, se determinó que todo menor de doce años no era sujeto del derecho penal y en esa medida no se le aplicaba ninguna pena en caso de infracción. Frente a los menores entre doce y catorce años se consideraban dos situaciones: si el menor obraba sin discernimiento su conducta no era punible, pero en caso contrario, sí lo era, y la pena aplicable era la prevista para los adultos pero reducida, sin expresarse en cuánto. La conducta de quien entre catorce y dieciocho años infringiera la ley penal era considerada punible, y la pena era la legal estipulada para adultos pero reducida a la mitad. (López. B, Urrea. A, Ramírez. P, 1999, p. 16).

En el Código de 1936 hubo un retroceso en materia de garantías, los menores de dieciocho años podían ser declarados penalmente responsables y por lo tanto acreedores de sanciones penales. Para efectos de la aplicación de medidas de seguridad, se diferenciaba entre los menores y mayores de catorce años.

Para los primeros establecía las mismas medidas que existían en la reglamentación anterior. Sin embargo, modificó los términos de duración de las medidas, por lo tanto, la de mayor duración se implementaba hasta que el adolescente cumpliera la mayoría de edad. Para los segundos, se previeron medidas privativas y no privativas de la libertad. Las infracciones que no involucraban la reclusión en establecimiento penitenciario implicaban una condena condicional a: i): la libertad vigilada, con una duración mínima de un año y hasta que el inculpado cumpliera los veinticinco años; o, ii). La escuela de trabajo, con una duración mínima de dos años y máxima igual que la anterior.

Aquellas sanciones que privaban de la libertad al adolescente comprendían la reclusión del mismo en centros denominados “reformatorios”, con una duración mínima de tres años y máxima de quince. Si al cumplir los veinticinco años el reo aún no había cumplido su condena y la autoridad consideraba que había logrado reformarse, se le concedía libertad condicional. En caso contrario, se le trasladaba a una penitenciaría para que terminara de cumplirla (López. B, Urrea. A, Ramírez. P, 1999, p. 18).

La Ley 83 de 1946 hizo algunas reformas a la legislación anterior en lo que se refiera al menor infractor. Las transgresiones a la ley penal cometidas por menores de dieciocho años eran de conocimiento del juez de menores en única instancia y las medidas aplicadas eran de asistencia y protección. Dicha ley fue reformada por el Decreto 14 de 1955 y el Decreto 1818 de 1964. Esta normatividad estuvo vigente hasta 1989 cuando fue expedido el Código del Menor mediante el Decreto 2737 (López. B, Urrea. A, Ramírez. P, 1999, p. 20).