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Acceso a la justicia y restablecimiento de los derechos del adulto mayor en situación de desplazamiento

 

CONCLUSIONES

1. La situación en la que se encuentran los adultos mayores en situación de desplazamiento, evidencia un alto grado de discriminación y vulnerabilidad que agrava sus condiciones de existencia. Lo anterior, se constata en el trabajo de campo realizado en esta investigación.

2. El Estado no ha otorgado los instrumentos necesarios para el tratamiento del acceso a la justicia en el ámbito administrativo, ni para el restablecimiento de los derechos de las personas de la tercera edad en situación de desplazamiento.

3. Las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los adultos mayores en situación de desplazamiento demuestran el incumplimiento por parte del Estado del otorgamiento de las garantías necesarias para el restablecimiento de sus derechos a la vida, a la dignidad y a la igualdad.

4. De acuerdo con la investigación realizada, se puede concluir que los principales factores que hacen ineficaz el derecho al acceso a la justicia, son la falta de efectividad en la aplicación de mecanismos administrativos que faciliten la posibilidad de obtener el apoyo por parte del Estado, a través del otorgamiento de una debida información y de medidas de acción que tengan como objetivo principal mejorar las condiciones del adulto mayor, mediante la creación de políticas públicas dirigidas específicamente a las personas mayores en situación de desplazamiento.

5. En Colombia, los pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de desplazamiento no han tenido la debida aplicación por parte de las Entidades Gubernamentales. Tanto así, que si bien dentro de los mismos se estableció la necesidad de crear enfoques diferenciales para los sujetos de especial protección, los adultos mayores que hacen parte de este grupo no han recibido los tratamientos adecuados y necesarios para el otorgamiento de soluciones a su condición particular.

RECOMENDACIONES

1. Se hace necesario la creación de planes y programas administrativos, que tengan como finalidad la implementación de políticas públicas acordes con las situaciones particulares de las personas de la tercera edad. Es por esto que, es deber del Estado reforzar las garantías que tengan como finalidad el otorgamiento de manera efectiva del derecho a la salud y a la igualdad en sentido material de este grupo de personas.

2. Se deben adoptar medidas efectivas, oportunas y de fácil acceso para que este grupo de personas pueda hacer uso de su derecho al acceso a la justicia y obtener el restablecimiento de sus derechos fundamentales, como el de la vida digna, la salud y la igualdad.

3. Es necesario la superación de los riesgos y vacíos de protección que ha venido observando la Corte Constitucional mediante la inclusión de herramientas de información, cobertura, disponibilidad y acompañamiento, cuyo principal objetivo sea satisfacer las necesidades básicas de este grupo de personas.

4. Para el desarrollo de una política pública eficaz, en materia de restablecimiento de derechos para los adultos mayores en situación de desplazamiento, es indispensable la implementación de mecanismos administrativos que den solución a los principales problemas a los que se enfrentan este grupo de personas, es decir la dificultad para la suscripción en el RUPD, la falta de información y la inaplicabilidad de un enfoque diferencial acorde con las condiciones particulares de este grupo de la población.