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Acceso a la justicia y restablecimiento de los derechos del adulto mayor en situación de desplazamiento

 

No obstante de ello, (Gómez & Duque, 2009 p. 187) frente a estos grupos de la población especialmente vulnerables por sus condiciones especiales de indefensión, la Corte Constitucional ha enfatizado en la ausencia de un enfoque especifico o diferencial en el diseño y atención en la política pública para la atención integral de estos grupos de la población social, que permitan identificar y proveer a sus necesidades especificas. Evidenciándose con lo anterior, como una de las principales dificultades que tienen las personas de la tercera edad, es la falta de aplicación de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y la Directriz de Enfoque Diferencial para el Adulto Mayor en el establecimiento de mecanismos y programas para el restablecimiento de sus derechos, Así como la falta de interés por parte del Estado sobre las implicaciones del envejecimiento y los efectos del desplazamiento en los hombres y mujeres mayores, agravando con ello su condición de extrema vulnerabilidad.

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA INVESTIGACIÓN

Como se expreso en un principio, al hablarse sobre la metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación, una de las principales herramientas utilizadas, para la búsqueda de respuestas y obtener un mayor acercamiento a este grupo de personas, fue la entrevista.

Las entrevistas tuvieron como principal objetivo, identificar a este grupo de personas mediante la determinación de sus condiciones particulares, así como el establecimiento de los principales problemas a los que se enfrenta al ser víctimas de desplazamiento. Para ello, a cada uno de las personas se les hicieron 20 preguntas, dentro de las cuales se encontraban: edad, lugar de desplazamiento, nivel escolar, a que se dedicaban antes del desplazamiento y ahora, consecuencias del desplazamiento, entre otras.

De esta manera, el trabajo de campo realizado para el desarrollo de esta investigación, logro obtener y evidenciar los principales problemas a los que se enfrentan los adultos mayores: (i) las dificultades para lograr inscribirse en el Registro Único de Población Desplazada; (ii) la falta de mecanismos y actividades de información sobre los procedimientos necesarios para obtener ayuda por parte del Estado y; (iii) el incumplimiento por del Estado para la garantía y protección de los derechos de las personas mayores.

1. Las barreras impuestas por las autoridades del Estado para realizar la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD)

Uno de los requisitos más importantes creados por la Ley, es la inscripción de este grupo de personas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD). Lo anterior, con base en el Decreto 2569 de 2000, el cual establece la necesidad de inscribirse dentro del mismo para lograr acceder a las políticas públicas dadas por el Gobierno a las personas víctimas de desplazamiento.

De esta manera, si una persona se halla en circunstancias de hecho que dan lugar a la situación de desplazamiento, según la Corte Constitucional, tiene derecho a ser inscrita en el Registro Único de Población Desplazada -RUPD-, en la medida en que dicha inscripción es un requisito para acceder a los beneficios que la Constitución y la Ley reconocen a quien está en tal circunstancia, pero no para demostrar la condición de desplazado. Convirtiéndose de esta manera el RUPD en un mecanismo adecuado para la canalización de la ayuda humanitaria de emergencia y para el diseño y ejecución ordenada de políticas públicas en la materia (Corte Constitucional. Sentencia T-328 del 04 de mayo de 2007. MP. Jaime Córdoba Triviño).
Sin embargo, a pesar del derecho que tienen las personas en situación de desplazamiento a estar inscritas en el RUPD, encontramos en varias de las jurisprudencia de la Corte, la vulneración de este derecho así como la imposibilidad de las personas desplazadas de poderse registrar, debido a las barreras impuestas por las autoridades que tienen la inscripción a su cargo.

Este hecho se vuelve más común en las personas de la tercera edad, las cuales en su mayoría no se encuentran registrados, precisamente por las dificultades que los mismos tienen para hacer todo el procedimiento dispendioso que se debe realizar para obtener su inscripción.

2. La falta de conocimiento y la ausencia de programas de información

En principio, debemos recordar que las personas que son víctimas del desplazamiento, tienen el derecho de obtener toda la información que sea necesario para poder de esta manera acceder a la justicia y restablecer los derechos que le fueron vulnerados como consecuencia de esa situación. Y así lo señala la Corte Constitucional, en la Sentencia T-159 de 2011:

Una de las obligaciones que se ha establecido para los organismos estatales encargados de velar por la protección de los derechos de los desplazados por la violencia hace referencia al deber de suministrar información pertinente, eficaz y oportuna a estos grupos de especial protección. Este deber mínimo de información del Estado, es necesario para identificar cuáles son las circunstancias específicas de su situación individual y/o familiar, sus necesidades particulares, destrezas y conocimientos, con el fin de poder brindarle una alternativa de subsistencia digna y autónoma que le permita iniciar o continuar con un proyecto de vida sostenible. Lo anterior necesariamente implica un compromiso perentorio para las autoridades competentes atender sus necesidades con un grado particular de diligencia y celeridad. El Estado debe asegurarse de brindar las garantías oportunas para que los desplazados cuenten con la información necesaria para hacer valer sus derechos” (Corte Constitucional, Sala Octava de revisión, Sentencia T-159 del 10 de marzo de 2011. M.P: Humberto Antonio Sierra Porto, p. 27).

De esta manera, podemos afirmar que el Estado, tiene la obligación de brindar información precisa y con participación del interesado sobre las alternativas de subsistencia digna a las que puede acceder, con el fin de definir sus posibilidades concretas para emprender un proyecto de estabilización económica individual o colectivo, con miras a generar ingresos que les permitan subsistir autónomamente al núcleo familiar.

No obstante de ello, por las condiciones de las personas en situación de desplazamiento, así como en muchos casos su bajo nivel de escolaridad, el acceso a cualquier tipo información sobre su condición y situación se vuelve una tarea difícil, haciendo que el desplazado tenga menos posibilidades de adquirir la información necesaria para hacer valer sus derechos ante la justicia, y mucho más en aquellos que se encuentran en mayor situación de debilidades manifiesta.

3. El incumplimiento del Estado en la protección y garantía de los derechos

Un tema que es necesario abarcar dentro del desarrollo de esta investigación, hace referencia a la inoperancia de las políticas públicas desarrolladas por el Estado para el otorgamiento de soluciones a la situación de desplazamiento de las personas de la tercera edad y la garantía de los derechos a la vida digna, la igualdad y la salud.